Ley de Tierras y soberanía: que el amor a la Patria no se reduzca a festejar un gol

En estos días en que el paisaje cotidiano se viste de los colores de nuestra bandera, del amado celeste y blanco que nos identifica, sentimos el orgullo de ser argentinos. Miramos más lo común que lo propio. Nos abrazamos con algún desconocido ante un gol de Messi, comentamos en la calle, el trabajo, el comercio, alguna jugada, alguna magia. Nos tornamos un poco más comunicativos, ante el sueño de lograr “la cuarta”…

Es en este contexto nacional que se desarrolla este debate acerca de la soberanía de nuestro territorio, de nuestra tierra, de nuestros bienes naturales, de nuestra bella y frágil biodiversidad.

Hasta ahora, con la ley vigente, existe un tope a la apropiación extranjera del 15 % jurisdiccional y de 1000 hectáreas en zonas núcleo (de alto valor productivo). A su vez, la ley actual prohíbe la titularidad o posesión extranjera de tierras que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua que estén ubicados en zonas de seguridad de frontera.

El nuevo proyecto en debate abriría la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras estratégicas como las vinculadas al petróleo, la minería, los glaciares, las nacientes de los ríos, etc.

Ante la ilusión de futuras inversiones extranjeras, resulta imperioso reconocer que esto no implica necesariamente un verdadero desarrollo para nuestra nación. Como afirma el Papa León XIV en su reciente encíclica: “La idea de desarrollo humano integral encuentra hoy un criterio decisivo de verificación en la ecología integral, convertida en una dimensión imprescindible de la Doctrina Social de la Iglesia. La calidad del desarrollo, de hecho, se mide por su capacidad de mantener unidos, sin separar, la justicia hacia las personas y la custodia de la Casa común, favoreciendo condiciones de vida digna, acceso a los bienes necesarios, relaciones sociales justas, cuidado de la creación y atención a las generaciones futuras. De ahí se sigue que no es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos degradando los ecosistemas, descargando costos sobre las comunidades más vulnerables o comprometiendo las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros” (MH 84).

Repito lo que comunicamos los obispos hace unos días: creemos que este proyecto de ley atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse.

Así lo afirmó León XIV en la Magnifica Humanitas: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes” (MH 65).

No estamos despreciando la propiedad privada. La defendemos y la cuidamos. Pero la queremos para todos y no para algunos. Abogamos y soñamos para que todos puedan tener un título en sus manos, para poder trabajar la tierra con seguridad, con respeto al ecosistema, con responsabilidad ecológica y humana, con justicia intergeneracional, como nos recuerda León en su reciente encíclica:

“Existe un derecho a la propiedad privada que tiene su sentido y su función propia, pero siempre subordinado al destino universal de los bienes. La tradición de la Iglesia ha visto en la propiedad un medio para custodiar y administrar los bienes de manera que puedan servir mejor al bien común. Dado que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada, su función social debe ser considerada como una doctrina cierta de la Iglesia, ya presente en las Sagradas Escrituras y en los Padres” (Magnifica Humanitas 66).

No estamos contra la propiedad privada. La valoramos no como un bien absoluto, sino relativo. ¿Relativo a qué? A la dignidad humana. Lo que es inviolable es la dignidad de cada persona. Lo que está en juego con esta ley es el principio del destino universal de los bienes, el reconocimiento de la función social de la propiedad y la ecología integral. Principios de la Doctrina Social de la Iglesia que nos desafían a que nadie quede afuera del “partido” de la vida, para que todos puedan tomar parte y no la miren desde afuera.

Cuando limitamos la compra de tierras, estamos valorando este espacio vital, para que más hermanos puedan disfrutar de este bien, especialmente los que las poblaban antes de nosotros. Pocas tierras en muchas manos y no muchas tierras en pocas manos.

Cuando decimos tierra, decimos vida, cultura, aire, suelo, agua, caricia de Dios. Nosotros mismos somos, en palabras del gran Atahualpa Yupanqui, tierra que anda. No estamos afuera, somos parte. Como decía el Papa Francisco en la Laudato si’: “Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados” (LS 139). No somos dioses, ni dueños de la creación, “la tierra nos precede y nos ha sido dada” (LS 67). Limitar el acceso a la compra de tierras es abrir el juego a todos, es abrazar nuestra soberanía, es reconocer una única Argentina, equitativa, para todos y no sólo para algunos.

Como lo expresamos desde la Pastoral Social, Caritas y la Pastoral Aborigen, este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros. La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico. Como nos recuerda el Papa Francisco en la Encíclica Laudato si’, la tierra es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija. De ella provienen los alimentos, el agua, las semillas, los paisajes y las múltiples formas de vida que hacen posible nuestra existencia. Cuidar la tierra es cuidar la vida. Para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro. En ella se construyen vínculos, saberes, formas de trabajo y modos de habitar el mundo que se transmiten de generación en generación.

Todavía seguimos lamentando las consecuencias de los recientes incendios en la Patagonia y en tantas otras regiones del país, con su pérdida irreparable de bosques nativos, fauna, biodiversidad, casas de pobladores, que se tuvieron que organizar para enfrentar semejante catástrofe y para prevenir en el futuro nuevos focos ígneos. A pesar de todo esto, no escarmentamos. Este proyecto de ley habilitaría la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba vedado. Se propone eliminar las restricciones para cambiar el uso del suelo tras los incendios, derogando los artículos que actualmente lo prohíben por 30 a 60 años, en áreas incendiadas ya sean zonas rurales o bosques nativos. Volvemos nuevamente a la posibilidad de urbanizar, forestar o desarrollar proyectos productivos en zonas quemadas. Esto puede incentivar incendios intencionales.

Cuando la tierra se degrada, se concentra en pocas manos o se transforma únicamente en objeto de especulación, no sólo se pierde este bien común, se ponen en riesgo formas de vida, relaciones comunitarias y patrimonios culturales. Como creemos que sucede con el Paraná que es, ante todo un río, y no una simple “hidrovía” o corredor comercial…

Que el amor a nuestra patria no quede reducido a festejar un gol o a levantar con orgullo una copa, sino que nos comprometa a cuidar la soberanía como lo hicieron Güemes, San Martín, Belgrano, y tanta gente anónima de corazón grande y patriótico.

Mientras nos disponemos con ansias a recibir la visita del Papa León XIV, deseamos acogerlo como pueblo argentino, no sólo con banderas ni con cara de estampita, sino con leyes que acojan las enseñanzas humanistas de su reciente encíclica y una mayor responsabilidad en la ecología integral, cuidando con más decisión nuestra Casa Común.

[El autor es obispo de la Iglesia Católica en Chascomús, miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social – Área de Ecología Integral. Este texto reproduce su intervención en la Cámara de Diputados de la Nación el 24 de junio de 2026]