La discusión sobre la eutanasia volvió a ocupar la agenda pública en Argentina. Su futuro dependerá de la capacidad del sistema sanitario, de los legisladores y de la sociedad en su conjunto para colocar en el foco a los más vulnerables, en un país donde menos del 14% de quienes necesitan cuidados paliativos acceden efectivamente a ellos.
Actualmente, la “Ley de Derechos del Paciente” y la llamada “Ley de Muerte Digna” -un término ambiguo que no expresa bien su contenido- garantizan la autonomía del paciente para aceptar o rechazar tratamientos y promueven la adecuación terapéutica según la evolución de cada enfermedad. Estas leyes no autorizan la eutanasia, procedimiento que implica la administración directa al paciente de una sustancia que provoca su muerte, realizada por un profesional con su consentimiento.
Sin embargo, se habla mucho de eutanasia y poco de las herramientas eficaces que hoy existen para aliviar el sufrimiento, que están contempladas por una tercera norma, que no se cumple del todo. Si bien desde 2022 Argentina cuenta con una Ley Nacional de Cuidados Paliativos (27.678), aún hay un camino por recorrer para que se traduzca en acciones concretas que garanticen el derecho al alivio del dolor.
Los cuidados paliativos son una rama de la medicina cuyo objetivo es aliviar el padecimiento causado por enfermedades graves, a través del abordaje interdisciplinario que se brinda tanto al paciente como a su familia en el proceso de enfermedad. Pero la implementación de la normativa al respecto es insuficiente: sólo seis provincias adhirieron y el presupuesto 2026 no contempla acciones ni recursos específicos.
Por lo tanto, el debate sobre el deseo de morir debe centrarse en el sufrimiento de los pacientes, la falta de implementación de los cuidados paliativos y la necesidad de un debate legislativo profundo. El máximo de muertes por eutanasia no supera el 3%. El 97% restante necesita buenos cuidados paliativos, pero la mayoría sufre innecesariamente.
La aprobación de una ley de eutanasia en Argentina modificaría sustancialmente la práctica médica. Se presenta como una solución rápida ante una formación deficitaria para abordar el sufrimiento de los pacientes con enfermedades avanzadas.
Sociedades como la Asociación Médica Mundial y la American Medical Association rechazan esta práctica y alertan sobre los riesgos. La aceptación varía según la cultura: en Canadá, hubo 15.343 muertes por eutanasia en 2023; en California, 884. Pese a ello, pocos médicos participan activamente.
Estas prácticas se solicitan principalmente en pacientes con cáncer avanzado y, en menor medida, con patologías neurológicas, demencias o trastornos psiquiátricos. Sin embargo, con una atención integral, ese deseo de morir varía con el tiempo y lo más frecuente es que desaparezca.
Es por eso que fortalecer los cuidados paliativos, formar a los equipos de salud y garantizar un acompañamiento digno son pasos indispensables para construir políticas responsables y sostenibles.
En un país donde la mayoría de los pacientes siguen sin acceso real a cuidados paliativos, el debate sobre la eutanasia interpela a toda la sociedad. Más que una discusión técnica o legislativa, se trata de decidir qué tipo de acompañamiento queremos garantizar a quienes atraviesan el final de la vida.
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