Un proyecto demagógico e irresponsable

Una vez más, el kirchnerismo fue fiel a su historia y con el cinismo y la demagogia que lo caracteriza avanzó en la Cámara de Diputados de la Nación con un proyecto de Emergencia en Discapacidad que, lejos de beneficiar a las personas con discapacidad, reedita el viejo modelo asistencialista que tanto daño hizo y que ya quedó demostrado que no funciona.

La iniciativa dictaminada por las comisiones de Presupuesto, Salud y Discapacidad ignora por completo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina, y el modelo social que promueve la autonomía, la vida independiente y la eliminación de barreras. Las personas con discapacidad no necesitan caridad estatal ni promesas vacías, algo que fracasó en el país: exigen inclusión efectiva en lo laboral, lo educativo, lo deportivo y lo social.

Esto significa que esta propuesta falla en su espíritu y, como si fuera poco, tiene una absoluta falta de sustento. El proyecto promete aumentar masivamente pensiones y actualizar aranceles, pero no dice ni una palabra sobre cómo se financiarían esos incrementos. ¿De qué sirve declarar una emergencia si no hay un plan ni recursos para resolverla? Lo que hay, en cambio, es irresponsabilidad y oportunismo de los mismos que hicieron que el sistema colapsara los últimos 20 años.

Los cambios que impulsan en el proyecto de Emergencia y nadie explica cómo se pagarían tendría, en el caso de la extensión de la pensión por invalidez laboral, un costo fiscal de 150 millones de dólares mensuales. Mientras que la compensación a prestadores, solamente por el 2024, otros 100 millones de dólares en el caso de los que trabajan con la ANDIS. Estos números demuestran que, sin lugar a duda, hay una intención manifiesta de atentar contra la principal política económica del Gobierno Nacional: el superávit fiscal.

Quienes proponen esto son los mismos que, entre 2003 y 2023, multiplicaron por más de quince el número de pensiones por invalidez, pasando de 80.000 a 1.250.000, la gran mayoría de ellas otorgadas sin cumplir los requisitos médicos ni socioeconómicos y solo dadas de manera discrecional como un instrumento político. Al mismo tiempo, avalaron que los prestadores vieran cómo sus aranceles quedaban pulverizados por la inflación: solo en 2023, el aumento fue del 93%, frente a un 211% de inflación. ¿Dónde estaban entonces los que hoy gritan “emergencia”? ¿Acaso ahora piden más recursos porque en realidad tienen otro tipo de interés?

La actual gestión encontró un sistema quebrado, plagado de irregularidades y con miles de pensiones mal otorgadas. Y, frente a eso, eligió el camino más difícil: poner orden. Auditar, corregir, recuperar recursos genuinos. Porque los recursos están en el sistema, pero se usaron para darle plata a los amigos y hacer política, en detrimento de las personas que sí realmente lo necesitan.

En lo que va de la gestión, la Agencia Nacional de Discapacidad avanzó en medidas concretas: se relanzaron programas como FONADIS para impulsar la inclusión laboral; se ofrecieron capacitaciones en discapacidad en todo el país; se eficientizó el mecanismo de control para terminar con desmanejos en el uso de los recursos; se inició la auditoría a las pensiones por invalidez; se mejoraron los valores prestacionales —con un aumento del 99% en 2024, frente a una inflación del 117%— y se empezó a reconstruir la confianza del sistema.

No es con discursos ni con declaraciones de emergencia como se solucionan los problemas. Mucho menos con los mismos que los causaron y, cuando el sistema colapsaba, no decían nada. La verdadera inclusión no es un eslogan: es una política pública seria, sostenida y planificada. Y eso es lo que este gobierno está construyendo.