Panamá obtuvo 33 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 (IPC 2025) elaborado por Transparency International, un resultado que refleja que el país sigue siendo percibido como vulnerable a prácticas irregulares en el sector público.
Ese puntaje lo mantiene por debajo del promedio de las Américas (42 puntos) y dentro del grupo de naciones con desempeño bajo en integridad y transparencia.
El índice mide la corrupción percibida por expertos y empresarios en una escala de 0 a 100, donde 0 equivale a mayor corrupción y 100 a mayor transparencia.
En el caso panameño, la permanencia en 33 puntos confirma un patrón de estancamiento, con avances insuficientes para modificar la percepción sobre el manejo de recursos públicos y la capacidad de control institucional.
A nivel global, el informe advierte que el promedio mundial se sitúa en 42 puntos, con señales de deterioro asociadas a la fragilidad de los controles, la presión sobre la independencia judicial y la baja efectividad para sancionar redes de corrupción.
Panamá no solo se ubica por debajo de esa media, sino que además no muestra una mejora sostenida que permita cambiar la narrativa de debilidad institucional.
El estancamiento del país en el IPC tiene implicaciones directas: un entorno percibido como más corrupto reduce la confianza de inversionistas, eleva el riesgo reputacional y dificulta la competitividad frente a plazas que muestran mayor claridad en reglas, supervisión y sanción.
En términos prácticos, la corrupción percibida actúa como un “impuesto invisible” que encarece proyectos, distorsiona decisiones y deteriora la calidad del gasto.
Una de las críticas recurrentes dentro del debate nacional gira alrededor de la impunidad y la lentitud de procesos judiciales en casos de alto impacto.
El país arrastra expedientes complejos donde la percepción pública se ve afectada por demoras, incidentes procesales y un bajo nivel de condenas firmes, alimentando la idea de que la justicia no siempre llega con la misma fuerza para todos.
En ese contexto, el caso Odebrecht en Panamá sigue siendo una referencia inevitable en la conversación pública: por años ha simbolizado el alcance de los sobornos, la debilidad de los controles en la contratación y el daño reputacional que generan los escándalos de corrupción transnacional.
La sensación de retrasos prolongados y de resultados limitados en procesos de alto perfil refuerza la lectura de que el sistema todavía no logra dar una respuesta plenamente disuasiva.
A esa percepción se suma un factor que, en términos de clima institucional, pesa mucho: el debate sobre el garantismo y las medidas cautelares.
El presidente José Raúl Mulino ha cuestionado públicamente la “flexibilidad” del sistema cuando imputados por delitos graves terminan con medidas distintas a la detención provisional, argumentando que decisiones de ese tipo terminan debilitando el mensaje de castigo efectivo y afectando la confianza ciudadana en la justicia.
Mulino ha ido más allá al advertir que la liberación de procesados o la sustitución de medidas severas por otras más benignas se interpreta en la calle como una señal de puertas giratorias, donde la captura y el proceso no necesariamente se traducen en consecuencias.
En su lectura, ese patrón no solo golpea la seguridad, sino que también alimenta el terreno fértil para la corrupción, porque reduce el costo percibido de delinquir, especialmente cuando hay recursos, contactos o poder.
El informe de Transparency International plantea que los países con peores puntajes suelen exhibir fallas estructurales: debilitamiento del Estado de derecho, baja independencia de instituciones de justicia, y escasa efectividad en mecanismos de rendición de cuentas.
Aunque el índice no mide casos individuales, sí refleja la percepción de que el sistema no logra prevenir ni sancionar con consistencia el uso indebido de fondos, el tráfico de influencias o los sobornos.
En la región, el panorama tampoco es alentador. La evaluación muestra que en América Latina predominan puntajes bajos y que son pocos los países que logran superar con holgura el umbral de 50 puntos, lo que evidencia fragilidad general en controles, compras públicas y persecución penal.
Panamá aparece rezagado frente a los referentes regionales que, con mejores resultados, sostienen una imagen de instituciones más robustas y mayor previsibilidad para ciudadanos y empresas.
Dentro de Centroamérica, la lectura general del informe apunta a que la corrupción percibida sigue conectada a problemas de captura institucional, debilidad de contrapesos y limitada capacidad de sanción.
En ese ambiente, los países compiten no solo por inversión y comercio, sino por credibilidad: quien ofrece mejores garantías de transparencia atrae más proyectos, mejores socios y mejores condiciones de financiamiento.
Otro foco que alimenta la percepción de corrupción está ligado a áreas sensibles del Estado como contratación pública, gestión de subsidios, ejecución de obras y supervisión de proveedores.
Cuando los mecanismos de vigilancia son débiles o no se perciben como independientes, el ciudadano concluye que hay espacio para favoritismos, sobrecostos o decisiones discrecionales, incluso si no siempre existen sentencias que lo prueben.
El reto, por tanto, no es cosmético. Para que Panamá cambie su posición en el índice necesita avances que sean visibles y creíbles: investigación y sanción efectiva, transparencia real en contrataciones, fortalecimiento de auditorías, protección de denunciantes y consistencia en fallos judiciales.
Si la ciudadanía y el sector productivo no perciben cambios concretos, el puntaje tiende a quedarse donde está.
En síntesis, el IPC 2025 confirma que Panamá sigue estancado en niveles bajos de percepción de integridad pública, por debajo del promedio regional y sin señales claras de mejora sostenida.
El país enfrenta un desafío doble: reducir la corrupción real y, al mismo tiempo, reconstruir confianza con resultados verificables, porque en este tema la reputación se gana con hechos, no con discursos.
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