La defensa de los derechos humanos de las mujeres: una obligación del Estado

La reciente decisión del Gobierno argentino de no suscribir la Declaración sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el marco del G20 ha generado una respuesta de profunda preocupación entre defensores de los derechos humanos. Esta postura no solo ignora el compromiso histórico de Argentina con la igualdad de género, sino que también representa un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres en un contexto internacional que avanza hacia su fortalecimiento.

Es imperioso destacar, asimismo, que Argentina fue el único país del G20 en no sumarse a un documento que busca empoderar a las mujeres y eliminar las desigualdades. Este hecho no es menor: refleja una desconexión alarmante con los principios consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país ha ratificado. La falta de adhesión a esta declaración no solo contradice el artículo 16 de la Constitución, que establece la igualdad ante la ley, sino que también incumple con las obligaciones asumidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de violencia y Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el año 1985 por Ley 23179.

Además, el rechazo a la declaración en un foro tan relevante como el G20, donde se discuten políticas globales, muestra una falta de compromiso con el avance de la justicia social y climática, dos ejes fundamentales en la agenda actual. Las mujeres, como se menciona en la carta, son las más afectadas por la crisis climática y, a su vez, son agentes clave en la lucha por un futuro sostenible.

Es esencial recordar que el respeto y la promoción de los derechos humanos no son solo una obligación moral, sino un mandato legal. La Constitución y los tratados internacionales que protegen a las mujeres deben ser el pilar fundamental de cualquier acción gubernamental. Ignorar estas normativas no solo es un acto de irresponsabilidad política, sino que puede tener consecuencias legales.

Desde el retorno de la democracia, la política exterior en el marco de Naciones Unidas ha sido pionera en Derechos humanos y de derechos de las mujeres, razón por la cual nos preocupa mucho el retroceso que significa esta actitud.

Argentina implemento los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) desde enero del 2016, la convención de Belem do Pará, por ley 24632 en al año 1996, así como se sancionó la ley 26.485 ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en concordancia con los compromisos internacionales asumidos 2009 en consonancia con la agenda internacional de los países democráticos.

Por lo tanto, es imperativo que el Gobierno reevalúe su posición y asuma un compromiso firme para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La historia nos ha enseñado que el progreso en derechos humanos es un camino que requiere esfuerzo continuo y la voluntad de escuchar y actuar en favor de quienes han sido históricamente marginadas. La defensa de estos derechos no puede ser un tema de debate político, sino un principio irrenunciable de nuestra democracia.

Tenemos la plena convicción que, con voluntad política, constancia, coherencia y acciones concretas, sin prejuicios ni relatos negadores de las realidades, podremos hacer de la “utopía” de la igualdad, una realidad, con una mirada humana sobre las desigualdades que todavía persisten.