El síntoma de un sistema podrido

El domingo pasado, un padre llevó a su hijo al hospital Rubén Caporaletti, de José C. Paz. El nene tenía fiebre y necesitaba atención médica urgente. Mientras esperaban en la guardia, una ráfaga de tiros estalló en la puerta y una bala rozó la cabeza del chico. No fue una pelea de bandas en una esquina oscura: fue dentro de un hospital público, un lugar que debería estar protegido. Esa escena —absurda, aterradora— es apenas un recorte de lo que pasa todos los días en la provincia de Buenos Aires. La violencia, el miedo, la impunidad: todo forma parte del paisaje. Lo que no se ve a simple vista es su causa más profunda.

La inseguridad es el síntoma más visible de un sistema corroído por la corrupción. Durante años, la gobernación provincial liderada por Axel Kicillof fue desmantelando las estructuras de control mientras multiplicaba cargos, cajas y contratos políticos. La Policía quedó desfinanciada, mal entrenada y sin respaldo. Las escuelas se caen a pedazos. Los docentes sobreviven con sueldos miserables. Las drogas circulan libremente porque no hay control ni inteligencia criminal. Y mientras tanto, el Gobernador gasta 83 millones de pesos por día en pauta oficial. Son 2,5 patrulleros que no se compran. Son 916 móviles al año que no patrullan. No es un error: es una elección política.

El deterioro institucional no sólo afecta a la seguridad: socava los valores, destruye la educación y rompe el contrato social más básico. El “síndrome de la ventana rota” grafica de manera certera esta realidad. Este concepto hace referencia a que la existencia constante y naturalizada de violaciones a las leyes crea un ambiente en el que tienden a aparecer delitos cada vez más graves.

No se puede pretender que una sociedad empobrecida por el clientelismo político respete las normas impuestas por los mismos que le impiden el acceso a los servicios más básicos de supervivencia. Es decir, la corrupción sistémica, cuando está profundamente normalizada y viene desde hace muchos años, da lugar al encubrimiento y la desconfianza en las autoridades y, como consecuencia, un incremento de la violencia y la inseguridad.

¿Qué le queda a un chico que no va a la escuela, que no ve a sus padres trabajar, que crece rodeado de violencia? ¿Cómo se sostiene una sociedad donde el mérito no vale nada y el delito es parte del día a día? La corrupción no es una cuestión de moral: es una fábrica de pobreza, resentimiento y crimen.

Mientras el Conurbano vive al límite, atrapado entre el miedo y la parálisis, hay regiones de la provincia que ni siquiera entran en el radar de la gobernación. La Sexta Sección es el ejemplo más claro del abandono. Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, distritos productivos y estratégicos, son postergados sistemáticamente por la administración de Kicillof. Cuando una tormenta letal arrasó Bahía hace unos meses y murieron 13 personas, la respuesta fue tardía, desorganizada y sin recursos. No fue un fenómeno imprevisible: fue otro capítulo del mismo desprecio por los ciudadanos.

Por eso, lo que pasó en José C. Paz no fue un caso aislado. Es el resumen perfecto de una provincia gobernada por el desinterés, el marketing y la lógica del privilegio. En lugar de proteger a un niño dentro de un hospital, la gobernación elige proteger su relato. Pero la realidad ya no entra en el guión. Entra a los tiros.