Primer juzgado comunitario con sede propia inicia operaciones en Panamá

La apertura de la primera sede de un juzgado comunitario con infraestructura propia en la ciudad de Panamá marcó un nuevo capítulo en la aplicación de la reforma a la justicia comunitaria, luego de la entrada en vigor de la Ley 467 de 2025 el pasado 1 de enero.

La inauguración, realizada en el corregimiento de Don Bosco, se convirtió en el primer ejemplo operativo del nuevo modelo institucional, que busca fortalecer la resolución pacífica de conflictos, mejorar la calidad del servicio judicial comunitario y superar las limitaciones que durante años enfrentaron los antiguos juzgados de paz.

Ley 467 de 2025 sustituyó a la Ley 16 de 2016, ampliamente cuestionada por falta de capacitación, debilidades institucionales y ausencia de controles efectivos, factores que incidían en la baja credibilidad del sistema.

Con la nueva normativa, los jueces de paz ya no dependerán de los municipios, sino del Ministerio de Gobierno, al igual que todo lo relacionado con el nombramiento del personal y su capacitación.

Durante el acto inaugural, la ministra de Gobierno, Montalvo destacó que la nueva sede responde a una visión de justicia más cercana, accesible y orientada a la convivencia.

Según explicó, el objetivo es que los ciudadanos cuenten con espacios adecuados para resolver disputas vecinales, prevenir conflictos mayores y fortalecer la paz social, sin necesidad de escalar los casos hacia instancias judiciales más complejas. También subrayó que el modelo busca profesionalizar la atención y garantizar mayor formalidad en los procesos.

La instalación está ubicada en un local que anteriormente funcionó como sede policial, y que fue recuperado y adaptado para su nuevo uso.

El juzgado brindará atención directa a cerca de 70 mil residentes, convirtiéndose en un punto clave para la gestión de denuncias, mediaciones y procesos comunitarios.

Además, cuenta con infraestructura tecnológica que permitirá el uso de expedientes digitales, sistemas de registro y herramientas de seguimiento, alineadas con los lineamientos de modernización institucional.

El representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson, explicó que la Junta Comunal asumió la gestión del local, su remodelación y equipamiento, como parte de un acuerdo con el Ministerio de Gobierno.

De acuerdo con sus declaraciones, el trabajo conjunto permitió consolidar una sede permanente, evitando que los residentes deban trasladarse a otras zonas para recibir atención, como ocurría anteriormente con el juzgado de Juan Díaz.

Janson señaló que uno de los principales beneficios del nuevo juzgado es la cercanía territorial, que facilita la atención oportuna, reduce los tiempos de espera y promueve soluciones rápidas entre vecinos.

A su juicio, contar con una “casa de paz” dentro de la comunidad fortalece el sentido de corresponsabilidad y contribuye a prevenir la escalada de conflictos familiares, comerciales o de convivencia.

La reforma a la justicia comunitaria responde a años de críticas al modelo anterior. Los juzgados de paz, creados bajo la Ley 16 de 2016, fueron señalados reiteradamente por deficiencias en la selección del personal, limitada formación jurídica, procesos informales y débil supervisión institucional.

Diversos sectores cuestionaban que muchos jueces carecían de idoneidad profesional, lo que generaba decisiones inconsistentes y conflictos legales posteriores.

Con la nueva legislación, el Estado estableció requisitos más estrictos para los cargos, fortaleció los mecanismos de capacitación y definió una estructura mínima para cada Casa de Justicia Comunitaria.

Estas deben contar con un juez de paz, que con la nueva ley debe ser un abogado idóneo, además de mediador, secretario, personal administrativo y notificador, garantizando un servicio más completo y organizado. Además, se incorporaron protocolos claros para la gestión de casos y la aplicación de sanciones.

El decreto reglamentario también definió las modalidades de sanción, que incluyen amonestaciones verbales, trabajo comunitario, fianzas de buena conducta, reparación del daño o indemnizaciones, dependiendo de la naturaleza del conflicto.

Estas herramientas buscan priorizar la solución restaurativa, reducir la judicialización innecesaria y promover acuerdos sostenibles entre las partes involucradas.

En cuanto al horario de atención, el juzgado de Don Bosco operará inicialmente de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en línea con lo establecido en la normativa vigente. No obstante, la ley contempla la posibilidad de jornadas nocturnas en determinadas sedes, como parte del proceso de expansión gradual del sistema a nivel nacional.

Desde el Ministerio de Gobierno se ha informado que el presupuesto institucional incluirá partidas específicas para la adquisición de locales, mobiliario, equipos tecnológicos y contratación de personal, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del modelo. El plan contempla replicar progresivamente este esquema en otros corregimientos, priorizando zonas con alta demanda de servicios comunitarios.

La apertura de esta primera sede marca el inicio operativo de una política pública orientada a fortalecer la justicia de proximidad. Con un marco legal actualizado, infraestructura adecuada y personal especializado, el Gobierno busca transformar un sistema históricamente cuestionado en una herramienta efectiva para la gestión de conflictos cotidianos, la prevención de violencia y el fortalecimiento del tejido social en las comunidades.

La experiencia de Don Bosco servirá como referencia para futuras implementaciones en el país, en un contexto donde la justicia comunitaria se consolida como un componente clave del sistema institucional panameño, enfocado en la convivencia, la legalidad y el acceso equitativo a mecanismos de resolución de controversias.