Estados Unidos exigió la liberación inmediata e incondicional de ocho allegados al líder indígena miskito Brooklyn Rivera, fallecido el 30 de mayo mientras permanecía bajo custodia del régimen de Nicaragua. La solicitud fue emitida por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, la cual calificó a la administración nicaragüense liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo como una “dictadura”.
“La dictadura debe liberar a estas ocho personas restantes de forma inmediata e incondicional”, reclamó a través de su cuenta oficial en X la dependencia estadounidense. Washington recordó que “la dictadura Murillo-Ortega permitió que Rivera, exdiputado y presidente del partido Yatama, muriera bajo su custodia” tras estar en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023.
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La oficina del Departamento de Estado señaló que el régimen nicaragüense continúa reteniendo a ocho personas “simplemente por pedir que los restos de Rivera fueran devueltos a su familia y a su comunidad”. “El duelo no es un delito. Exigir dignidad para los fallecidos no es un delito”, añadió el mensaje, que fue compartido por la Embajada de EEUU en Managua.
Brooklyn Rivera, de 73 años, encabezaba el partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama) y era considerado una de las voces más representativas de la Costa Caribe nicaragüense. Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023 y falleció el 30 de mayo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, donde había ingresado el 7 de marzo por complicaciones respiratorias.
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Según expertos de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, los ocho allegados de Rivera habrían sido víctimas de desaparición forzada cuando intentaron reclamar sus restos. En febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio calificó a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, de “enemigos de la humanidad” y sostuvo que el régimen sandinista “se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia donde básicamente han tratado de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen”.
En los últimos siete años, al menos nueve opositores han muerto bajo custodia estatal en Nicaragua, entre ellos el general retirado Humberto Ortega, hermano menor del presidente, y el ex guerrillero Hugo Torres, quien fue viceministro del Interior durante el primer gobierno sandinista y arriesgó su vida en 1974 para liberar de prisión al actual mandatario.
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Desaparición forzada en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el pasado 25 de junio medidas cautelares a favor de Ricardo José Mendoza Irigoyen, ciudadano nicaragüense de 64 años, detenido de forma arbitraria el 23 de enero y actualmente en condición de desaparición forzada, según informó el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua.
En un comunicado, la organización precisó que la CIDH adoptó la resolución tras determinar que Mendoza Irigoyen “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, que ponen en riesgo su vida e integridad personal en Nicaragua”. La solicitud, presentada por el Colectivo, indica que fue arrestado por agentes estatales en el primer mes del año durante un operativo en su vivienda en la zona de carretera sur, en Managua.
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De acuerdo con información pública, Mendoza Irigoyen no pertenecía a ningún partido político ni participó en manifestaciones o actividades partidarias.
Desde el momento de la detención, los familiares no recibieron información sobre su paradero, pese a gestiones de búsqueda ante distintas autoridades estatales. La CIDH requirió al Estado nicaragüense determinar su ubicación, informar si permanece bajo custodia estatal y permitir el acceso de familiares y representantes legales, según relató el Colectivo con sede en San José.
La organización señaló que la CIDH no obtuvo respuesta oficial del Estado de Nicaragua sobre la solicitud de información realizada en el proceso de medidas cautelares. Frente a esta situación, la Comisión pidió al régimen adoptar acciones inmediatas para determinar la situación y paradero de Mendoza Irigoyen, precisar si está bajo custodia estatal, informar sobre las condiciones y circunstancias de su detención, revelar el lugar de reclusión y garantizar el acceso de sus allegados.
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(Con información de EFE)
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