La idea clave que sostiene esta tesis es la de la “asimetría”, palabra actualmente en boga: el supuesto peligro que afrentaría la libertad de expresión radicaría en la desproporción de poder entre un periodista y un presidente.
En esta columna quiero responder detenidamente este argumento que, si bien puede resultar intuitivamente atractivo, es conceptualmente falso.
La libertad de expresión existe allí donde la razón y la voluntad del individuo determinan el contenido de su decir, y ninguna coerción externa le impide pronunciarlo. En este sentido, existen dos formas de destruir la libertad de expresión:
a) Prohibiendo al individuo expresar lo que su razón y su voluntad le dictan.
b) Obligando al individuo a expresar aquello que su razón y su voluntad no le dictan.
Prohibir u obligar son actos del poder que implican coerción. Las formas concretas de la coerción resultan innumerables: represión, cárcel, multas, amenazas, amedrentamientos concretos y otras tantas variantes.
Si se quisiera sostener con un mínimo de seriedad que Javier Milei está poniendo en peligro la libertad de expresión, debería demostrarse que ejerce coerción sobre la prensa en el sentido de (a) —impedirle decir lo que piensa— o de (b) —obligarla a decir lo que no piensa—. Pero lo cierto es que no ocurre ni una cosa ni la otra: la prensa, en Argentina, dice lo que quiere, cuando quiere y como quiere.
De hecho, podría incluso decirse que nunca la libertad de expresión estuvo más resguardada que ahora. No solo porque no hay periodistas perseguidos ni medios clausurados, sino porque —al eliminar la pauta oficial— el gobierno ha renunciado por primera vez a condicionar ideológicamente a la prensa mediante dinero estatal.
Más importante todavía: al retirar la pauta oficial a los medios, Milei no solo garantiza la libertad de expresión del periodismo, sino que refuerza la libertad de expresión de todos los ciudadanos.
En efecto, la pauta se financiaba con dinero de los contribuyentes, es decir, con el fruto del trabajo de los ciudadanos tomado coactivamente por el Estado. Cuando ese dinero se usaba para sostener determinadas líneas editoriales, lo que ocurría —indirectamente pero de modo real— era una violación de la libertad de expresión del ciudadano común, obligado a financiar opiniones con las que no tenía por qué coincidir. Dicho de otro modo: obligado a PAGAR por una opinión que no era suya (una manera de violar la libertad en el sentido de (b)).
Como advirtió Robert Nozick en Anarquía, Estado y utopía, usar los recursos de una persona para promover fines que no son los suyos es tratarla como un medio y no como un fin en sí misma. En este caso, es usar al ciudadano como instrumento de propaganda ajena.
Dicho todo esto, entremos de lleno en el argumento de la “asimetría”. Por todas partes se escucha: “Milei es el Presidente, y no puede pelearse con el periodismo debido a la asimetría de poder”. ¿Pero qué hay de cierto en esto?
Definamos, en primer lugar, qué es una “asimetría”. En este contexto, el término refiere a un desbalance de poder: dado el cargo que ocupa, el presidente estaría muy por encima de la prensa, y eso —se dice— debería obligarlo a guardar silencio, del mismo modo en que un grandote debería abstenerse de golpear a un pequeño.
Ahora bien, la asimetría no se mide en abstracto, sino por los medios efectivos de los que cada parte dispone. El poder es asimétrico solo cuando una de las partes puede infligir daño real a la otra sin posibilidad de respuesta equivalente.
Si el Presidente tuviera —y usara— medios coercitivos para silenciar al periodismo, el argumento de la asimetría sería válido. Pero si renuncia expresamente a esos medios, como lo ha hecho al retirar la pauta y abstenerse de perseguir a la prensa por medio del Estado, no hay ejercicio de poder desproporcionado. Y si los medios que usa para responder son iguales (o incluso inferiores) a los que usan sus críticos —sus redes sociales, un programa de streaming, una entrevista—, entonces la “asimetría” invocada se desvanece.
Vuelvo al ejemplo: el grandote solo es asimétrico frente al pequeño si el combate es cuerpo a cuerpo. En esta situación, sus fuerzas son desproporcionadas respecto de su contrincante. Pero si ambos están armados con los mismos instrumentos, el tamaño corporal deja de importar. Así, la asimetría no está en otro lado más que en los medios que efectivamente se usan en el conflicto. Y ocurre que Milei responde con sus redes, en algún streaming o alguna entrevista, mientras enfrente tiene decenas de canales televisivos, estaciones de radio, periódicos, ejércitos de columnistas, editores, presentadores...
La mayor parte de nuestra prensa mantiene la curiosa idea de que su libertad de expresión no es conciliable con la de un presidente que le responde con dureza. Idea descabellada, ciertamente, que hace pie sobre una visión distorsionada de las exigencias de la democracia liberal.
En una democracia liberal, no se censura al presidente: se lo controla, se lo puede criticar, pero no se le puede anular su derecho a responder.
Pueden gustar más o menos sus formas, sus tonos y sus modos. Pero las formas y los modales no hieren derechos, sino ―en el peor de los casos― sensibilidades. Mientras no viole la libertad de expresión (y ya vimos qué significa eso), el presidente tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a contestar las críticas, y muy especialmente cuando estas son infundadas o maliciosas. Pretender lo contrario es transformarlo en una bolsa de boxeo: todos podrían golpear sin límite, operar políticamente sin freno, ante un sujeto amordazado e impedido de defenderse.
Solicitar que el Presidente se calle, no responda o no critique a quienes lo critican, no es una defensa de la libertad de prensa, ni de la democracia liberal. Es una defensa del monopolio discursivo de la prensa, que es algo muy distinto. ¿Y no es esa, acaso, una pretensión verdaderamente asimétrica?
(*) El autor es politólogo y director ejecutivo de la Fundación Faro
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