Unas 16 personas quedaron a las órdenes de las autoridades panameñas por supuestamente formar parte de una banda de cuatreros que azotaba la zona ganadera de la península de Azuero.
Con la captura de estas personas se pone en evidencia que lejanos quedaron los tiempos en que los grupos de cuatreros, integrados en su mayoría por dos o cuatro personas, ingresaban a los potreros amparados en la oscuridad de la noche para descuartizar las reses en el lugar y llevarse la carne.
Ahora, los delincuentes llegan a los potreros en camiones para cargar la mayor cantidad posible de animales, trasladarlos a otras regiones e incluso se han dados casos en que han vendido los semovientes en las subastas ganaderas.
El abigeato le causa a los ganaderos pérdidas anuales estimadas en $1 millón, anota la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), cuyos directivos no estuvieron disponibles para conocer más de la afectación.
Cifras del Instituto de Estadística y Censo registran en el país un hato ganadero de 1.5 millones de cabezas.
Para tratar de hacerle frente a este delito durante años los productores han implementado programas como “ganaderos vigilantes”, esfuerzos que hasta el momento han resultado insuficientes.
La legislación penal condena con prisión de 6 a 8 años a quienes cometan este delito, penas que en su momento encontraron oposición en la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que argumentaba que robarse una vaca era más grave que los casos de violencia doméstica, peculado y de corrupción.
A la banda captura mediante la Operación Vaquero, donde aparecen involucrados dos funcionarios públicos en calidad de autores y partícipes, el Ministerio Público le venía dando seguimiento desde el 2024.
A los 16 aprehendidos se le suman cuatro ya detenidos previamente por causas relacionadas con la investigación, dando un total de 20 personas.
Los individuos investigados están presuntamente vinculados con los delitos de hurto pecuario, asociación ilícita para delinquir, delitos contra la fe pública y corrupción de funcionarios.
El operativo judicial se desarrolló en las áreas de Peña Blanca, El Carate, Las Tablas, en la provincia de Los Santos, así como en el municipio de Pesé y Las Tablas, donde se realizaron allanamientos, incluyendo intervenciones en instalaciones del estatal Instituto de Seguro Agropecuario para la búsqueda de documentación relacionada con los hechos investigados.
El Ministerio Público manifestó que se han identificado al menos siete eventos delictivos conectados con el hurto pecuario y con actividades vinculadas al sector agrícola, un delito que ha venido afectando de manera recurrente a productores de la región de Azuero y de otras zonas del interior del país.
En medio de la afectación que desde hace años le causan los cuatreros, los ganaderos panameños insisten en aspiran a exportar carne a Estados Unidos, amparados bajo el Tratado de Promoción Comercial firmado por ambos países en 2007, meta que hasta el momento no ha sido posible alcanzar.
No obstante, reportes de prensa indican que el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, coincidieron en manifestar que actualmente se mantienen conversaciones y esfuerzos conjuntos para avanzar hacia este objetivo.
Cabrera aclaró que aún falta cumplir con una serie de requisitos sanitarios y regulatorios, aunque aseguró que ambas naciones trabajan para lograr avances en el corto plazo.
Una fuente ganadera confirmó que para lograr la exportación de la carne panameña al mercado estadounidense faltan varios pasos, entre ellos que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) valide las pruebas que en Panamá se recogieron durante un año.
Después de que este paso se apruebe, agregó el informante, la propuesta de exportación debe ir a una consulta pública en Estados Unidos, para ser aprobada o no por el consumidor estadounidense, aunque cumpla con los estándares que exige el USDA.
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