¿Quién garantiza el derecho a la educación de calidad?

Ante todo, la educación es un derecho. El Estado debe garantizar que todas las personas accedan a una educación de calidad. Pero ese bien público puede ser ofrecido a través de instituciones de gestión estatal o de gestión privada. No se trata de enfrentar ambos modelos, sino de comprender que pueden complementarse y que el Estado conserva siempre una función indelegable como garante, regulador y supervisor de la calidad.

Hoy, la educación atraviesa un tiempo de enormes transformaciones. La caída sostenida de la natalidad está reduciendo la población escolar, especialmente en los niveles iniciales. Algunas escuelas pierden matrícula, reorganizan sus cursos o enfrentan dificultades para sostenerse. Al mismo tiempo, crecen el ausentismo, la desconexión de los estudiantes y las preguntas acerca de la capacidad de las instituciones para seguir ofreciendo una experiencia significativa.

A este escenario se suma una crisis docente global, atravesada no solo por la escasez de profesionales, sino también por el debilitamiento de la vocación y la necesidad de revalorizar y actualizar su tarea frente a los desafíos del presente.

En este contexto, la pregunta parece inevitable: ¿por qué alguien elegiría seguir invirtiendo en educación?

Desde una mirada exclusivamente comercial, probablemente no parezca el momento más favorable. Sin embargo, hace tiempo dejé de pensar que existe una contradicción entre ser educador y ser empresario. Las dos facetas conviven. Estoy convencido de que la vocación pedagógica necesita también capacidad de gestión, inversión, planificación y sustentabilidad.

Una escuela no se construye solamente con buenas intenciones. Requiere infraestructura acorde a modelos pedagógicos que den respuesta a perspectivas innovadoras de aprendizaje, equipos profesionales, formación docente, innovación, tecnología y una administración capaz de sostener el proyecto durante muchos años. Ser empresario de la educación significa construir las condiciones materiales para que una propuesta pedagógica pueda nacer, crecer y perdurar.

Por otra parte, la educación privada no puede comportarse como cualquier otra actividad comercial. La diferencia es central: la inversión en educación conlleva un propósito. Una escuela puede ser gestionada por una asociación civil, una fundación, una entidad religiosa o una empresa con fines de lucro. Pero, cualquiera sea su forma jurídica, asume un compromiso social que debe estar por encima de la rentabilidad inmediata.

Cuando una familia elige una escuela, confía en un proyecto que acompañará durante años la vida de sus hijos. Por eso, una institución educativa no puede suspender su desarrollo simplemente porque un período fue menos favorable, ni decidir únicamente en función de la cantidad de alumnos o del resultado económico anual. Tiene que sostener la continuidad, cuidar a su comunidad e invertir muchas veces antes de saber cuál será el retorno.

Esa es una de las particularidades más profundas de esta actividad, las escuelas suelen sobrevivirnos. Quienes impulsamos un proyecto educativo debemos pensar más allá de nuestra propia gestión y, muchas veces, de nuestra propia vida. Tenemos la responsabilidad de preparar los recambios generacionales, consolidar equipos y construir instituciones que no dependan exclusivamente de sus fundadores.

Por eso hablo de inversiones de alto riesgo, largo plazo y alto impacto. La rentabilidad no es una mala palabra. Un proyecto que no es económicamente sustentable difícilmente pueda garantizar su continuidad o cumplir con su propósito. Pero en educación el retorno no puede medirse solamente en términos financieros ni en períodos breves. También se evalúa en las oportunidades que se crean, en las trayectorias que se transforman y en las comunidades que se fortalecen.

Una escuela puede ser, además, un verdadero motor de desarrollo territorial. Cuando nos reunimos con municipios o desarrolladores urbanos, comprobamos que la educación, al igual que la salud, puede impulsar el crecimiento de una localidad. La presencia de una propuesta educativa de calidad permite que las familias se radiquen, genera empleo, crea arraigo y ayuda a consolidar comunidades que, de otra manera, tendrían dificultades para desarrollarse.

La inversión educativa no termina, entonces, en los límites de un edificio. Su impacto alcanza a todo el entorno.

En distintos países están creciendo las redes y los fondos de inversión orientados específicamente a la educación. Son modelos que buscan desarrollar, adquirir o reconvertir instituciones, acompañarlas con tecnología, capacitar a sus equipos e integrarlas en redes nacionales o internacionales. En la Argentina todavía no es una práctica tan extendida como en otros países de la región, pero empieza a abrirse una conversación que será cada vez más relevante.

Sin embargo, no cualquier inversor está preparado para desarrollar un proyecto educativo. La disponibilidad de capital es necesaria, pero no suficiente. Se requieren calidad humana, compromiso ético y una convicción profunda acerca de la responsabilidad que implica administrar no solo recursos económicos, sino también la confianza de familias, docentes y comunidades enteras.

Si hoy me preguntaran si desarrollaría un proyecto educativo con cualquier persona, mi respuesta sería no. Si me preguntaran si seguiría invirtiendo aun sabiendo que implica riesgos, diría que sí.

La caída de la natalidad obliga a revisar modelos, dimensiones e infraestructuras. El ausentismo y la desconexión nos exigen volver a preguntarnos qué experiencias estamos ofreciendo y por qué un estudiante debería querer estar en la escuela. La crisis no elimina la necesidad de educación, por el contrario, vuelve más urgente la necesidad de transformarla.

Por eso no se trata de seguir invirtiendo a pesar de este escenario, sino precisamente porque este escenario demanda nuevas respuestas. Bien administrada, una institución educativa puede generar un retorno económico sano en el mediano y largo plazo. Pero su retorno más importante es otro: transforma vidas, mejora la ciudadanía, construye comunidad y deja una huella que puede continuar mucho después de nosotros.