El crimen organizado en los barrios populares es un problema de derechos humanos

Los detalles de los femicidios de Brenda, Morena y Lara a manos de un grupo dedicado al narcotráfico nos sacudieron a todos. Pero esta violencia es la versión más extrema de algo que ocurre todos los días en muchos barrios populares, y que ya no podemos seguir naturalizando. En esas zonas, las bandas de narcomenudeo se transforman en una estructura de poder que decide sobre aspectos de la vida de las personas. Por eso no se trata sólo de un asunto criminal. Es un problema de derechos humanos que profundiza la desigualdad.

En un contexto general de bajos niveles de homicidios, éstos se concentran especialmente en algunas zonas geográficas, que suelen coincidir con áreas de actividad de grupos del crimen organizado. El problema es más amplio, no radica solo en los asesinatos. En determinados momentos, las balaceras detienen la vida cotidiana del barrio. No se puede ir a tomar el colectivo. Las escuelas y los comedores no pueden abrir sus puertas.

En los barrios donde la presencia de estos grupos está más arraigada, hay también síntomas de control territorial. No se puede circular por determinadas zonas, o no se puede hacer uso de espacios comunes (como canchas de fútbol o vóley) sin la autorización de las bandas. Es evidente que nada de esto sería tolerado en otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en las zonas céntricas del Conurbano bonaerense o de cualquier ciudad. Quienes viven en los barrios populares sufren múltiples desigualdades económicas, de acceso a servicios y recursos. Y además tienen más posibilidades de quedar en medio de un tiroteo o de ser captados para trabajar en alguno de los roles que integran las redes de ilegalidad.

Porque a esta altura hay que tener claro que, a medida que la vida se precariza y que el desmantelamiento del Estado avanza, las oportunidades de negocios para los grupos criminales se expanden. Así ocupan lugares cada vez más relevantes en la vida de estos barrios, lo cual a su vez profundiza su arraigo y comienza a producir una suerte de legitimidad. Generan trabajo, prestan dinero, dinamizan la economía del barrio. También solucionan problemas de salud o de acceso a alimentos, como antes hacían los referentes políticos y las organizaciones sociales. Todo esto colabora para que la violencia que generan se naturalice.

Por eso las soluciones “a todo o nada” son ficticias. La “eliminación del narcotráfico”, “narcotráfico cero”, no son objetivos de una política seria. Todas esas medidas fallaron hasta ahora. La imagen del narcotráfico como una especie de cuerpo extraño que puede ser simplemente extirpado es falsa. Las bandas se instalan gracias a la connivencia de segmentos del Estado (política, policía, justicia), y prolifera por las necesidades de las personas. Así, deja de ser un cuerpo extraño y se transforma en un factor de poder barrial.

No podemos esperar a que suceda otro crimen aberrante para que este tema se instale en la agenda. Tiene que existir un consenso político y social muy amplio, sin grietas ni cálculos electorales, que mande un mensaje claro: no se puede tolerar esta violencia en los barrios populares. Ese es el punto de partida, el acuerdo básico, para iniciar un camino sin dudas complejo y de mediano o largo plazo, porque implica mejorar de manera profunda las condiciones de la vida en estos barrios.