La crisis judicial que asfixia al seguro y pone en jaque el desarrollo argentino

El mercado asegurador argentino atraviesa una de sus crisis más graves, y no es, como se podría suponer, por la inflación o la presión impositiva, que sin duda también pesan. La mayor amenaza hoy proviene de un frente inesperado pero fundamental: el Poder Judicial.

Aunque algunas jurisdicciones, como Córdoba, muestran un comportamiento excepcional, la regla general es otra: decisiones judiciales erráticas, desconocimiento técnico y fallos que afectan gravemente la estabilidad del sistema de seguros. Esto no sólo compromete a las aseguradoras, sino que impacta de lleno en el desarrollo económico del país. La industria aseguradora es uno de los principales inversores institucionales y fuente de crédito para la economía nacional. Si su solidez se debilita, también lo hace la estructura productiva argentina.

El problema es técnico, pero sus efectos son profundamente concretos. El seguro funciona sobre un sistema cerrado, estrictamente regulado, donde cada cláusula, prima y cobertura es aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Sin embargo, muchos jueces desconocen estas bases técnicas y rechazan cláusulas redactadas por los máximos especialistas, bajo argumentos tan vagos como que “desnaturalizan el contrato”, generando una inseguridad jurídica que desarma toda previsibilidad del sector.

A esto se suma el grave manejo de los ajustes e intereses en las indemnizaciones. Hoy, se observan fallos que aplican ajustes por inflación sobre montos ya actualizados, un error aritmético, jurídico y financiero que dispara las indemnizaciones a cifras imposibles. Ejemplos recientes muestran cómo reclamos que debían resolverse en valores razonables terminan multiplicándose hasta quintuplicarse, distorsionando la lógica del sistema.

Como si todo esto fuera poco, el colmo llega con la facilidad con la que se dictan embargos preventivos contra aseguradoras, incluso antes de que existan sentencias firmes. Este abuso, que desconoce principios ya establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, inmoviliza fondos de trabajo esenciales para cumplir con obligaciones y sostener operaciones.

Paradójicamente, los máximos tribunales ya han sentado doctrina clara sobre estos temas: la Corte Suprema, en fallos como Barrientos, Bufoni y Flores, estableció las diferencias entre deudas de dinero y de valor, y prohibió embargos prematuros contra aseguradoras. No obstante, en muchos tribunales inferiores esas directrices son ignoradas.

Este escenario genera un daño invisible pero profundo. El desconocimiento de la lógica aseguradora, la confusión entre seguros obligatorios y voluntarios, y la errada aplicación de normas de defensa del consumidor a contratos técnicos específicos, son parte de un problema mayor: la falta de capacitación judicial.

La solución no puede ser dispersa. Hace falta una estrategia sistemática: articular la Superintendencia de Seguros con la Corte Suprema y las Cortes Provinciales, para que desde arriba se impartan criterios claros a todos los niveles judiciales. Córdoba es el ejemplo de que es posible. Replicar ese modelo en todo el país no es una opción; es una necesidad urgente.

Porque no se trata solo de defender a la industria aseguradora. Se trata de proteger el tejido económico de la Argentina, de sostener el crédito, la inversión y el desarrollo. La cuestión judicial, tal como está planteada hoy, no solo golpea a las aseguradoras: amenaza el futuro del país.

El autor es presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA)