El riesgo país es un indicador que refleja la confianza de los inversores en la capacidad de un Estado nacional para gestionar sus finanzas y cumplir con sus compromisos contractuales. Las sociedades bien articuladas deberían demostrar prudencia y compromiso para honrar sus obligaciones, logrando condiciones más favorables en el acceso al financiamiento.
Desde esta perspectiva, el índice de riesgo país mide el costo adicional que enfrentan los Estados nacionales respecto al rendimiento que ofrecen los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Un mayor riesgo percibido implica intereses más elevados, que los prestamistas e inversores exigen como compensación por la posibilidad de incumplimiento. Este índice funciona, en esencia, como un termómetro de la confianza inversora.
La firmeza de las políticas implementadas por el gobierno nacional ha contribuido a despejar la incertidumbre. Desde que Javier Milei ganó la elección presidencial el 19 de noviembre de 2023, el índice de riesgo país bajó desde poco más de 2.400 puntos básicos hasta menos de 600 pb. Esta reducción impulsa una notable apreciación de los patrimonios netos individuales, incluida la demanda futura de los trabajos en la Argentina.
No obstante, para que el Gobierno pueda volver a tomar deuda externa y refinanciar sus vencimientos, deberá sostener su política de rigor fiscal y monetario, y lograr que crezca la economía real, para que el indicador tienda a ubicarse por debajo de 400 puntos básicos.
Con un riesgo país más bajo, el costo de emitir nuevos bonos o refinanciar deudas se reduce, lo que incentiva destinar recursos a capitalizar emprendimientos, realizar inversiones en activos atractivos para el crecimiento económico. Esto incluye la posibilidad de atrae inversión extranjera directa (IED).
Según Datosmacro.com, al 14 de enero, países como Suiza, Japón, Suecia, Canadá, Australia y varias naciones de la Unión Europea presentan índices de riesgo sustancialmente inferiores al del Tesoro de Estados Unidos. En contraste, los países de América Latina enfrentan recargos significativos.
Resulta llamativa la falta de una correlación directa entre el índice de riesgo país y el PBI per cápita, como se aprecia en el siguiente gráfico. Intuitivamente, podría esperarse una relación inversa: a mayor riesgo, peor organización social, mayor desorden en las decisiones individuales y menores ingresos personales.
El impacto del índice de riesgo país en las operaciones crediticias ha crecido junto con el desarrollo del comercio exterior, la expansión de las empresas multinacionales y la internacionalización de las operaciones financieras. Los bancos, al financiar clientes en otros países, deben evaluar las condiciones políticas, económicas, sociales y legales del país receptor. Este análisis también incluye factores como el riesgo de transferencia, que se refiere a la capacidad de un país para convertir moneda local en divisas extranjeras, además de otros riesgos, como la posibilidad de expropiaciones o nacionalizaciones.
Las elecciones de medio término son un factor de riesgo en 2025. No obstante, la inflación a la baja y la reactivación económica podrían precipitar un buen resultado para el oficialismo, que ganaría gobernabilidad. En ese sentido, la acumulación de reservas permitirá seguir pagando los vencimientos de deuda.
Cálculo del riesgo país
El Emerging Markets Bonds Index (EMBI), elaborado por J.P. Morgan Chase, es una de las herramientas más utilizadas para medir el riesgo país. Este indicador compara la rentabilidad de los bonos soberanos de mercados emergentes con la de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, expresando la diferencia en puntos básicos (centésimas de punto porcentual). Por ejemplo, si los bonos del Tesoro ofrecen un rendimiento anual del 5,22% y el EMBI de Ecuador es de 1.122 puntos (equivalentes a 11,22%), la tasa mínima que un inversor exigiría para invertir en Ecuador sería del 16,44 por ciento.
Las principales agencias de calificación de riesgo a nivel mundial son Fitch Ratings, Moody’s Investor Service y Standard & Poor’s. Estas instituciones evalúan periódicamente la capacidad de pago de los emisores, proporcionando calificaciones para el corto y largo plazo, además de proyecciones sobre las posibles variaciones futuras en dichas calificaciones.
El autor es director de BG Consulting
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