El “socialismo del siglo 21” impuso en las Américas el paradigma de la toma y control indefinido del poder con impunidad con base en la perpetración de todos los delitos que sean necesarios, expandiendo la dictadura de Cuba y su sistema a Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador (liberado). El crimen como sistema para detentar el poder fue instalado como modelo exitoso atacando la seguridad nacional de las democracias, pero ahora presenciamos la posibilidad de cambio al “estado de derecho”.
Un paradigma es un modelo, un ejemplo. En “ciencias sociales, el paradigma es equiparable al concepto de pensamiento de grupo, o mentalidad, como cuerpos de ideas, métodos y asunciones teóricas sostenidos y validados, que incluye una serie de comportamientos, actitudes y creencias”. Lo que el socialismo del siglo 21 logró en las Américas fue “un cambio de los supuestos básicos” —una suplantación— de la libertad, del respeto a los derechos humanos, de institucionalidad política, de la soberanía popular, de la democracia y sus elementos esenciales, por el sometimiento brutal de los pueblos por medio del crimen.
No se trata de una revolución del crimen ni del crimen operando revoluciones, es una “exitosa coartada” de criminales usurpando posiciones, dignidades, inmunidades, representaciones y privilegios, suplantando la soberanía de los pueblos e imponiendo narrativas populistas para la justificación y búsqueda de legalización del delito. Toda una subversión de los principios y valores en que se funda la civilización.
El dinero del petróleo de Venezuela fue la base a la que se agregaron rápidamente la corrupción, siendo emblemático el caso Lava Jato con fondos federales de Brasil controlados por Lula da Silva, el narcotráfico que organizó los “narcoestados”, el terrorismo de Estado o interno contra los pueblos y el internacional, la migración forzada, el crimen común transnacionalizado, la trata de personas, la desestabilización de gobiernos, conspiraciones, extorsiones, protección y re identificación de criminales, entrenamiento terrorista, ataques cibernéticos, creación y difusión de noticias falsas, asesinato de reputaciones y crímenes sangrientos. No hay delito que las dictaduras del socialismo del siglo 21 y sus sistemas hayan dejado de perpetrar.
Controlando el poder político y la representación de los países sometidos impulsaron su agenda internacional de legitimación del crimen. Con discurso antiimperialista hicieron tema de estado la legalización de la cocaína y el narcotráfico, utilizaron la soberanía para proteger sus delitos y delincuentes, presentaron crímenes como justificación de la pobreza mientras llevaban a los pueblos a la miseria, operaron organismos internacionales multilaterales para paralizar la justicia y para garantizarse impunidad, persiguieron líderes democráticos, suplantaron la educación por adoctrinamiento, la prensa libre por propaganda y más.
El paradigma del crimen como sistema para acceder y detentar el poder político indefinidamente y con impunidad, es otro crimen, es un concurso delictivo real, pero ha funcionado por cerca de 25 años y las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y los gobiernos para dictatoriales de Lula de Brasil, Sheinbaum de México, Petro de Colombia y Boric de Chile, lo sostienen. No es un tema político ni ideológico, no se puede reconocer ideología al crimen organizado porque “el crimen es un acto que implica motivos individuales y antisociales que afectan la integridad social”.
La restitución del “Estado de derecho” internacional e interno en las Américas para terminar con el paradigma del crimen organizado en el poder es un imperativo existencial. Los países que subestimaron, ignoraron o consintieron al crimen en el poder político, coexistiendo con él, son víctimas de gravísimas consecuencias que afectan su seguridad interna, estabilidad democrática, economía y desarrollo.
No hay nada que convenir, consensuar o estudiar, solo hay que cumplir. Todo está legislado y son obligaciones internacionales contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional o Convención de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y decenas de acuerdos internacionales.
La nueva política exterior de Estados Unidos se expande por la región con la adhesión creciente y acciones de las democracias y el punto de quiebre está en Venezuela. Del destino del grupo de delincuencia organizada trasnacional que detenta el poder y que ha sido identificado como el “cartel de los soles” depende el final del paradigma del crimen en el poder político.
Está sucediendo y presenciaremos el final del paradigma del crimen en el poder político.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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