Panamá reduce su déficit fiscal y ahorra $475 millones en intereses en 2025

Panamá cerró el año fiscal 2025 con una reducción histórica del déficit fiscal, una mejora en la prima de riesgo país y un descenso sostenido en las tasas de interés, resultados que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reflejan un proceso de ajuste que permitió ordenar las finanzas públicas sin frenar el crecimiento económico ni recortar el gasto social.

El ministro del MEF, Felipe Chapman, destacó que el déficit del Sector Público No Financiero se ubicó en 3.68% del Producto Interno Bruto, una disminución cercana al 40% respecto al año anterior, equivalente a más de 2,069 millones de dólares.

El titular de Economía explicó que este resultado se alcanzó gracias a una combinación de disciplina fiscal, reducción del gasto, mejor recaudación y fortalecimiento institucional.

Según detalló, el desempeño superó las metas establecidas por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y estuvo por debajo de las proyecciones que manejaban los mercados y las calificadoras, que anticipaban un déficit superior al 4.4%.

Para el Gobierno, este comportamiento permitió enviar una señal de seriedad financiera y responsabilidad presupuestaria en un contexto internacional marcado por alta volatilidad, dijo el funcionario.

Uno de los impactos más relevantes de esta corrección fue la reducción de la prima de riesgo país, que cayó en más del 54%, así como la baja en el costo de financiamiento de la deuda pública.

Chapman señaló que esta mejora se tradujo en una disminución directa de las tasas de interés que paga el Estado y, de forma progresiva, en mejores condiciones crediticias para empresas y ciudadanos.

Como resultado, el país generó ahorros acumulados cercanos a 475 millones de dólares en el servicio de la deuda, recursos que ahora pueden destinarse a áreas prioritarias.

De acuerdo con el ministro, estos ahorros permiten cubrir una parte significativa del subsidio a las pensiones de la Caja de Seguro Social, uno de los compromisos centrales del actual Gobierno. Explicó que el objetivo ha sido garantizar el pago a los jubilados actuales y fortalecer el sistema para las futuras generaciones sin recurrir a endeudamiento excesivo ni a medidas traumáticas.

“Estamos demostrando de dónde salen los recursos”, sostuvo, al referirse al impacto directo del orden fiscal en la sostenibilidad del sistema.

El balance fiscal también mostró una mejora sustancial en el resultado primario, que pasó de un déficit de -3.32% del PIB a -0.67%, reflejando un esfuerzo genuino basado en mayores ingresos y una gestión más eficiente del gasto.

Paralelamente, el ahorro corriente del Gobierno Central pasó de negativo a positivo, cerrando el año con un superávit equivalente al 0.04% del PIB, lo que indica una menor dependencia del endeudamiento para financiar las operaciones del Estado.

En materia de ingresos, las cifras oficiales muestran un crecimiento cercano al 6.9%, impulsado principalmente por un aumento del 9% en los ingresos tributarios.

Los impuestos directos registraron un alza del 14.4%, resultado atribuido a procesos de fiscalización más estrictos, mayor uso de tecnología, digitalización de trámites y aplicación de herramientas de análisis de riesgo. Chapman destacó que estas medidas fortalecieron el cumplimiento voluntario y ampliaron la base de contribuyentes.

La reducción del gasto también fue uno de los pilares del ajuste. El gasto total del Sector Público No Financiero disminuyó un 5.3%, mientras que el gasto del Gobierno Central se redujo en 9.4%, sin afectar, según el Ejecutivo, la prestación de servicios esenciales.

Más del 80% del presupuesto continuó destinándose a salud, educación y protección social, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables durante el proceso de consolidación fiscal.

Otro aspecto clave fue la disminución de las cuentas por pagar del Estado, que pasaron de 1,976 millones de dólares en 2024 a 1,034 millones en 2025, una reducción cercana al 48%.

El Ministerio explicó que estos saldos corresponden al ciclo normal de ejecución presupuestaria y reflejan mejoras en planificación financiera, control institucional y transparencia en la gestión de compromisos.

En paralelo, la economía panameña mantuvo un crecimiento aproximado del 4% durante 2025, ubicándose por encima del promedio regional.

Este desempeño fue impulsado por los sectores de transporte, logística, servicios financieros, comercio y construcción, incluso en medio de reformas al sistema de pensiones y un entorno global desafiante. Para el Gobierno, esta combinación de crecimiento y ajuste fiscal confirma la capacidad de la economía para absorber cambios estructurales sin perder dinamismo.

Chapman sostuvo que la estrategia adoptada evitó políticas de austeridad extrema, como despidos masivos o eliminación de subsidios, que habrían tenido un impacto social negativo.

En su lugar, se optó por un enfoque gradual orientado a alcanzar el equilibrio fiscal hacia el final de la década, manteniendo la estabilidad social y fomentando la inversión privada como motor de generación de empleo.

El ministro subrayó que el principal objetivo del proceso ha sido recuperar la confianza, considerada un factor clave para atraer inversión local y extranjera. Según explicó, sin certidumbre institucional y estabilidad financiera no es posible sostener el crecimiento, ni estimular la creación de empleo, ni mejorar de forma permanente el ingreso de los hogares.

Finalmente, el Gobierno aseguró que los resultados de 2025 marcan un punto de inflexión en la gestión fiscal del país. La combinación de menor déficit, reducción del riesgo país, ahorros en intereses y crecimiento económico, sostiene el Ejecutivo, sienta bases más sólidas para enfrentar los desafíos fiscales y sociales en los próximos años sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

A pesar de estos resultados macroeconómicos, distintos analistas advierten que los avances fiscales todavía no se traducen de forma uniforme en mejoras en la calidad de vida de todos los sectores de la población.

Panamá mantiene niveles elevados de pobreza, especialmente en áreas rurales, comarcas y zonas urbanas periféricas, donde el acceso a empleo formal, servicios básicos y oportunidades productivas sigue siendo limitado, lo que refleja una brecha persistente entre el crecimiento económico y el bienestar social.

A ello se suma el impacto del desempleo y la informalidad laboral, que continúan afectando a una parte importante de la fuerza laboral. Miles de trabajadores dependen de actividades sin estabilidad, seguridad social ni ingresos predecibles, una situación que debilita el consumo interno y limita la capacidad de las familias para enfrentar aumentos en el costo de vida.

Aunque las cifras oficiales muestran una recuperación gradual del empleo, el mercado laboral aún no absorbe plenamente a los jóvenes ni a quienes perdieron puestos durante la pandemia.

En paralelo, la inseguridad y la delincuencia siguen siendo una preocupación central para amplios sectores de la ciudadanía, especialmente en comunidades vulnerables. La combinación de pobreza, falta de oportunidades y debilidad institucional en algunos territorios alimenta dinámicas de violencia que impactan la actividad económica, el turismo y la percepción de estabilidad.

Para diversos sectores, el desafío del Gobierno no solo es consolidar el orden fiscal, sino convertir ese equilibrio financiero en políticas sostenidas que reduzcan desigualdades y fortalezcan la cohesión social.