Inteligencia artificial: ¿un paraíso para quién?

En junio de 2024, Francisco se convirtió en el primer Papa en participar de una reunión del G7. Fue a hablarles de inteligencia artificial (o IA). Les dijo que era una herramienta “fascinante y tremenda”, pero advirtió sobre el peligro de perder control humano sobre decisiones fundamentales para la dignidad de las personas. El papa León XIV retomó tiempo después sus ideas. En su encíclica Magnifica humanitas, dedicada por entero a la temática, advirtió que la tecnología no es neutra, porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza.

Las palabras de ambos papas podrían leerse como una defensa casi corporativa de un humanismo en retirada frente a algo que es tan inevitable como beneficioso. Pero no es así. Los propios dueños y los creadores de esta tecnología advierten, casi en forma unánime, sobre sus riesgos —el empleo, la desigualdad, la falta de responsabilidad— y proponen distintas maneras de mitigarlos. Hace apenas unos días, más de 1.300 ejecutivos y empleados de los principales laboratorios de IA firmaron una carta pidiendo al gobierno de Estados Unidos que regule el ritmo del desarrollo. Eric Schmidt, fundador de Google, habla de una “IA populista”: una IA que dé beneficios concretos y tangibles a la gente común. Salvo Milei, Elon Musk y nuestro aporteñado Peter Thiel, cuesta encontrar un líder político o empresarial que no muestre algún tipo de inquietud por los efectos de esta revolución.

Yo también estoy preocupado. Uso herramientas de inteligencia artificial todos los días; incluso una de ellas me ayudó a pulir esta nota. Entiendo su potencial. Sé que amplían el conocimiento, mejoran la producción, y aceleran tareas que antes llevaban semanas. Sé que, bien aplicadas, van a mejorar de manera sustantiva nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y sé que están a las puertas de resolver misterios de la ciencia que muchos consideraban indescifrables.

Yo quiero que la Argentina participe de esta revolución. No quiero que la miremos desde afuera. Pero no soy ingenuo ni imprudente. Si la IA termina beneficiando a unos pocos a costa de la mayoría, la resistencia va a impedir su adopción plena, por más potencial que tenga. Y no creo que sea inteligente ni democrático dejar decisiones que afectan la vida de millones de personas en manos de aquellos que controlan la tecnología.

El presidente Javier Milei piensa distinto. En una nota en el Financial Times se comprometió a no regular a las empresas de IA, bajarles los impuestos y darles máxima libertad para experimentar en nuestro país. Propuso crear sociedades no humanas —administradas por robots o agentes de inteligencia artificial— que pueden prescindir, incluso, de accionistas de carne y hueso. Ese proyecto ya se discute en el Congreso. El objetivo explícito es atraer inversiones. Pero, como suele suceder con tantas otras cosas en este gobierno, no parece haber ninguna preocupación por lo que vaya a pasar con el empleo, la educación o la desigualdad.

Yo quiero que las inversiones vengan. Y quiero más infraestructura, energía, capital, investigación y conexión con los grandes centros de innovación. Sería absurdo rechazar dólares que necesitamos por viejos prejuicios o por miedo al futuro. Pero una cosa es ser protagonistas de esta revolución y otra muy distinta es ser apenas su domicilio fiscal y su proveedor de electricidad.

Mi preocupación principal es el impacto en el empleo. Quizás afectados por la presión social y el costo reputacional para sus empresas, muchos de los líderes de la industria empiezan a abandonar el tono apocalíptico. Ya no hablan de destrucción masiva de puestos de trabajo, sino de “cambios”. Pero el riesgo de perder empleos o de precipitar cambios profundos y permanentes en el mercado laboral sigue siendo real. No es casual que, según una encuesta reciente de Gallup, casi el 75% de la gente crea que la IA va a reducir el número de empleos en la próxima década. No hay que tratar de loco o negado a una persona que mira el futuro y se pregunta si su trabajo seguirá existiendo.

Un ejemplo cercano ayuda a explicar mejor mi punto: en el primer trimestre de 2026, el sector financiero creció en la Ciudad de Buenos Aires más de un 10% y, sin embargo, el empleo del sector cayó 4,5% —más de tres mil puestos formales—. Muchos señalan a la digitalización como la causa. Si ese es el motivo, ¿por qué no se potenciaría con algo mucho más disruptivo como la IA?

No sabemos con exactitud cómo va a reorganizarse el mundo del trabajo. Pero sí sabemos que no podemos darnos el lujo de perder más empleos, ni suponer que el que hoy pierde su puesto por la IA lo va a recuperar mañana en cualquier otro lado. Por eso, el Estado tiene que sentarse con las empresas y con los sectores afectados y encontrar la forma de moderar el impacto sin perder competitividad. Eso significa trabajar en la formación, la capacitación y el ritmo con que se adopta la tecnología. Se trata de gobernar la transición; lo otro es simplemente mirarla pasar, y lamentarse después por lo que queda en el camino.

Hay una segunda dimensión que me gustaría abordar. La inteligencia artificial no es solo una industria nueva. Interviene en decisiones que afectan nuestra vida diaria. Puede definir qué currículum llega a una entrevista laboral, a quién se le otorga un crédito, qué tratamiento médico se recomienda o qué información recibimos cada día. No es justo ni deseable que esas decisiones se tomen sin intervención humana. Si fuera equivocada: ¿a quién van a reclamar las personas perjudicadas?

Muchos gobiernos empezaron a poner límites. El estado de Colorado, por ejemplo, garantiza el derecho a solicitar una revisión humana significativa cuando una IA influye de manera concreta en una decisión perjudicial para una persona en un tema determinado. No es casual que muchas de esas limitaciones vengan de gobiernos locales, que están más cerca de las necesidades y preocupaciones cotidianas de los ciudadanos.

La discusión, entonces, no es tecnología sí o tecnología no. Es tecnología para qué, bajo qué reglas y a favor de quién. Regular no es una mala palabra y no quiere decir prohibir: quiere decir cuidar a las personas de los efectos nocivos que traen aparejados cambios trascendentales, sin renunciar a sus beneficios.

Todos sabemos que desde una ciudad no se escriben las reglas nacionales, pero también sabemos que desde ahí se puede demostrar que hay otra manera de hacer las cosas. Lo digo por experiencia propia. La prioridad es aprovechar los beneficios de la IA para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso implica, casi por definición, preparar a los trabajadores y a los docentes, acompañar a las empresas, cuidar el trabajo y garantizar la responsabilidad humana sobre temas sensibles, que definen la trayectoria de vida de las personas.

El potencial de la inteligencia artificial es enorme. Pero solo se vuelve real poniéndola al servicio de la gente. No al revés.