El agotamiento del orden internacional: derecho, justicia y el avance de un nuevo tiempo de acción

Durante gran parte del siglo XX y lo que va del XXI, el orden internacional se sostuvo sobre una premisa que hoy muestra signos evidentes de agotamiento: la idea de que los grandes conflictos, las dictaduras prolongadas y las violaciones sistemáticas de derechos humanos podían ser contenidas —o eventualmente revertidas— mediante declaraciones, resoluciones y pronunciamientos de organismos internacionales. Esa arquitectura, que en su origen pretendió evitar nuevas catástrofes globales, terminó convirtiéndose en un sistema incapaz de intervenir cuando más se lo necesitaba.

El balance es contundente. Décadas de comunicados no evitaron dictaduras. Informes exhaustivos no frenaron la represión. Condenas diplomáticas no impidieron que élites gobernantes se enriquecieran obscenamente mientras sus pueblos descendían a niveles de miseria incompatibles con la dignidad humana. El derecho internacional institucionalizado no fracasó por falta de diagnóstico; fracasó por falta de acción.

Venezuela y Cuba son ejemplos extremos, pero no aislados. En ambos casos, el discurso internacional convivió durante años con realidades insoportables: sistemas políticos cerrados, persecución de la disidencia, destrucción del tejido social y un empobrecimiento estructural que expulsó a millones de personas de sus países. Mientras tanto, quienes detentaban el poder acumulaban fortunas, privilegios y blindajes políticos que parecían intocables.

Ese contraste expone la verdadera crisis: la distancia entre el derecho declamado y la realidad vivida por los ciudadanos. La soberanía, concebida como principio protector, fue utilizada como excusa para la inacción. La no injerencia se transformó en una coartada elegante para tolerar abusos que, de haberse producido en otros contextos, habrían generado respuestas inmediatas.

En los últimos meses, sin embargo, algo cambió. No se trata de un ajuste técnico ni de una reinterpretación académica del derecho internacional. Se trata de un quiebre de época. Un desplazamiento desde el mundo de las resoluciones hacia el mundo de los hechos. Desde la espera eterna hacia la acción directa.

Este nuevo escenario no responde a consensos multilaterales ni a largas negociaciones. Responde a una lógica distinta, propia de un cambio de era. Una lógica donde la fuerza —incluida la fuerza militar— reaparece como herramienta central para desarticular estructuras de opresión que el derecho internacional fue incapaz de desmontar.

La trama regional entre Venezuela y Cuba ilustra este agotamiento. Durante años se sostuvo una narrativa de cooperación que encubrió una relación profundamente asimétrica y funcional a la perpetuación del poder. Recursos a cambio de control. Influencia política a cambio de financiamiento. Mientras las cúpulas gobernantes se protegían mutuamente, las poblaciones quedaban atrapadas en sistemas cerrados, sin acceso real a salud, educación, alimentos o libertad.

Hoy, ese entramado comienza a resquebrajarse. La pérdida de recursos, la exposición de redes de complicidad y el cambio en el equilibrio regional colocan especialmente a Cuba frente a un escenario inédito. Sin el sostén económico que durante años garantizó su supervivencia política y con una sociedad exhausta, el régimen enfrenta un desafío que ya no puede resolverse con discursos ni promesas.

A este escenario se suma ahora un interrogante de enorme relevancia jurídica y política: si el ex mandatario venezolano, actualmente sometido a proceso penal en los tribunales de Nueva York, optará por algún tipo de colaboración judicial. No puede descartarse que intente aportar información, documentación o pruebas concretas a cambio de eventuales beneficios procesales. De ser así, el impacto podría exceder ampliamente su situación personal y proyectarse sobre toda la región, al quedar expuestas las redes de financiamiento, complicidades políticas y apoyos estatales que durante años se beneficiaron del narcoestado venezolano. La eventual identificación de dirigentes, gobiernos y estructuras que recibieron fondos, asistencia o respaldo económico abriría una etapa completamente nueva en la responsabilidad política y jurídica latinoamericana.

Este punto marca el núcleo del cambio de era. Durante demasiado tiempo, el sistema internacional privilegió la estabilidad formal por sobre la justicia material. Defendió reglas mientras ignoraba consecuencias. Hoy, esa lógica parece haber colapsado.

Estamos, finalmente, ante el cierre de una etapa histórica. El mundo que confiaba en que las palabras bastaban para frenar la opresión ha quedado atrás. El que se abre ahora es incómodo, áspero y conflictivo, pero responde a una realidad que ya no admite dilaciones.