La presión tributaria sobre el campo argentino

En un contexto en el que el sector agropecuario enfrenta grandes desafíos económicos, un informe reciente de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) revela una alarmante realidad: la presión tributaria en Argentina se ha vuelto insostenible para los productores rurales. Según el Índice FADA, el Estado absorbe el 61,5% de la renta agrícola total generada por los principales cultivos como soja, maíz, trigo y girasol. Este dato implica que, de cada 100 pesos de renta que genera una hectárea, 61,5 van destinados a cubrir distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Entre los gravámenes aplicados por el Estado nacional, se destacan varios impuestos específicos que tienen un impacto profundo en el sector agropecuario. Entre ellos se incluyen:

• Derechos de exportación (Retenciones): Este es uno de los impuestos más onerosos y se aplica directamente sobre el valor de las exportaciones agropecuarias, principalmente de soja, maíz y trigo. Las retenciones no se coparticipan con las provincias, lo que significa que el 100% de lo recaudado queda en manos del gobierno nacional.
• Impuesto a las Ganancias: Aunque es un impuesto compartido, el impacto en el agro se ve acentuado debido a la elevada carga que ya enfrentan los productores. Este tributo, aunque coparticipado, representa una porción considerable del total.
• Impuesto al Valor Agregado (IVA): Si bien es un impuesto coparticipado, los productores suelen enfrentar complicaciones para acceder a los reintegros de IVA en las exportaciones, lo que genera un costo adicional en términos de flujo de caja.
• Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (Impuesto al Cheque): Este impuesto, que aplica sobre los movimientos bancarios de los productores, también es retenido en gran medida por el gobierno nacional y en su mayoría no se coparticipa. Esto genera un efecto cascada, elevando los costos de cada operación financiera que realiza el productor.
• Combustibles: Si bien no son impuestos directos al agro, el aumento en los precios de los combustibles modifica sensiblemente la estructura de costos de los productores y al mismo tiempo provoca el incremento de las tasas municipales que se encuentran atadas al precio del combustible.

Dentro de este esquema, el informe de FADA resalta que un 67% de los impuestos nacionales no se coparticipan con las provincias, lo cual plantea un cuestionamiento profundo sobre el federalismo fiscal. En otras palabras, la gran mayoría de los recursos generados por la producción agrícola en las provincias no vuelve a ellas en forma de inversión o desarrollo, sino que permanece en manos del Estado nacional, limitando la autonomía económica de las regiones productoras.

Esto representa un serio problema para el federalismo, donde el campo, una actividad esencialmente regional, ve limitado su crecimiento por un sistema de retenciones y cargas impositivas desproporcionadas que no regresan a sus áreas de origen. Además, la caída de los precios internacionales y el incremento en los costos de producción han agudizado la situación, al reducir los márgenes de ganancia y, con ello, el impacto de cada impuesto en la rentabilidad del sector.

Como si todo esto fuera poco, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se ha decidido a complicar aún más la situación incrementando el Impuesto Inmobiliario Rural. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) denuncian que la cuarta cuota del impuesto bonaerense ha alcanzado subas de hasta un 100% respecto a la cuota anterior, afectando directamente a las grandes propiedades productivas. Los ruralistas han calificado esta medida como una “quinta cuota encubierta” y un “acto confiscatorio” en plena temporada de siembra.

Por otro lado, hay que destacar el peso del impuesto a los ingresos brutos que deben abonar los contribuyentes bonaerenses, que dependiendo del nivel de ingresos va del 3% al 4.75% del total de sus ingresos, y también el impuesto a los sellos.

Además, el gobierno provincial ha eliminado los descuentos por buen contribuyente y por pago automático, aumentando la carga impositiva total. Estas políticas, que afectan principalmente a las partidas de mayor valuación, están generando un aumento impositivo muy por encima de la inflación, lo que lleva a las entidades rurales a reclamar una revisión urgente de la medida.

Finalmente, se debe hacer referencia a las tasas municipales bonaerenses que, sin brindar la contrapartida correspondiente en la mayoría de los casos, hacen aún más pesada la carga tributaria a los productores:

• Tasa por Servicios Generales Rurales; grava la prestación de servicios municipales en zonas rurales, como mantenimiento de caminos, alumbrado y otros servicios comunitarios;
• Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene: Aplica a actividades comerciales e industriales, incluyendo ciertas actividades agropecuarias, y se calcula generalmente en función de los ingresos brutos declarados;

A estas tasas, debemos sumarles el costo de las guías para trasladar sus productos de un lugar a otro y las tasas adicionales que varios municipios bonaerenses han agregado recientemente a la ya pesada carga fiscal. Un ejemplo de ello es el caso del municipio de Azúl, que creó una tasa equivalente al valor de un litro de gasoil por hectárea.

En ese mismo sentido, esta semana se ha conocido la implementación de una nueva tasa portuaria en el Puerto de Quequén, establecida por el municipio de Necochea. Esta medida impone una carga adicional de hasta $22,500 por cada camión de 30 toneladas que transita por el puerto, generando el rechazo entre las asociaciones rurales, que denuncian su impacto en la competitividad del agroexportador.

En este punto cabe aclarar que este escenario planteado para la producción agropecuaria se repite en la producción de carne vacuna, aunque con algunas particularidades a las que haré referencia en otro artículo especialmente dedicado al tema.

La presión tributaria en Argentina, potenciada por la falta de coparticipación y la implementación de políticas fiscales tanto nacionales como provinciales y municipales, ha alcanzado niveles que limitan la sostenibilidad del sector agropecuario. La situación en la provincia de Buenos Aires y medidas recientes como la implementación de la tasa portuaria en Quequén o la creación de nuevas tasas municipales exponen aún más esta crisis. Se hace necesaria una reforma tributaria urgente que alivie la carga fiscal, redistribuya los recursos de manera equitativa y permita que las economías regionales, fundamentales para el desarrollo del país, puedan sostenerse y crecer.