Góndolas Vacías y Aulas sin Futuro: el precio del monopolio estatal

El pasado 8 de julio, la Junta Electoral de Nueva York confirmó el sorprendente triunfo de Zohran Mamdani en la interna del partido demócrata para la alcaldía de la ciudad: con el 56 % de los votos superó al exgobernador Andrew Cuomo y alcanzó el mayor número de sufragios registrados en una primaria demócrata para ese cargo. Su victoria consolidó una agenda abiertamente estatista, que incluye transporte público gratuito, congelamiento de alquileres y una propuesta que, pese a su excentricidad, constituye el centro de interés de esta columna: la creación de supermercados administrados por el municipio.

Según describe Corey DeAngelis en una nota del 30 de junio pasado en Reason, el plan de Mamdani contempla que la ciudad de Nueva York financie y administre directamente una red de supermercados públicos, comenzando con al menos cinco por distrito. Estos locales competirían con los comercios privados pero ofrecerían precios regulados y productos subsidiados, especialmente alimentos básicos. La justificación oficial es combatir la “inseguridad alimentaria” y limitar el “poder monopólico de las grandes cadenas”, aunque, como señala DeAngelis, el resultado previsible sería otro: ineficiencia, falta de variedad, costos excesivos y una gestión alejada de las necesidades reales de los consumidores. Es claro que los supermercados estatales no tendrían incentivos para gastar el dinero de manera eficiente ni para responder a las necesidades de los clientes, dado que “los fondos públicos seguirían fluyendo al sistema, ya sea que las góndolas estén llenas o vacías, ya sea que el servicio sea excelente o pésimo”.

La analogía con el sistema educativo es inevitable. En Nueva York, las escuelas públicas reciben aproximadamente U$ 40.000 anuales por alumno, sin importar los resultados. Sin embargo, según el Nation’s Report Card 2024, solo uno de cada cuatro alumnos de séptimo grado alcanza un nivel aceptable en matemáticas. El gasto no asegura ni calidad ni equidad, una lógica demasiado familiar también para nosotros.

En palabras de DeAngelis, en EE. UU.: “Las familias están atrapadas por la asignación escolar según su residencia”. A diferencia de un supermercado estatal, que uno al menos podría evitar, la escuela pública no tiene alternativa real para quien no puede pagar otra opción. Los sindicatos docentes, por su parte, no escapan a su crítica: “Priorizan los intereses de sus miembros por sobre los de los estudiantes o sus familias”. El sistema está diseñado para servir a los proveedores del servicio, no a quienes lo reciben. ¿El resultado? Calidad desigual, estancamiento y falta de responsabilidad.

El camino a seguir no reviste duda alguna y no sólo en Nueva York. Es hora de devolverle a las familias el control sobre la educación de sus hijos. Financiar a las familias en lugar de a las escuelas “permitiría a los padres dirigir los fondos educativos hacia los lugares que mejor satisfacen las necesidades de sus hijos”. Aceptar esa verdad no es cuestión de ideología, sino de sentido común.

En la Argentina, donde el sistema educativo público se encuentra atrapado en el estancamiento y la falta de incentivos, seguir ignorando la necesidad de introducir mecanismos de competencia es condenar a nuestros hijos a un futuro sin oportunidades.

La libertad educativa no es un lujo ni una consigna liberal: es una condición indispensable para garantizar que cada niño, sin importar su origen, acceda a una educación de calidad. Mientras el sistema siga funcionando como un supermercado estatal —cerrado a la elección, sostenido sin rendir cuentas y gobernado por los intereses corporativos de los sindicatos docentes— no habrá verdadera justicia social. Es hora de animarnos a cambiar. Porque si no defendemos el derecho de las familias a elegir, lo que elegimos es perpetuar el fracaso.