Menos de 24 horas después de que el Consejo de Gabinete autorizara la contratación transitoria para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, la Contraloría General de la República refrendó los contratos, dando paso a la continuidad operativa del sistema portuario vinculado al Canal de Panamá y marcando un nuevo capítulo en la disputa jurídica y política sobre estas terminales estratégicas.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido el 24 de febrero de 2026, el contralor general Anel Flores firmó el refrendo del Contrato No. A-2002-26, suscrito entre la Autoridad Marítima de Panamá y APMT Panamá, S.A., para la operación, mantenimiento y administración del Puerto de Balboa.
Paralelamente, también se refrendó el Contrato de Concesión No. A-2003-26 con TIL Panamá, S.A., destinado a la continuidad operativa del Puerto de Cristóbal, considerado infraestructura clave para el comercio marítimo y la conectividad logística del país.
La decisión gubernamental se concretó con la aprobación de contratos transitorios por un total de $41,900,000.00, destinados a garantizar la continuidad operativa de las terminales mientras se define el modelo definitivo de concesión.
El acuerdo establece que APMT Panamá S.A. operará el puerto de Balboa durante 18 meses por $26,100,000.00, mientras que TIL Panamá S.A. asumirá la administración del puerto de Cristóbal por $15,800,000.00 en el mismo periodo, en un esquema temporal orientado a evitar interrupciones en el sistema logístico del país y preservar la confianza de navieras y operadores internacionales.
El documento subraya que el refrendo forma parte del control previo constitucional y legal que ejerce la Contraloría sobre los actos administrativos que comprometen recursos públicos, con el objetivo de garantizar que estos se ajusten al marco jurídico vigente y salvaguarden el interés nacional.
Asimismo, la entidad destacó que ambos contratos se sustentan en lo dispuesto en el artículo 79 del Texto Único de la Ley 22 de contratación pública, normativa que regula las concesiones administrativas y los contratos asociados a la explotación de servicios públicos.
La decisión del ente fiscalizador se produjo luego de que el Consejo de Gabinete aprobara la contratación transitoria de APM Terminals y TIL Panamá, en una medida orientada a asegurar la operación de los puertos tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que invalidó el contrato de concesión previo.
El Ejecutivo argumentó que la contratación temporal responde a la necesidad de evitar interrupciones en la cadena logística y garantizar la continuidad del comercio internacional que atraviesa el Canal de Panamá.
En paralelo, la Autoridad del Canal de Panamá emitió un comunicado en el que aseguró que las operaciones marítimas continúan normales y seguras, pese al cambio administrativo en las terminales.
La entidad destacó que la estabilidad del sistema portuario es fundamental para el funcionamiento de la vía interoceánica y reiteró que la coordinación entre las instituciones del Estado permite mantener la fluidez del tránsito marítimo y la competitividad del hub logístico panameño.
El proceso también generó reacciones en el ámbito diplomático, donde el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, expresó respaldo a la decisión adoptada por el Gobierno panameño tras el fallo judicial sobre la concesión portuaria.
El diplomático destacó que la medida representa un paso relevante para fortalecer la transparencia y la gobernanza en infraestructuras estratégicas, subrayando la importancia de que la transición operativa se realice con estabilidad para el comercio marítimo internacional y la cadena logística regional.
Sin embargo, la medida también provocó una respuesta adversa de la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison, que calificó la decisión como ilegal y advirtió sobre posibles acciones legales.
La compañía sostuvo que la toma de control de los puertos vulnera derechos contractuales y genera incertidumbre para la inversión extranjera, argumento que abre la puerta a un eventual escenario de arbitraje internacional.
El presidente José Raúl Mulino, por su parte, descartó que la decisión implique una expropiación de activos portuarios, afirmando que el proceso responde a la ejecución de un fallo judicial y a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público.
El mandatario insistió en que la contratación transitoria es una medida administrativa destinada a preservar la operatividad de infraestructuras estratégicas mientras se define el futuro del modelo concesionario.
Desde el punto de vista económico, el Gobierno ha subrayado que la continuidad operativa de Balboa y Cristóbal es fundamental para la competitividad logística del país, la generación de empleo y el mantenimiento del flujo comercial vinculado al Canal. Las autoridades también destacaron que la medida evita impactos en la cadena de suministro regional y protege la reputación de Panamá como centro marítimo y portuario.
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