De Panamá a un tribunal federal: el falso piloto acusado de volar gratis durante años

El protagonista de esta historia no es Leonardo DiCaprio en su papel de Atrápame si puedes, sino un hombre real cuya conducta —delictiva y sostenida en el tiempo— expone fallas concretas en los mecanismos de verificación de empleo y beneficios dentro de la industria aérea.

Se trata de Dallas Pokornik, un canadiense de 33 años, residente en Toronto, que fue capturado en Panamá y posteriormente deportado a Estados Unidos, donde esta semana se presentó ante la justicia para responder por un esquema que, según las autoridades, le permitió volar gratis durante años haciéndose pasar por piloto o empleado activo de aerolíneas, pese a no contar con las credenciales para ello.

De acuerdo con la acusación en su contra, Pokornik habría explotado sistemas internos diseñados para facilitar traslados de tripulaciones y personal aeronáutico, aprovechando programas y accesos reservados a empleados activos.

Las autoridades sostienen que el canadiense utilizó identificaciones laborales falsas y datos asociados a beneficios de viaje, lo que le permitió obtener pasajes sin pagar durante un periodo prolongado, principalmente entre 2019 y 2023.

El canadiense fue capturado en Panamá el 18 de diciembre de 2025, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos el 15 de enero de 2026, según informaron las autoridades panameñas.

El patrón, según se detalla en el expediente, involucra al menos tres aerolíneas en Estados Unidos, y se traduce en un volumen acumulado de viajes que no encaja con un error aislado o un “descuido” puntual, sino con un método repetido y consistente.

El caso se vuelve más sensible porque no se limita al ahorro económico o al fraude por tiquetes gratuitos. Una de las aristas más delicadas es la relacionada con el “jump seat”, un asiento auxiliar que existe en la cabina de mando y que, en condiciones muy específicas, puede ser utilizado por pilotos fuera de servicio u otro personal autorizado para desplazarse.

Aunque no siempre implica estar dentro del cockpit durante todo el vuelo, sí supone un nivel de acceso regulado y estrechamente controlado.

Las autoridades señalan que Pokornik solicitó ese acceso en múltiples ocasiones, lo que eleva la gravedad del hecho, porque ese espacio y las áreas asociadas están reservadas a personas con credenciales verificables, autorizaciones y procedimientos de seguridad estrictos.

En términos prácticos, la pregunta que flota en el aire es simple y a la vez incómoda: ¿cómo pudo alguien sostener una suplantación durante años en un sector que presume controles robustos?

En teoría, las aerolíneas y sus sistemas de beneficios cruzan información para validar quién es empleado activo, qué estatus mantiene y qué tipo de viajes puede solicitar.

En un mundo ideal, el intento de alguien fuera de nómina de usar esos privilegios debería disparar alertas automáticas.

Sin embargo, los investigadores creen que Pokornik logró explotar grietas en la verificación: ya sea porque los sistemas no reflejaban a tiempo su estatus real, porque hubo inconsistencias en bases de datos compartidas, o porque el proceso de validación permitió que una identidad “creíble” pasara filtros sin revisión humana suficiente.

En otras palabras: el fraude no solo fue cuestión de audacia, también de un sistema que, al menos en ciertos puntos, no fue tan impenetrable como se vende.

La captura en Panamá cerró temporalmente el círculo. Las autoridades panameñas lo detuvieron tras una solicitud internacional y, posteriormente, se concretó su deportación hacia Estados Unidos para que enfrentara el proceso en esa jurisdicción.

Tras su llegada, Pokornik compareció ante un tribunal y, según la información conocida del caso, se declaró no culpable. El expediente seguirá su curso con etapas de intercambio de pruebas, audiencias y eventuales definiciones sobre juicio o acuerdos.

Mientras tanto, el caso ya dejó un efecto inmediato: puso el foco sobre un tipo de fraude que no debería pasar desapercibido en un entorno donde la seguridad operacional es parte del ADN del negocio.

En cuanto a los cargos, el canadiense enfrenta acusaciones por fraude, bajo figuras federales que suelen castigarse con dureza. En Estados Unidos, delitos vinculados a fraude electrónico pueden acarrear penas de hasta 20 años de prisión y multas elevadas, dependiendo de la valoración del tribunal, la magnitud del daño económico, el nivel de planificación, la cantidad de hechos y el impacto potencial en sistemas críticos.

La fiscalía tendrá que demostrar que no se trató de errores administrativos o malentendidos, sino de una conducta deliberada: el uso consciente de información falsa, suplantación de identidad laboral y aprovechamiento de un beneficio reservado para personal autorizado.