El Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova Herrera, inspeccionó recientemente dos instalaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) en Ciudad de Guatemala, con el fin de verificar el estado de las condiciones laborales y asegurar que el Estado ofrezca entornos dignos a los agentes que desempeñan tareas de seguridad ciudadana. Esta revisión coincidió con la continuación de las recomendaciones que la institución del PDH realizó al Ministerio de Gobernación, subrayando la necesidad de que los policías cuenten no solo con una relación positiva con la población, sino también con recursos y equipo suficiente para enfrentar cualquier situación en la vía pública, según informó el PDH.
Durante la inspección en la Subestación 14-1-2 en La Bethania (zona 7) y en la Comisaría 11 (zona 1), Córdova Herrera estuvo acompañado por la procuradora adjunta II, Ana Gabriela Cruz Leal, y el defensor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Fernando Trabanino. En el recorrido, los funcionarios detectaron situaciones que comprometen la dignidad y seguridad de los agentes: colchonetas inservibles, casilleros deteriorados, presencia de hacinamiento, humedad excesiva tanto en paredes como en techos y deficiencias en el sistema eléctrico de las instalaciones, según recogió el PDH. Además, constataron la existencia de unidades policiales en estado de abandono y observaron que los agentes carecen del equipo de protección necesario para el ejercicio de sus labores.
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La Defensoría del PDH ya había remitido recomendaciones a Gobernación
El pasado 29 de noviembre de 2024, la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas remitió al Ministerio de Gobernación un conjunto de recomendaciones tras una revisión en sedes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, según informó la institución del PDH. Entre las sugerencias que se trasladaron entonces, destacan el fortalecimiento de la capacitación de personal policial en materia de derechos humanos, y la mejora en infraestructuras y equipamiento de las sedes.
Se sugirió colaborar en la evaluación de medidas administrativas orientadas a optimizar el desempeño del personal operativo. En palabras del procurador Córdova Herrera: “Es necesario que los agentes de la PNC tengan una buena relación con la población; el trabajo que realizan es reconocible, pero también necesitan contar con el equipo adecuado para responder a cualquier situación que se les presente.”
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Relevancia nacional de las inspecciones y seguimiento en varios departamentos
Las acciones de supervisión y verificación de condiciones laborales para el personal de la PNC no se limitan a la ciudad capital. Según datos del propio PDH, estos procesos de inspección también se realizan en los departamentos de Izabal, El Progreso, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, siempre de la mano de la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De esta manera, la institución del Procurador de los Derechos Humanos sostiene su llamado a que el Estado garantice, en todo el país, entornos dignos, equipamiento adecuado y respeto a los derechos humanos de los agentes que conforman la Policía Nacional Civil.
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<b>Verificación de la Procuraduría en 2024</b>
La Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la PDH identificó que las acciones estatales deben alinearse con estándares internacionales para ofrecer condiciones seguras a quienes defienden los derechos humanos y ejercen el periodismo, según publicó Prensa Comunitaria.
Enagosto de 2024, el Ministeriode Gobernación (Mingob) creó la Instanciade Análisis de Ataques contra el Derecho de Personas, Organizaciones,Comunidades y Autoridades de los Pueblos Originarios, unnuevo mecanismo dedicado al seguimiento de las recomendaciones de la PDH y queintegra la colaboración de la DivisiónEspecializada en Investigación Criminal (DEIC), deacuerdo con información de PrensaLibre.
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Durantenoviembre de 2024, la Defensoría mantuvola verificación de las sedes de la DEIC endistintas regiones, incluida Petén, paraevaluar la protección y funcionamiento de los protocolos orientados a lainvestigación de delitos contra defensores y periodistas.
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