El sistema interamericano no puede ser un refugio de impunidad

La confirmación de la condena penal contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema no es solo el cierre de una causa judicial emblemática. Es también una prueba de madurez institucional: el sistema de justicia argentino funcionó, juzgó con garantías, y dictó una sentencia fundada. Lo que debería ser un punto final, el kirchnerismo intenta convertirlo en el comienzo de una nueva ofensiva política.

Lejos de aceptar el desenlace institucional de un proceso legítimo, el kirchnerismo volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir una decisión judicial en un hecho político. El paso siguiente de su estrategia ya estaba anunciado. Se trata de trasladar el caso al plano internacional, buscando impugnar la condena mediante la activación de mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos y otros foros globales.

Lo que pretenden presentar como una defensa jurídica internacional no es otra cosa que una operación política. Una narrativa de “persecución” cuidadosamente diseñada para blindar a la ex presidenta, erosionar la autoridad del Poder Judicial y proyectar deslegitimación institucional a nivel internacional.

Sin embargo, el problema de fondo no es solo político: es jurídico. Porque esta estrategia no puede prosperar. Ni por los caminos que dicen, ni con los argumentos que esgrimen.

Quienes impulsan esta ofensiva sostienen que aún pueden recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte IDH, a organismos de Naciones Unidas e incluso —de manera completamente improcedente— a la Corte Penal Internacional.

Pero ninguno de estos foros tiene competencia para revisar una sentencia firme dictada por la Corte Suprema argentina. Ni la CIDH, ni la Corte IDH, ni la ONU, ni —mucho menos— la CPI están facultadas para anular una condena emitida por un tribunal soberano, en un juicio desarrollado con garantías y sustento probatorio.

El sistema interamericano de derechos humanos fue diseñado para actuar cuando los Estados fallan en su deber de proteger derechos fundamentales. No fue creado como una instancia paralela de apelación para dirigentes condenados. Su intervención es subsidiaria, no supletoria. Está pensada para contextos de colapso institucional, no para democracias que funcionan.

Esto no lo digo yo. Lo sostuvo la propia Corte Suprema argentina en el caso Fontevecchia y D’Amico. Y también lo afirmaron, en 2019, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay en una declaración conjunta: el sistema interamericano debe respetar el derecho de los Estados a que sus propios tribunales resuelvan los conflictos en primer lugar, y debe reconocer el margen de apreciación nacional conforme a sus ordenamientos constitucionales.

A esto se suma una inversión conceptual aún más grave. Quienes promueven esta estrategia plantean que Cristina Kirchner fue víctima de una violación a sus derechos humanos. Pero omiten —o eligen ignorar— que la corrupción estructural también puede constituir una grave afectación de esos mismos derechos. Así lo han sostenido voces relevantes en el ámbito jurídico, como la del jurista Leopoldo Schiffrin. Cuando el Estado es capturado para beneficiar intereses particulares, cuando se direccionan licitaciones, cuando se vacían las cuentas públicas, quienes más sufren no son los poderosos, sino los ciudadanos. Y, sobre todo, los más vulnerables.

El sistema interamericano no puede ser manipulado para blindar a quienes han sido condenados por usar el poder en beneficio propio. Si se lo transforma en un refugio para la impunidad, deja de cumplir su misión original: proteger a las personas frente al abuso del poder. Y empieza a servir, en cambio, a quienes intentan evadir sus responsabilidades mediante afinidades ideológicas, retóricas victimistas y presión internacional.

La justicia argentina funcionó. Hubo proceso. Hubo prueba. Hubo sentencia. No hay persecución, hay condena.

Quienes creemos en el sistema interamericano como una herramienta legítima de protección debemos decirlo con claridad: los derechos humanos no pueden convertirse en un escudo para evitar la aplicación de la ley. No pueden ser instrumentalizados para proteger al poder frente a la ciudadanía. Defender al sistema no es repetir consignas: es cuidarlo de los que hoy lo invocan como coartada.