El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó el 25 de febrero de 2026 la Ley 509, que modifica la legislación relacionada con el Instituto Nacional de Deportes (Pandeportes) en Panamá, tras la decisión de la Asamblea Nacional de incorporar y ajustar las objeciones acerca de la constitucionalidad y viabilidad financiera de puntos clave del proyecto original. La norma busca impedir compromisos de gasto público sin una fuente clara de financiamiento y elimina disposiciones que duplicaban funciones previamente asignadas por ley a otras entidades estatales relacionadas con el deporte.
El anuncio lo emitió el portal oficial de la Presidencia de la República, aunque Mulino no se había pronunciado en sus redes sociales sobre la sanción, hasta el cierre de esta nota.
Objeciones presidenciales frenaron artículos por duplicidad y falta de respaldo presupuestario
Las objeciones del Ejecutivo surgieron después de que el órgano Legislativo aprobara el Proyecto de Ley 100 de 2024 en septiembre de 2025. Un informe enviado por el Ministerio de la Presidencia a la Asamblea en octubre de 2025 advirtió que los artículos 31-M y el numeral 5 del 31-N comprometían recursos públicos “sin identificar la fuente de financiamiento ni acreditar disponibilidad presupuestaria”, lo cual contradecía los artículos 276, 277 y 278 de la Constitución Política de Panamá.
A la vez, los artículos 31-B y 31-F presentaban “una duplicidad funcional y programática”, al coincidir con lo dispuesto en la Ley 16 de 1995 —reguladora de Pandeportes— y la Ley 50 de 2007, modificada por la Ley 9 de 2011. Desde la óptica del Ejecutivo, la creación de un nuevo Programa para el Fomento y Desarrollo de Estudiantes Atletas reproducía funciones ya establecidas, como el otorgamiento de becas deportivas para estudios superiores en el extranjero, que actualmente gestiona Pandeportes junto con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).
Después de recibir las observaciones del presidente Mulino, la Asamblea Nacional debatió y modificó los cuatro artículos señalados por problemas de inexequibilidad e inconveniencia. Estas enmiendas se aprobaron en tercer debate el 6 de enero de 2026, lo que habilitó la sanción presidencial.
Con la entrada en vigencia de la Ley 509, Pandeportes mantiene sus competencias legales sobre la entrega de becas deportivas, premios y condecoraciones al mérito deportivo, en coordinación con el Ifarhu. La nueva ley excluye la ejecución de programas repetidos que hubieran generado compromisos económicos sin respaldo presupuestario.
La aprobación y sanción de la Ley 509 formalizan el mandato constitucional que establece: “toda disposición que comprometa gasto público debe identificar clara fuente de financiamiento”, y consolidan la estructura programática actual del deporte en Panamá, según la normativa vigente desde 1995.
Sobre Panadeportes
Al asumir la dirección de Pandeportes, Miguel Ordóñez identificó 36 proyectos abandonados, algunos de ellos desde el gobierno de Juan Carlos Varela. El saldo financiero de estos retrasos es de USD 280 millones, lo que refleja el impacto profundo de la inacción estatal. Explicó que, hasta la fecha, 24 de esos proyectos han sido recuperados, enfocados o encaminados, representando un avance sustantivo con una inversión movilizada de USD 187 millones, según TVN Noticias.
Como parte de esta estrategia, Ordóñez destacó la importancia de separar la política de la administración deportiva con el fin de asegurar la continuidad y finalización de las obras. Señaló que la infraestructura concentra el 75% del presupuesto de Pandeportes, y atribuyó el deterioro y paralización de múltiples iniciativas a la falta de “interés, de voluntad y de competencia” en gestiones pasadas.
El caso más paradigmático, según lo revelado por Ordóñez a TVN Noticias, es el del estadio Roberto Mariano Bula de Colón. Este estadio fue calificado como la “historia fea” de los proyectos inconclusos: fue licitado originalmente por USD 15,9 millones, y tras años de abandono y conflictos contractuales, su costo para el Estado ascendió a USD 34 millones.
Precisó que la administración anterior intentó una solución administrativa para romper el contrato, pero perdió en los tribunales y el fallo judicial obligó a pagar al contratista el mayor “equilibrio contractual” en la historia de Pandeportes, de USD 7,4 millones. Como resultado, el Estado fue declarado responsable del retraso y se acordó una liquidación por mutuo acuerdo.
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