
En un contexto de crisis ambiental, donde la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido que el 2024 fue el año más caluroso jamás registrado, la gran concentración de personas en zonas urbanas plantea dos grandes desafíos: la necesidad de adaptar las ciudades a los impactos del cambio climático, ya que enfrentan el efecto de isla de calor, y la de abordar el papel de las ciudades como responsables de alrededor del 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Estos desafíos exigen diseñar e implementar políticas de planificación urbana que contemplen la relación entre las ciudades y los ecosistemas naturales. Los espacios urbanos representan un punto clave para frenar y revertir la triple crisis ambiental actual (climática, de biodiversidad y de contaminación), pero se requiere del compromiso y voluntad de los gobiernos.
En nuestro país, el 92% de la población vive en zonas urbanas, un índice que está por encima de la media regional (83%) y global (56%). Este nivel de urbanización nos coloca en una posición de alta vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. Según ONU-Hábitat, las áreas urbanas son especialmente sensibles a fenómenos extremos, como las olas de calor, cuya frecuencia e intensidad están en aumento. Además, enfrentan riesgos asociados a la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores -como es el mosquito-, el deterioro de las zonas costeras debido al aumento del nivel del mar, precipitaciones más intensas que agravan las inundaciones, y períodos de sequía que comprometen tanto la disponibilidad como la calidad del agua potable.
Otra de las problemáticas que enfrentamos en las ciudades es la contaminación del aire. La quema de combustibles fósiles y los incendios —ambos vinculados a los centros urbanos, sus dinámicas y consumos— son las principales causas de este problema. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire provoca siete millones de muertes al año a nivel global, además de múltiples problemas de salud y una creciente pérdida de calidad de vida.
Un ejemplo cercano son los incendios en el Delta del Paraná en 2008 y 2020, tras los cuales se registró un aumento significativo de síntomas oculares y problemas respiratorios en la población de Rosario, según estudios del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Además, los informes científicos detectaron en el aire sustancias con capacidad cancerígena durante esos incendios.
Frente a estas y otras múltiples problemáticas urbanas, se presenta como oportunidad la implementación de medidas locales, con perspectiva territorial, a través de procesos sólidos de participación ciudadana. Pero, para ello es necesario llevar adelante iniciativas para empoderar a los habitantes y fortalecer canales institucionales de participación efectiva, enriqueciendo los sistemas de toma de decisiones y construyendo políticas con legitimidad local.
En la última edición de la revista Pulso Ambiental se visibilizan distintos casos y ejes que sirven para pensar un desarrollo urbano acorde a las urgencias actuales. Un ejemplo claro de una iniciativa ciudadana es el caso de la reserva natural provincial Santa Catalina. Gracias a una campaña comunitaria de cuatro años, la reserva fue declarada área natural protegida en 2011, por medio de la Ley 14.294, preservando su biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda.
Para que las sociedades avancen hacia una adaptación justa es necesario que se produzcan cambios importantes en las políticas públicas. Para alcanzar un futuro sostenible resulta esencial generar ciudades inclusivas, integradas, resilientes, eficientes y bajas en carbono.
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