La inteligencia artificial ya se sentó junto al juez

¿A cuánto estamos de que la tecnología atrape al delincuente y la inteligencia artificial lo juzgue? ¿Y si el próximo policía que nos detenga no fuera una persona? ¿Y si el próximo juez que analice nuestro caso estuviera asistido por una inteligencia artificial?

La respuesta inmediata suele ser que eso pertenece a la ciencia ficción. Sin embargo, basta observar cómo evolucionó la tecnología durante la última década para descubrir que ese futuro ya empezó.

Hoy existen cámaras capaces de reconocer un rostro entre millones de personas en segundos. Algoritmos que detectan comportamientos anómalos antes de que un operador los advierta. Drones autónomos que patrullan fronteras. Sistemas que procesan miles de horas de video y reconstruyen los movimientos de un sospechoso a partir de cámaras, teléfonos, lectores de patentes y registros digitales.

Todo eso ya existe. Y si una máquina puede observar, identificar, comparar y aprender, la pregunta deja de ser tecnológica para convertirse en institucional.

¿Quién decide?

Durante siglos, el monopolio de la fuerza fue ejercido por personas. Un policía decide detener. Un fiscal decide acusar. Un juez decide condenar o absolver.

Sin embargo, la inteligencia artificial ya empezó a ocupar un lugar en esa cadena de decisiones.

En 2016, la Corte Suprema de Wisconsin resolvió un caso que marcó un precedente: State v. Loomis. El juez tuvo en cuenta el resultado de COMPAS, un algoritmo que estima el riesgo de reincidencia. La Corte avaló su utilización como una herramienta de apoyo, pero dejó una advertencia clara: el algoritmo nunca puede reemplazar el criterio del juez ni convertirse en el factor determinante de una sentencia.

El dato es extraordinario. La inteligencia artificial no reemplazó al juez. Pero ya empezó a sentarse a su lado.

Ese cambio representa una transformación histórica. Durante siglos, evaluar el riesgo fue una tarea exclusivamente humana. Hoy, en algunos sistemas judiciales, esa valoración comienza con una recomendación elaborada por un algoritmo.

Sus defensores sostienen que estas herramientas permiten decisiones más objetivas y consistentes, basadas en enormes volúmenes de información que ningún ser humano podría procesar. Sus críticos responden que también pueden reproducir los sesgos de los datos con los que fueron entrenadas, funcionar como una “caja negra” difícil de auditar e influir sobre la libertad de una persona mediante procesos que no siempre pueden explicarse completamente.

La gran discusión ya no es si la inteligencia artificial puede decidir. La verdadera discusión es cuánto estamos dispuestos a dejar que decida.

Mientras ese debate continúa, la tecnología sigue avanzando.

No resulta difícil imaginar un escenario dentro de veinte años en el que una inteligencia artificial detecte un delito a través de cientos de cámaras, identifique al sospechoso mediante reconocimiento facial, reconstruya automáticamente sus movimientos, organice la prueba digital y entregue al fiscal un expediente prácticamente terminado en cuestión de minutos.

La investigación criminal cambiará para siempre. La Justicia también.

Pero existe una diferencia fundamental entre una democracia y un régimen autoritario. No está en la tecnología que utiliza, sino en quién la controla y bajo qué reglas.

La inteligencia artificial podrá ayudarnos a investigar mejor, encontrar prófugos más rápido, detectar organizaciones criminales con mayor precisión e incluso asistir a los jueces con análisis imposibles para una persona.

Pero nunca debería sustituir el razonamiento jurídico, la responsabilidad institucional ni el control humano sobre las decisiones que afectan la libertad.

Porque el desafío del siglo XXI no será construir inteligencias artificiales cada vez más poderosas. Será construir instituciones capaces de ponerles límites.