
Las sociedades no recuerdan ni interpretan su pasado histórico de la misma manera. Con el tiempo, algunas lo olvidan. Otras lo discuten durante décadas. En ciertos casos se vuelve un clivaje político permanente que divide generaciones. Y solo en pocos lugares logra consolidarse un acuerdo social amplio sobre lo que ocurrió. A cincuenta años del golpe militar de 1976, Argentina parece haber recorrido este último camino. La imagen positiva de la última dictadura ronda apenas el 7% y la mayoría de la sociedad define ese período como un sistema de desaparición y violación de derechos humanos. Son números que no se explican solos.
Para entender qué tan excepcionales son, hay que salir del país por un momento, no para buscar modelos sino para tomar perspectiva y calibrar. Las sociedades que atravesaron dictaduras en el siglo XX no procesaron ese pasado de la misma manera, y esas diferencias dicen algo importante sobre lo que Argentina construyó y, también, sobre lo que puede perder. España es quizás el caso más estudiado. El franquismo duró casi cuatro décadas, tiempo suficiente para moldear instituciones, cultura y educación. La transición democrática de los setenta eligió no revisar el pasado a cambio de estabilidad política. Durante años funcionó. Las consecuencias llegaron después. Hoy, alrededor del 15% de los españoles tiene una imagen positiva del régimen de Franco, y entre los jóvenes una proporción significativa admite que, en ciertas circunstancias, un régimen autoritario podría ser preferible a la democracia. No es una reivindicación activa. Es algo más difuso y más difícil de combatir: un pasado que se volvió borroso, desconectado de experiencias biográficas, disponible para quien quiera resignificarlo cuando la democracia decepciona.
El caso chileno muestra otra posibilidad: que una dictadura no se olvide ni se condene, sino que se convierta en una línea divisoria política con notable vigencia. Actualmente un tercio de los chilenos justifica el golpe de 1973 y una proporción relevante valora a Pinochet como modernizador económico. Es una de las razones por las cuales el pinochetismo funciona hoy como una identidad política, no solo como recuerdo histórico. Frente a esos dos casos, Argentina es una anomalía. Siete de cada diez argentinos dicen saber mucho o algo sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983. A diferencia de España, la memoria no se volvió borrosa. A diferencia de Chile, no se convirtió en trinchera. La dictadura funciona como un punto de acuerdo amplio, por encima de las divisiones partidarias. ¿Por qué? La respuesta no está solo en la historia. Tal vez está en lo que se hizo con ella.
A diferencia de España y Chile, Argentina construyó uno de los procesos de justicia transicional más conocidos del mundo. El juicio a las Juntas en 1985 fue un hito sin precedentes en la región y referencia ineludible a nivel global. Los juicios por crímenes de lesa humanidad que se retomaron en los 2000 no tienen equivalente en la región. Pero la justicia no estuvo sola. La acompañaron políticas de memoria: la escuela, los organismos de derechos humanos, los sitios de memoria, la producción cultural y los rituales públicos construyeron una visión compartida que no depende exclusivamente de la experiencia biográfica directa. La mayoría de los argentinos no tuvo un familiar desaparecido. La memoria es, en gran medida, aprendida y transmitida. No solo vivida. Y eso, lejos de debilitarla, parece haberla vuelto más estable. El mayor riesgo para la memoria argentina no viene de quienes niegan la dictadura. Viene de quienes la recuerdan, pero con matices. Junto al núcleo condenatorio sólido, los datos muestran una zona gris minoritaria pero persistente. Alrededor de un cuarto de la sociedad interpreta el período como una lucha contra el terrorismo en la que hubo excesos, expresa dudas sobre la cifra de desaparecidos o acuerda con frases como “si no estabas en nada raro, no te pasaba nada”. No es una reivindicación abierta ni una negación frontal. Es algo más sutil y más eficaz: el relativismo como forma contemporánea del negacionismo.
No niega los crímenes, los contextualiza. No reivindica el autoritarismo como proyecto, pero lo convierte en punto de comparación implícito cuando la democracia defrauda. No busca reescribir el pasado de manera frontal. Busca volverlo discutible. El riesgo democrático argentino hoy tal vez no sea el olvido o un golpe de Estado. Es algo más difícil de combatir: una democracia que se va vaciando por dentro, reducida a su dimensión procedimental, donde el orden pesa más que los derechos y las formas importan más que el contenido. No es un quiebre. Es una erosión.
Las efemérides invitan a mirar hacia atrás. La comparación obliga a mirar hacia adelante. Porque las memorias del autoritarismo no hablan solo del pasado. Hablan del tipo de democracia que una sociedad está dispuesta a sostener, incluso cuando la democracia deja de ser cómoda.
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