El peso de los “acontecimientos”

Julio Aurelio, uno de los pioneros de los estudios de opinión pública y la consultoría política en Iberoamérica, solía alertar sobre lo que definía como “el peso de los acontecimientos”: momentos en que la opinión pública se ve sorprendida por la irrupción de acontecimientos, por lo general no necesaria ni estrictamente económicos, que provocan fuertes reacciones, que modifican o interrumpen un determinado rumbo, o que transforman alguna correlación de fuerzas. Y que, sobre todo, se erigen como “un momento de apertura a lo imprevisible”.

Si el Gobierno había iniciado la semana un tanto abollado por la seguidilla de embates legislativos, con internas que habían vuelto a aflorar ante la incapacidad para poder recrear los apoyos necesarios para blindar los vetos presidenciales y con el “telón de fondo” de la elección bonaerense del 7 de septiembre que plantea un serio desafío ante una potencial derrota que profundice la incertidumbre y la creciente volatilidad en los mercados, un “acontecimiento” inesperado, de alto impacto y consecuencias aún imprevisibles golpeó al oficialismo en la “línea de flotación”.

Si -como ya hemos escrito en repetidas oportunidades- la expectativa libertaria parecía estar cifrada en unas elecciones legislativas de octubre con pronóstico favorable, cuyo resultado -según vaticinaba el propio presidente- sería una suerte de “efecto alineamiento” que disciplinaría la política y despejaría los interrogantes económicos, el escándalo desatado por los audios que revelarían una presunta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad se cierne sobre ese “voluntarista” escenario que Milei imaginaba como el hito para la profundización de su proyecto de cara al segundo tramo de su mandato.

Lo cierto es que, al menos hasta el momento de escribir estas líneas, en las filas del gobierno pareciera primar el desconcierto, la falta de reacción y la imprevisión. Los ecos del manifiesto silencio ante lo que empezó como una revelación mediática y ya se investiga en Comodoro Py, resuenan aún con más fuerza al compararlo con las duras y rápidas reacciones del oficialismo ante otros “acontecimientos” recientes.

Es que ante lo sucedido con el caso del fentanilo contaminado o incluso ante las sucesivas derrotas parlamentarias de las últimas semanas, el Gobierno había evidenciado proactividad para intentar controlar la narrativa y la agenda, procurando instalar los términos y criterios de la discusión política y alimentando a través de diversos voceros oficiales y oficiosos el siempre vital “flujo de la información” que apuntala la explicación de los hechos que se quiere ofrecer a la ciudadanía y que da lugar a otra operación que es crucial a la hora de gestionar una crisis: la “asignación de responsabilidades”.

Tanto frente a la ofensiva opositora en el Congreso Nacional como en el caso de la contaminación de la droga que produjo ya más de 100 muertes en diversas provincias del país, el oficialismo había buscado alimentar la narrativa electoral de la “cruzada” contra el kirchnerismo, tratando de descalificar tanto las jugadas legislativas de la oposición como las acusaciones por la falta de controles sanitarios a “operaciones” electorales del kirchnerismo.

Al intentar colocar estas discusiones bajo el paraguas electoral que hasta hoy parecía sintetizarse en el polémico eslogan de “kirchnerismo nunca más”, el oficialismo parecía confiar en la funcionalidad de está narrativa para conseguir un doble objetivo: a la vez que azuzaba la estrategia polarizadora en el plano electoral, descalificaba políticamente las movidas de la oposición en el Congreso procurando evitar la discusión de los temas de fondo (jubilaciones, discapacidad, emergencia pediátrica, coparticipación o financiamiento educativo) y desviando el foco de atención en el caso del fentanilo del Ministerio de Salud.

Una narrativa que, por cierto, también el presidente y su equipo económico utilizaba profusamente para “explicar” las turbulencias cambiarias y la creciente incertidumbre en los mercados. Una responsabilidad que asignaban al denominado “riesgo kuka”, y que servía tanto para “explicar” la volatilidad económica como para “justificar” algunas medidas poco ortodoxas con el credo libertario como las intervenciones en el mercado del dólar futuro, el alza en las tasas de interés, o las reglas compulsivas respecto a los encajes bancarios con las que el gobierno procuró eliminar el exceso de liquidez que él mismo generó con el desarme de las LEFIS.

Sin embargo, con la revelación del affaire Spagnuolo -que salpica a Karina Milei y a los Menem-, la Casa Rosada parece haber perdido ese control del que se jactaba hasta hace apenas días atrás. Y ello sucede, nada más ni nada menos, que solo a dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y a poco más de dos meses de los comicios legislativos nacionales.

Así las cosas, si bien no solo habrá que esperar para ver si la causa judicial aporta nuevas revelaciones que complejizan aún más el escándalo, sino también ver la magnitud de su impacto en las encuestas y mediciones electorales, lo sucedido parece poner en jaque ya no solo la estrategia electoral del oficialismo sino también la forma de gestionar una realidad cada vez más compleja, cuyos interrogantes y fantasmas lejos estarán de exorcizarse por el solo efecto de las urnas.