Punto y banca

El Gobierno encara el final de un 2025 que se cierra de una manera inesperada para un proyecto que hasta hace pocos meses parecía naufragar inexorablemente y que hoy, tras la inédita y oportuna asistencia de los Estados Unidos en los momentos más críticos y la contundente victoria electoral, luce la musculatura política, el liderazgo reforzado, y el volumen parlamentario del que careció durante los dos primeros años.

Superados obstáculos que en su momento parecían insalvables y con el espaldarazo del electoral, comienza la hora de transformar ese shock de legitimidad y expectativas en resultados concretos en diversos frentes. Por lo pronto, en lo que queda del siempre tórrido diciembre, y en un clima de inusitada calma en un mes que suele ser de alto voltaje para cualquier gobierno, es la hora de aprobar los primeros exámenes en el renovado Congreso: el Presupuesto 2026 y la ambiciosa reforma laboral.

El proceso que el oficialismo quiere impulsar de modo exprés desde la próxima semana, que incluiría la sanción definitiva del primer presupuesto de la era Milei y el avance en la cámara alta de la reforma laboral, no solo pondrá a prueba el nuevo dispositivo del poder del oficialismo (liderado por la empoderada Karina) y la capacidad de Martin Menem y Patricia Bullrich para manejar los tiempos y contar los porotos en ambas cámaras, sino que dejará en evidencia también el alcance, la profundidad y el costo del tan promocionado acercamiento con los gobernadores.

Es que los mandatarios provinciales serán claves no solo para la aprobación del Presupuesto -que estaría más encaminado- sino también para la ley de “modernización” laboral. Aquí es donde la aritmética del oficialismo precisa de alta precisión y prolijidad para evitar errores de cálculo, tanto por heridas autoinfligidas en razón de internas como por mala praxis en la construcción de acuerdos y consensos.

Habrá que ver también los “ganadores” y “perdedores” de un acuerdo que, según parece indicar, no incluye a todos los gobernadores convocados oportunamente por el Ejecutivo. Y, sobre todo, cómo se reconstruye el vínculo con quienes no reciban contraprestación alguna por su apoyo a las iniciativas. Hablamos de recursos de manejo discrecional de la Nación, siempre renuente a aumentar el gasto, más aún en un contexto donde Caputo dibuja por estas horas las cuentas para poder cumplir con el objetivo fiscal pactado con el FMI y no tener que pedir un tercer waiver al organismo.

Pronto se develará también otro interrogante: si el acuerdo incluye a ambas iniciativas en discusión durante estas semanas, o si las negociaciones con los mandatarios van por cuerda separada. La gestión de los potenciales heridos será, cualquiera sea el caso, central, ya que la agenda de reformas tendrá en 2026 otros capítulos relevantes.

Pasando a la reforma laboral, y como una evidencia más de este particular e inédito contexto favorable que ostenta Milei, cuesta encontrar antecedentes de un gobierno que esté -a priori- ante la posibilidad de avanzar en este frente con tan poca resistencia, más allá de que la CGT se opone a varios de los aspectos del proyecto que debilitan el poder sindical, que convocó a una medida de fuerza, y que muy probablemente judicializará la ley.

Es que la discusión no solo se da en el contexto de un gobierno empoderado y revitalizado por el respaldo electoral, sino ante un peronismo que atraviesa una de sus peores crisis de las últimas décadas, una oposición no peronista que oscila entre la integración al oficialismo y la intrascendencia, y un sindicalismo que no escapa a la crisis de la dirigencia tradicional y que para muchos es una representación cabal de la “casta”. En este marco, con los bloques justicialistas diezmados, con legisladores sindicales que -a diferencia de en otros períodos- son una rara avis, y con una capacidad de ejercer presión a través de la protesta bastante disminuida.

Lo cierto es que ante este panorama en el que los astros parecen haberse nuevamente alineado en favor del Gobierno, el riesgo para un presidente adicto a las actitudes auto celebratorias, a la euforia triunfalista, a las conductas megalómanas y visiones totalizantes, es siempre el mismo: sobredimensionar los apoyos, minimizar los riesgos, adjudicarse victorias anticipadas, no reconocer errores, subestimar necesidades y urgencias de los ciudadanos de a pie, y procrastinar en lo que respecta a decisiones que no pueden esperar mucho más.

Interrogantes que se amplifican en un contexto en el que ya no solo la economía real aún no ha recibido un impacto positivo que permita avizorar mejores tiempos, sino que ni siquiera la estabilización macroeconómica resolvió aún elementos críticos como la situación de las reservas en rojo, el atraso cambiario, las altas tasas de interés, el riesgo país, o la deuda. Incluso la inflación, el gran activo del Gobierno, viene en una subiendo desde mayo, llegando no solo al 2,5%, sino mostrando una inflación núcleo que no cede y un mayor impacto en los precios de la canasta básica alimentaria.

Así las cosas, ante un camino en el que el gobierno juega con todas las cartas y es punto y banca a la vez, cabe preguntarse si la estabilización macroeconómica -aunque aún con desafíos pendientes- alcanzará para impulsar un crecimiento económico que impacte en los golpeados bolsillos de los ciudadanos y genere empleos que ya comenzaron a sufrir las consecuencias de la recesión, sobre todo, si Milei cree realmente que no será necesaria una política productiva planificada desde el Estado cuando las reformas reconviertan la matriz productiva y generen competitividad ante la liberación de las fuerzas del mercado sin obstáculos ni intervenciones del Estado.