Amnistía denuncia que régimen de Ortega busca desmantelar derechos de nicaragüenses

Amnistía Internacional, organización internacional de derechos humanos, advirtió que la reforma constitucional promovida en Nicaragua para ampliar el mandato presidencial y excluir de forma permanente de las elecciones a quienes el gobierno califique como “traidores” o “golpistas” busca desmantelar el derecho a participar en los asuntos públicos, en un país donde el cierre del espacio cívico ya se tradujo en la cancelación de más de 5,000 organizaciones y en la subordinación de los poderes del Estado a la Presidencia.

La alerta llega después de que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega, dijera el 19 de julio, durante un acto conmemorativo, que “aquí no volverá a haber elecciones”, frase que, según el pronunciamiento de la organización, marcó el inicio del proceso para incorporar esas restricciones al ordenamiento jurídico del país.

Nicaragua sigue obligada por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege la participación en los asuntos públicos, incluido votar y ser elegidas sin restricciones indebidas en elecciones periódicas y auténticas. Para Amnistía, esa obligación no puede ser eliminada ni limitada de manera arbitraria.

Según Amnistía Internacional, estas medidas no aparecen aisladas. Se suman a un proceso sostenido de concentración del poder y clausura del espacio cívico que se intensificó desde la represión de las protestas de 2018, en las que organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales y universales de protección de derechos humanos registraron más de 300 personas asesinadas.

Desde entonces, las autoridades cancelaron la personalidad jurídica de más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil, cerraron medios independientes y despojaron arbitrariamente de la nacionalidad a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. Ese proceso dejó a muchas personas en situación de apatridia y obligó a otras a exiliarse.

La organización sostuvo además que en 2025 las autoridades impulsaron una reforma constitucional que eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia. A juicio del organismo, la nueva iniciativa profundiza esa estructura al trasladar al terreno electoral una exclusión basada en criterios políticos.

“Esta reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Piquer añadió que detrás de “cada organización cancelada, cada licencia revocada y cada persona despojada de su nacionalidad” hay alguien a quien el Estado le quitó la posibilidad de expresarse, organizarse y decidir sobre el futuro de su país. Según su evaluación, eso es lo que el anuncio oficial pretende convertir en ley.

El cierre del espacio cívico incluyó leyes contra organizaciones y una purga de abogados

El deterioro descrito por la organización coincide con el contenido del informe Rompiendo el Tejido Social, que ubicó a Nicaragua entre los países de América Latina que aprobaron leyes para restringir de manera indebida la creación, existencia y actuación de organizaciones sociales.

Ese reporte señaló que, desde 2018, el país disolvió 5.634 organizaciones sociales de un total de 7.227 registradas ese año. También identificó como piezas centrales de ese esquema la Ley 1040 sobre la Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada en 2020, y la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, sancionada en 2022.

De acuerdo con la publicación, Amnistía sostuvo que esas normas crearon un ambiente hostil y riesgoso para las organizaciones no gubernamentales, acompañado por narrativas oficiales que las presentan como amenazas a la seguridad nacional o como “defensores de criminales”. El informe añadió que las leyes imponen requisitos complejos y costosos que buscan “ahogar financiera y administrativamente” a las entidades afectadas.

Según ese documento, los efectos van más allá de la cancelación de registros: generan incertidumbre y miedo entre quienes integran o dirigen las organizaciones, ante la posibilidad de sanciones, disolución, suspensión de actividades, inhabilitación, criminalización de sus integrantes y cierre de cuentas bancarias.

Amnistía también recordó ahora que, en julio de 2026, cientos de profesionales del derecho fueron despojados de sus licencias para ejercer. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificaron ese episodio como una purga de la profesión jurídica que deja a las víctimas de la represión prácticamente sin acceso a una defensa independiente.

El reclamo apunta a elecciones auténticas y presión internacional

La organización instó al régimen nicaragüenses a abstenerse de adoptar cualquier ley o reforma orientada a eliminar o restringir indebidamente el derecho de la población a participar en los asuntos públicos. En su planteamiento, el Estado debe garantizar elecciones periódicas y auténticas mediante sufragio universal y en condiciones que aseguren la libre expresión de la voluntad del electorado.

Ese reclamo incluye el fin de las represalias contra quienes ejercen o promueven ese derecho, así como el levantamiento de restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que, según el organismo, hacen imposible una participación cívica y política efectiva.

Amnistía pidió además al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a sus Estados miembros que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua dé seguimiento específico a las medidas legislativas presentadas y a sus efectos.

También reclamó a otros Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión del derecho al voto como si se tratara de una decisión soberana interna, y que exijan en los foros multilaterales pertinentes el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país.

La organización anunció que dará seguimiento a las reformas propuestas y documentará sus impactos sobre los derechos de las personas nicaragüenses que viven en el país y de quienes se encuentran en el exilio.