
La decisión de Francia de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años reavivó un debate que atraviesa familias, escuelas y gobiernos de todo el mundo. La medida busca proteger a niños y adolescentes frente al aumento de la ansiedad, el ciberacoso, la exposición a contenidos nocivos y las dinámicas adictivas que generan muchas plataformas. Sin lugar a dudas, los motivos son legítimos y están respaldados por una creciente evidencia científica.
Sin embargo, prohibir no alcanza y es necesario preguntarse cuál es realmente la solución. La historia demuestra que las prohibiciones rara vez educan. Pueden limitar temporalmente un comportamiento, pero difícilmente desarrollen criterio, autonomía o responsabilidad. El verdadero desafío no consiste en mantener a los adolescentes alejados de las pantallas hasta determinada edad, sino en prepararlos para cuando inevitablemente ingresen a ese universo, ya que tarde o temprano lo harán.
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Las redes sociales ya no son solamente espacios de entretenimiento, son ámbitos donde los jóvenes se informan, donde construyen identidad, generan vínculos y configuran buena parte de su vida social. Excluirlos completamente de ese ecosistema posterga el problema, pero no lo resuelve.
Además, los adultos estamos con el teléfono en mano todo el día. Entonces, ¿cómo los convencemos para que no les llame la atención?
Prohibir puede reducir un riesgo, pero no enseña a vivir en el mundo digital. Entonces, educar sigue siendo una tarea insustituible. Y así como en la escuela enseñamos educación vial antes de que un adolescente conduzca un automóvil, nadie imaginaría resolver los siniestros viales prohibiendo los autos. Sin embargo, frente al mundo tecnológico muchas veces creemos que la única respuesta posible es “cerrar la puerta” para que no miren lo que ocurre allí dentro.
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En realidad, el verdadero problema es haber llegado tarde con la educación digital. Y, mientras los algoritmos aprendieron a captar la atención de nuestros hijos con enorme precisión, muchas escuelas todavía discuten si los celulares deben entrar o no al aula; mientras las plataformas perfeccionan mecanismos para prolongar el tiempo de permanencia de cualquiera de nosotros -adultos y jóvenes-, pocos adolescentes comprenden cómo funcionan esos algoritmos, qué hacen con sus datos personales o por qué ciertos contenidos aparecen una y otra vez.
En los talleres con adolescentes suelo preguntarles qué saben sobre los filtros de Instagram, la edición de imágenes o el modo en que los algoritmos seleccionan lo que aparece en sus pantallas. La mayoría se sorprende con la pregunta porque desconocen algunas artimañas del sistema. Han aprendido a “estar” en las plataformas, pero no comprenden cómo funcionan.
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La alfabetización de estos tiempos ya no consiste solamente en aprender a leer y escribir textos, también implica aprender reconocer manipulaciones, identificar desinformación, gestionar la atención, proteger la privacidad y comprender que detrás de cada pantalla existen intereses económicos que compiten por uno de los recursos más valiosos de nuestro tiempo, que es nuestra capacidad de atención.
Ahora bien, hay una necesidad urgente y es regular. Las plataformas deben asumir mayores responsabilidades y los Estados deben exigir mecanismos efectivos de verificación de edad, transparencia algorítmica y protección de los derechos de niños y adolescentes.
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Pero ninguna ley reemplazará aquello que solo puede construirse desde la educación. Las familias necesitan acompañar y controlar, las escuelas enseñar ciudadanía digital como enseñan historia o matemática, los docentes requieren formación específica para comprender un territorio que cambia permanentemente y los propios adolescentes deben convertirse en protagonistas de una cultura digital más consciente.
Quizás el mayor riesgo sea creer que una prohibición nos libera de la responsabilidad de educar. Sin embargo, cuando cumplan 15 años, el mundo digital no desaparecerá, sino que ingresarán sin entrenamiento a un espacio que lleva años moldeando formas de pensar, de sentir y de relacionarse. Si un adolescente desconoce cómo se construye aquello que consume, la respuesta no puede ser simplemente impedirle usar un dispositivo.
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La verdadera protección consiste en darle herramientas para comprender, cuestionar y decidir con autonomía. No necesitamos adolescentes con menos acceso, sino con capacidad de decidir. Y esa diferencia no la produce una ley, sino que la produce la educación.
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