Ana Melinda Fábrega Guardia presentó su renuncia irrevocable como directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) de Panamá este martes. La decisión fue expuesta al presidente panameño, José Raúl Mulino.
Según confirmaron fuentes oficiales al medio TVN Noticias, la funcionaria abandonó el cargo en medio de un grave escándalo originado por denuncias de irregularidades en los albergues bajo tutela estatal, específicamente en el Centro de Atención Integral de Tocumen.
La salida de Fábrega se produjo mientras se encontraba citada a comparecer ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud de la Asamblea Nacional. No asistió a la sesión parlamentaria convocada para sustentar la memoria institucional, aumentando el clima de desconfianza y presión política. Su ausencia fue justificada mediante una nota, en la que se refirió a una “situaciones de salud” como impedimento para cumplir con la agenda de fiscalización.
El origen inmediato de la crisis remite al reciente escándalo en el albergue perteneciente al distrito de Tocumen, que reveló condiciones de abandono e incumplimiento de los protocolos internacionales para la protección de la infancia.
La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud, fue quien llevó el caso ante las autoridades judiciales. Según las denuncias presentadas por la legisladora, en dicho centro se habrían vulnerado los derechos más fundamentales de los menores, detectándose no solo el abandono físico de las instalaciones, sino un patrón de abusos que ahora están bajo la lupa de la fiscalía.
Las investigaciones del Ministerio Público buscan determinar la responsabilidad de los funcionarios encargados de la custodia de estos menores, ante escenarios de convivencia inadecuada donde, según los reportes, niños y adolescentes compartían espacios con adultos, incrementando exponencialmente los riesgos de agresión.
Se viralizaron imágenes de infraestructura deteriorada, áreas verdes descuidadas y cercas oxidadas. Las denuncias incluyeron hacinamiento grave y la convivencia de menores con adultos, transgrediendo estándares de derechos humanos y comprometiendo la seguridad infantil.
El caso provocó un extenso debate en todo el país, ya que surgieron numerosos cuestionamientos acerca de la infraestructura en las instituciones involucradas. Además, se difundieron reportes sobre posibles situaciones de abuso que habrían afectado tanto a menores de edad como a personas adultas que se encontraban bajo la protección del Estado.
Ante la gravedad de los hechos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) rompió el silencio expresando su “profunda preocupación” por las denuncias que empañan al sistema de protección panameño. El organismo internacional fue enfático al advertir que los albergues no son entornos idóneos para el desarrollo integral de niños y adolescentes.
Sectores de la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos de la niñez señalaron que la renuncia representa apenas un primer paso, en tanto persisten deficiencias estructurales en los mecanismos de auditoría y supervisión de Senniaf.
El impacto de las denuncias periodísticas aceleró la presión pública sobre la directiva de la Senniaf en una coyuntura marcada por movilización social y reclamos por la integridad de los menores.
La legisladora Brenes, presidenta de la Comisión legislativa, informó que la comparecencia se reprogramaría para el 10 de marzo, pero la confirmación de la renuncia cambió el escenario político y administrativo del organismo.
Gobierno panameño aún no define a la nueva autoridad de Senniaf
El Ejecutivo panameño no ha designado aún a la persona que asumirá la conducción de Senniaf. La interinidad abre un periodo de incertidumbre administrativa, en el que los sectores críticos insisten en la urgencia de una reforma estructural y en la necesidad de profundizar las investigaciones sobre negligencia y maltrato en los centros bajo control estatal o tercerizado.
La memoria institucional que Fábrega debía sustentar tenía como tema central el manejo de recursos y la situación legal de los menores albergados. Así como el análisis detallado de la situación legal de los menores que permanecían albergados bajo su protección.
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