La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó la ratificación de Lilibeth Cárdenas Chanis como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), luego de su designación por parte del presidente José Raúl Mulino tras la salida de la anterior titular de la entidad.
La decisión deberá ahora ser sometida a votación del pleno legislativo, que tendrá la última palabra sobre la confirmación de la funcionaria en el cargo.
La designación se produce después de la renuncia de Ana Fábrega, quien dejó la institución en medio de denuncias sobre presuntos maltratos e irregularidades en albergues bajo responsabilidad del Estado.
Las acusaciones se concentraron especialmente en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde surgieron señalamientos que motivaron investigaciones por parte del Ministerio Público y revisiones institucionales sobre el funcionamiento del sistema de protección de menores.
Antes de la designación de Cárdenas Chanis, el Ejecutivo intentó nombrar a otras dos personas para dirigir la Senniaf, pero ambos nombramientos se cayeron en menos de 24 horas tras recibir cuestionamientos públicos y falta de respaldo político.
La situación prolongó el proceso de selección hasta que el Gobierno formalizó la postulación final de Cárdenas Chanis, cuyo nombramiento ahora depende de la ratificación legislativa.
El caso de las supuestas irregularidades en los albergues tomó relevancia después de que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Alexandra Brenes, realizara una visita de fiscalización al albergue de Tocumen.
Tras esa inspección, Brenes presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes, señalando que los hallazgos detectados durante el recorrido ameritaban una investigación y respuestas institucionales.
En paralelo a este proceso, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, deberá comparecer el 1 de abril ante la Asamblea Nacional para responder un cuestionario de 42 preguntas elaborado por los diputados sobre la gestión del sistema de albergues y la supervisión del Senniaf.
La institución forma parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), encargado de coordinar las políticas públicas relacionadas con la protección de menores en situación de vulnerabilidad.
Entre los temas que deberá abordar la ministra figuran los mecanismos de fiscalización sobre los centros de protección, la coordinación entre el Mides y la Senniaf, la actuación institucional ante alertas tempranas y las acciones implementadas para garantizar los derechos de los menores y jóvenes bajo custodia del Estado.
Los diputados también solicitarán detalles sobre la forma en que se supervisa el funcionamiento de los albergues y el cumplimiento de la normativa vigente.
El cuestionario aprobado por la Asamblea también exige información sobre las acciones correctivas implementadas tras la inspección legislativa y la intervención del Ministerio Público.
Los diputados pidieron explicar cuáles son los protocolos institucionales para prohibir castigos físicos, psicológicos u otras prácticas contrarias al interés superior del niño, así como las condiciones físicas, estructurales y técnicas que deben cumplir los centros de atención y cuántos de ellos presentan incumplimientos.
Asimismo, la ministra deberá detallar cuántos funcionarios han sido evaluados, sancionados o separados del cargo por presuntas irregularidades en la atención de menores, además de explicar qué medidas se han adoptado para prevenir nuevos casos.
Entre las acciones que deberán ser explicadas se encuentran auditorías internas, mecanismos de vigilancia y el seguimiento institucional a las denuncias presentadas en relación con el funcionamiento de los albergues.
Mientras se desarrolla este proceso legislativo, diputados de distintas bancadas han continuado con recorridos de inspección en albergues del país como parte de las acciones de fiscalización. Estas visitas forman parte de las revisiones impulsadas por la Asamblea Nacional para verificar las condiciones en que operan los centros de protección y el manejo institucional del sistema de atención a menores bajo tutela del Estado.
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