Más de 13,000 costarricenses fueron víctimas de estafas en el 2025: proyecto de ley obligaría a bancos a devolver el dinero robado

Más de trece mil personas fueron víctimas de estafas en 2025, según información suministrada por la Asamblea Legislativa. La cifra equivale a un promedio de 38 casos diarios, detectados en su mayoría cuando los afectados revisaron sus cuentas bancarias y encontraron transacciones que nunca autorizaron.

El aumento sostenido de los fraudes digitales encendió las alarmas en el ámbito político y financiero. Como respuesta, la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente 23.908, una iniciativa que plantea un cambio profundo en la relación entre bancos y usuarios frente a este tipo de delitos.

La propuesta introduce una modificación clave: las entidades bancarias estarían obligadas a devolver el dinero sustraído ilícitamente a sus clientes, salvo que demuestren que actuaron con la debida diligencia en la custodia de los fondos. En otras palabras, la reforma invierte la carga de la prueba, un elemento determinante en los procesos por fraude electrónico.

Actualmente, en muchos casos son los propios usuarios quienes deben demostrar que no autorizaron las transacciones o que fueron víctimas de engaños como phishing, suplantación de identidad o manipulación mediante ingeniería social. Con la reforma, la responsabilidad inicial recaería en los bancos, que tendrían que acreditar que sus sistemas de seguridad funcionaron adecuadamente y que no hubo fallas en sus protocolos.

El objetivo, según los impulsores del proyecto, es brindar mayor protección a las víctimas y reforzar el deber de respuesta de las entidades financieras ante el creciente fenómeno del fraude digital. Las estafas informáticas han evolucionado en sofisticación, utilizando llamadas falsas, mensajes de texto con enlaces fraudulentos y sitios web clonados que imitan a la perfección plataformas bancarias oficiales.

Tras la votación en primer debate, el diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional, defendió la iniciativa como una medida urgente y necesaria. “Blindar a todas las personas y al sistema financiero de la República es una prioridad, pero esencialmente se trata de hacer justicia a quienes han sido estafados y de evitar que estas situaciones se repitan en el país”, afirmó.

El legislador también destacó el papel de las personas afectadas que impulsaron la discusión pública sobre el tema y acompañaron el proceso legislativo. “Estoy seguro que en los próximos días le daremos segundo debate y será ley de la República. Hacer justicia, que no se estafe a la gente, eso es vital”, añadió.

El proyecto ahora deberá superar el segundo debate legislativo para convertirse formalmente en ley. De aprobarse definitivamente, implicaría ajustes importantes en los protocolos internos de las entidades financieras, que tendrían que reforzar sus mecanismos de autenticación, monitoreo de transacciones y respuesta inmediata ante denuncias de fraude.

Expertos en derecho financiero señalan que la reforma podría generar un efecto doble: por un lado, brindar mayor tranquilidad a los usuarios del sistema bancario; por otro, incentivar a las entidades a invertir en tecnologías más robustas de ciberseguridad. La responsabilidad económica directa ante eventuales devoluciones actuaría como un estímulo para fortalecer los controles.

Sin embargo, también se anticipa un debate sobre los alcances de la diligencia debida y los criterios técnicos que deberán considerarse para determinar si un banco cumplió o no con sus obligaciones de custodia. La redacción final de la ley y su reglamentación serán claves para evitar vacíos legales o interpretaciones contradictorias.

Mientras tanto, las cifras de 2025 reflejan una realidad contundente: miles de personas continúan expuestas a delitos digitales que afectan directamente su patrimonio. El avance del expediente 23.908 marca un intento del Poder Legislativo por adaptar el marco normativo a un entorno financiero cada vez más digitalizado, donde la seguridad informática ya no es un complemento, sino un elemento central de confianza en el sistema.

La decisión final quedará en manos del plenario legislativo, que en los próximos días deberá definir si convierte la iniciativa en ley y establece un nuevo estándar de protección para los usuarios bancarios frente al fraude digital.