Demostrada la inviabilidad de dolarizar la economía, tal como había prometido Javier Milei durante la campaña electoral -cuando aseguró que ya disponía de USD 10.000 millones para ese fin-, surge la urgencia de considerar una alternativa de política monetaria, o más precisamente, de sistema monetario. Al ser electo presidente, Milei anunció que Emilio Ocampo asumiría la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la misión de dolarizar y cerrar la entidad.
No me opongo a la dolarización; de hecho, he publicado artículos en este medio respaldando esa opción. Junto con Jorge Ávila, organizamos en Ucema dos debates (en 2018 y 2019) sobre la conveniencia o no de dolarizar, y junto con Alejandro Estrada coincidimos entonces en los argumentos a favor. En aquel momento, la posibilidad era viable.
El problema es que durante la campaña de 2023 el BCRA no contaba con los dólares necesarios para rescatar ni la base monetaria ni, mucho menos, los pasivos remunerados.
Hoy, el Banco Central de la República Argentina actúa prácticamente como una Secretaría del Ministerio de Economía y carece de una política monetaria definida. Se han aplicado diversos cambios en la política de encajes bancarios y cambiaria.
Hoy, el Banco Central de la República Argentina actúa prácticamente como una Secretaría del Ministerio de Economía y carece de una política monetaria definida
La necesidad de una definición de largo plazo en materia de política monetaria resulta evidente. Descarta la opción de dolarizar; corresponde avanzar hacia dos medidas fundamentales: por un lado, quitarle el curso forzoso al peso y permitir que las transacciones entre particulares se realicen en la moneda que acuerden (dólares, francos suizos, euros, etc.); por otro, dictar una nueva ley orgánica para el Banco Central.
Comparaciones internacionales
A diferencia de Argentina, donde la rotación de autoridades monetarias suele estar atada al ciclo político, la Reserva Federal de Estados Unidos cuenta con un directorio de siete miembros con mandatos escalonados de 14 años, mientras que su presidente dura cuatro años y puede ser reelegido.
En Europa, el Banco Central Europeo funciona con una estructura colegiada: el Comité Ejecutivo cuenta con seis miembros (presidente, vicepresidente y cuatro vocales) con mandatos de ocho años no renovables y el Consejo de Gobierno suma a los presidentes de los bancos centrales de los países integrantes del euro.
Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo han diseñado estos marcos institucionales para asegurar independencia y previsibilidad en la conducción de la política monetaria, en marcado contraste con modelos más expuestos a la discrecionalidad gubernamental.
En cambio, las autoridades del Banco Central de la República Argentina presentan una situación institucional, en términos comparados, débil. Aunque la Carta Orgánica establece mandatos formales de seis años para presidente y directores, en la práctica la actual conducción, encabezada por Santiago Bausili, fue designada “en comisión”, es decir, por decreto del Poder Ejecutivo y pendiente del acuerdo del Senado.
Aunque la Carta Orgánica del BCRA establece mandatos formales de seis años para presidente y directores, en la práctica la actual conducción, encabezada por Santiago Bausili, fue designada “en comisión”
Todo el directorio se encuentra en esa condición: su continuidad depende de la voluntad política del Gobierno y no de mandatos consolidados. Además, en 2025 el Ejecutivo prorrogó designaciones bajo este esquema hasta 2031, nuevamente sin aprobación legislativa definitiva.
Mientras que los esquemas de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo buscan blindar la estabilidad y autonomía de sus autoridades a través de reglas y plazos prolongados, en el BCRA predominan los nombramientos precarios y fácilmente reversibles, lo que restringe su independencia ante los cambios de ciclo político.
Propuestas para una nueva institucionalidad y control del financiamiento
La nueva carta orgánica del Banco Central debería fijar un mandato de seis años para la presidencia y adoptar el mismo criterio que la Reserva Federal para los nombramientos de directores. Todos los cargos deberían ser propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado mediante mayoría simple.
Una reforma de fondo implicaría eliminar el artículo 20 actual, que permite los llamados “adelantos transitorios” al Gobierno nacional hasta un tope equivalente al 12% de la base monetaria -integrada por circulación monetaria y depósitos a la vista en cuentas del Banco Central-, así como adelantos adicionales de hasta el diez por ciento de los recursos obtenidos en el último año. El texto prevé plazos para su devolución y condiciones adicionales excepcionales, ampliando los márgenes en situaciones justificadas desde el punto de vista económico. Esta práctica debe ser eliminada: el Banco Central debe tener prohibido financiar al tesoro, de modo análogo a la Reserva Federal.
Una reforma de fondo implicaría eliminar el artículo 20 actual, que permite los llamados “adelantos transitorios” al Gobierno nacional hasta un tope equivalente al 12% de la base monetaria
Sin margen para otra convertibilidad ni posibilidad real de dolarizar, la alternativa es aprobar una nueva Carta Orgánica del BCRA que otorgue independencia a la entidad respecto del poder político, prohíba cualquier financiamiento al tesoro y establezca competencia monetaria.
Existen otros aspectos de la normativa a revisar, pero como mínimo, el Poder Ejecutivo debería enviar al Congreso de la Nación un proyecto de nueva Carta Orgánica, para que la entidad abandone la inestabilidad que arrastra en su constitución actual.
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