La disposición de APM Terminals, filial del grupo A.P. Moller–Maersk, para asumir temporalmente la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, abrió un nuevo capítulo en el proceso de transición anunciado por el Gobierno panameño tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión con Panama Ports Company (PPC).
En un comunicado emitido el 30 de enero, APM Terminals confirmó que está dispuesta a operar ambas terminales de manera provisional, una vez la sentencia quede ejecutoriada, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales para el comercio regional y global y mitigar riesgos en la cadena logística.
La empresa aclaró que cualquier eventual ingreso se realizará cumpliendo todas las formalidades legales y los procedimientos establecidos por la legislación panameña, y únicamente después de que la decisión judicial sea firme.
Subrayó, además, que no forma parte de los procesos legales en curso ni participa en las decisiones sobre la estructura futura de administración de los puertos.
“Cualquier acción estará guiada por criterios técnicos, la integridad de la cadena de suministro y el interés público”, señaló la compañía, que se define como un operador independiente con presencia global.
APM Terminals destacó que opera más de 60 terminales en 34 países, bajo modelos estandarizados y sistemas de gestión probados, que buscan garantizar operaciones confiables, productivas y seguras, sin discriminación hacia navieras o clientes.
En su presentación corporativa, la empresa indicó que en 2024 manejó más de 27,000 buques y registró más de 23 millones de movimientos anuales en sus terminales hub y gateway, consolidándose como uno de los principales operadores portuarios del mundo.
Hay que recordar que el año pasado una filial de Maersk tomó el control del ferrocarril, cuyo tráfico depende en gran medida de los contenedores movilizados por las terminales de PPC.
La reacción de APM Terminals se produce en el marco del plan de transición anunciado por el presidente José Raúl Mulino, quien explicó que mientras el fallo no quede ejecutoriado, PPC continuará operando sin cambios. Posteriormente, se abrirá un periodo transitorio que culminará con una nueva concesión mediante un proceso abierto y competitivo.
Mulino señaló que el Gobierno llevaba más de un año preparando distintos escenarios ante las demandas de inconstitucionalidad, con el fin de evitar improvisaciones y proteger un activo estratégico para la economía nacional.
El mandatario también designó al ingeniero Alberto Alemán Zubieta como coordinador de un equipo técnico encargado de supervisar el proceso y garantizar orden, transparencia y profesionalismo en cada etapa.
El fallo de la Corte Suprema, adoptado de forma unánime el 29 de enero de 2026, declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 1997, sus adendas y el acto de prórroga, relacionados con el contrato de concesión otorgado a PPC para operar las terminales de Balboa y Cristóbal.
La decisión respondió a demandas presentadas por el contralor general Anel Flores, quien cuestionó la legalidad del contrato y su impacto sobre el uso de bienes públicos y el interés nacional.
Reacción de China
En paralelo al pronunciamiento de APM Terminals, el fallo generó reacciones desde China. Según reportes atribuidos a la agencia EFE, el Gobierno chino advirtió que adoptará “las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas tras la anulación del contrato portuario en Panamá.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó preocupación por la decisión judicial y señaló que espera que Panamá garantice un entorno justo, transparente y no discriminatorio para las compañías extranjeras que operan en el país.
De acuerdo con EFE, las autoridades chinas también enfatizaron la importancia de respetar los compromisos contractuales y de preservar la estabilidad de las inversiones internacionales, en un contexto marcado por crecientes tensiones geopolíticas.
Panama Ports Company forma parte del conglomerado CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, que mantiene vínculos comerciales con China y opera una extensa red portuaria a nivel mundial.
En los últimos años, Estados Unidos ha incrementado sus advertencias sobre la presencia de empresas vinculadas a China en infraestructuras consideradas estratégicas, incluyendo puertos ubicados en rutas clave del comercio global. Panamá, por su relación con el Canal y su posición geográfica, ha sido señalado como un punto sensible dentro de ese debate.
Aunque el Gobierno panameño no ha vinculado oficialmente el fallo con presiones externas, analistas consideran que el contexto internacional influye en las decisiones estratégicas del sector portuario.
La reacción de China coincide con un proceso de revisión de activos por parte de CK Hutchison, que en meses recientes confirmó que evaluaba una posible venta fragmentada de algunos de sus puertos, incluidos los de Panamá, como parte de una reorganización global.
El Gobierno panameño ha insistido en que no habrá interrupciones operativas ni despidos, y que los derechos laborales y contractuales se mantendrán durante la transición.
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