Ni encierro ni abandono: la salud mental necesita una ley que llegue a tiempo

A quince años de la Ley 26.657, necesitamos una reforma que garantice a las familias que la ayuda llegue a tiempo

Una mujer con ambo médico y un hombre sentados a un escritorio de madera con una carpeta, libreta, bolígrafo, taza y una biblioteca detrás.
"Es preciso hablar con claridad: un hospital especializado con equipos interdisciplinarios, internaciones breves y seguimiento no es sinónimo de encierro", expresó la autora de esta columna (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental nos invita a hablar de algo que durante mucho tiempo se mantuvo en silencio.

Este año, el lema internacional es “voces reales, cambios reales”, y pone el foco en escuchar a quienes lo vivieron en primera persona, como el caso de Stella Mauring: su hijo era policonsumidor, bipolar y tenía trastorno límite de la personalidad. En 2019 se suicidó. No pudieron ayudarlo porque gracias a la actual ley de salud mental siempre llegaban tarde: iban a las guardias, le ponían suero, lo desintoxicaban y le daban el alta.

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Esta historia se repite entre muchas otras personas que lo vivieron (pacientes, madres, padres, hermanos) a quienes no les faltaron derechos escritos, sino que quedaron en un limbo por el famoso “riesgo cierto e inminente” que contempla esta ley. En la práctica, esto significa que si una persona en plena crisis llega tranquila al hospital, la mandan a su casa aunque su familia cuente que hace semanas que todo empeora.

Ilustración minimalista en gris, azul y naranja de una figura humana junto a un abismo y una mano que coloca un puente sobre la grieta.
"Se deben incorporar las directivas anticipadas, para que cada persona pueda decidir, en un momento de estabilidad, cómo quiere ser tratada si atraviesa una crisis", expresó Giampieri (Imagen Ilustrativa Infobae)

En concreto, el sistema sólo puede intervenir cuando la situación ya estalló. Entonces, ¿estamos protegiendo derechos cuando dejamos abandonadas a las personas?

La Ley 26.657, sancionada en 2010, fue un avance real. Dejó atrás la lógica del encierro como única respuesta, reconoció a las personas con trastornos mentales como sujeto de derecho e impulsó un abordaje comunitario e interdisciplinario. Nadie que trabaje seriamente en este tema propone volver al encierro.

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También es preciso hablar con claridad: un hospital especializado con equipos interdisciplinarios, internaciones breves y seguimiento no es sinónimo de encierro. Hay mucha estigmatización alrededor de este tema y llamar manicomios a estas instituciones es faltarle el respeto a los profesionales que trabajan allí, a las familias y pacientes que necesitan de estos dispositivos.

Al desafío de los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental que han quedado fuera de la red, se suma que muchas personas abandonan el tratamiento después de una internación sin que nadie lo advierta.

Mientras tanto, los datos nos interpelan. En 2025 el suicidio fue la principal causa de muerte violenta en la Argentina, con 5.209 casos según el Ministerio de Seguridad. No toda crisis de salud mental deriva en un caso de suicidio, pero cada una de esas muertes nos recuerda lo que está en juego cuando el sistema llega tarde.

Ilustración en acuarela de dos personas sentadas, una con la mano en el hombro de la otra, rodeadas por manchas abstractas en tonos suaves.
"Hay que actualizar el criterio de riesgo, para que los equipos puedan intervenir ante un riesgo grave para la vida o la integridad de la persona o de terceros", describió la autora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, hay cinco cambios que necesitamos introducir en esta ley que considero centrales. El primero es actualizar el criterio de riesgo, para que los equipos puedan intervenir ante un riesgo grave para la vida o la integridad de la persona o de terceros, sin tener que esperar a que la situación estalle.

El segundo es fortalecer el trabajo interdisciplinario: que psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales y enfermeros trabajen juntos, pero con la presencia indispensable de un psiquiatra en toda decisión de internación.

El tercero es reconocer a los hospitales especializados como parte de la red de atención. El cuarto: crear un protocolo de alerta para que, cuando una persona abandona su tratamiento después de una internación involuntaria, el sistema se entere y pueda contener.

Y el quinto es incorporar las directivas anticipadas, para que cada persona pueda decidir, en un momento de estabilidad, cómo quiere ser tratada si atraviesa una crisis.

No se trata de tirar abajo una ley. Se trata de reconocer que, después de 15 años, esta norma encontró límites claros en su aplicación, y que revisar no es retroceder, sino hacernos cargo de lo que no funcionó. Pero, fundamentalmente, es escuchar a las familias, porque las leyes que no se revisan terminan protegiendo más a su propio texto que a las personas para las que fueron escritas.

El proyecto se encuentra desde abril en el Senado y, cuando la reforma llegue a Diputados, nuestra responsabilidad va a ser construir una ley que combine derechos con respuestas concretas. Se lo debemos a cada familia que alguna vez tuvo que preguntar qué más tenía que pasar para que alguien la ayudara.

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