
A propósito de las recientes deliberaciones en el Congreso, sobre todo de las últimas vinculadas con el veto del Presidente a las leyes de financiamiento de universidades y de reforma jubilatoria, se reforzó la necesidad pública de ponerle rostro a las decisiones. En los Poderes Legislativos es frecuente conocer a quienes encabezan las listas o adquieren cierta relevancia en las discusiones, en la medida en que la agenda de los medios de comunicación le abre paso, pero por la composición de las cámaras y los sistemas electorales la mayor parte de sus integrantes son desconocidos por la ciudadanía. Luego, frente a temas sensibles y ajustados en las votaciones, aparecen los nombres de los desapercibidos.
Ahora bien, lo propio sucede con el Poder Judicial, donde si bien pueden adquirir notoriedad un puñado de jueces y juezas, fundamentalmente de ciertas materias y jerarquías, el grueso de la magistratura guarda cierto anonimato, incluso, Ministros y Ministras de Superiores Tribunales o Cortes Supremas de provincias.
En situación diferente, muy diferente, están los Poderes Ejecutivos que reciben la carga de la responsabilidad por la administración y, tangencialmente, otras tantas aunque no les sean competencias directas, precisamente, por una suerte de enlace configurado en el imaginario social entre la institución y los gobernantes. Y, en este sentido, la institución lo comprende todo, todo aquello frente a lo que puede afirmarse una exigencia.
En definitiva, y en cualquier caso, siempre estamos pensando en pocos que toman decisiones por muchos y allí también está el sistema de justicia aunque pretenda saberse caído del cielo y dotado de una asepsia definitiva. La dificultad radica en determinar cómo se resuelve esa relación entre lo que se representa y la institución, entre los muchos y los pocos, entre todo lo que puede caber en una sociedad y lo poco que suele atravesar las paredes institucionales.
En esa tensión se juega una mediación, precisamente, que consiste en definir qué de todo lo que está en lugar entra en otro, pues, desde luego, no hay espacio infinito. No puede haber leyes para todos y en todos los sentidos, no pueden ganar los casos las dos partes o las mil que estén en contienda, los presupuestos no son ilimitados y las políticas no son otra cosa que modos de priorización.
Ante todo, debe decirse que resulta especialmente complejo cifrar ese espacio que se arma entre una cosa y la otra, fundamentalmente porque comprende un tipo de lectura. Los representantes estarían llamados a interpretar la trama de demandas y determinar qué de todo eso merece una respuesta institucional. Desde luego que la mejor representación no es la que vehiculiza sin más, eso es una mera transmisión de voces, sino que, de un modo u otro, siempre hace pasar los discursos de la demanda por la razón de Estado. Razón que es entendida de maneras diversas, por eso algunos prefieren que el Estado razone con los mercados, los capitales internacionales y los organismos de créditos y otros prefieren que lo haga con los grupos sociales relevantes del tiempo que se vive.
Esa mediación es humana y, por tanto, ideológica. Entonces, vale la pena poner el acento sobre los cuerpos que, en última instancia, gestionan con distintos grados de incidencia las posibilidades de conmover esas abstracciones, como las leyes, las sentencias, los actos de la administración. Son cuerpos, son lenguaje.
¿Qué pocos cuerpos deciden el hambre de millones de jubilados? ¿Qué pocos cuerpos deciden la destrucción de la universidad pública? ¿Qué pocos cuerpos deciden que muchos otros sufran en nombre de una razón de Estado? ¿Qué pocos cuerpos deciden cuál es la razón de Estado?
Cuando se elige siempre hay pérdida, incluso cuando se elige un representante, ya que otras miradas quedan ausentes. Lo singular de este tipo de elecciones, y de este tipo de pérdidas, es que –como muchísimas otras, quizás la mayoría- no están precedidas por una deliberación suficiente. Al fin y al cabo termina tratándose de una cuestión epistémica: no se conoce qué es lo que se elige y, en consecuencia, qué es lo que se pierde, cuál es la forma de mediar seleccionada y cuál es la rechazada, cuál es la manera de leer la razón de Estado con la que nos quedamos y cuál es la manera de hacerlo que descartamos.
Esa dificultad epistémica congrega la responsabilidad del elector, desde ya, pero también la opacidad propia del mecanismo. Una opacidad que lo sostiene, que lo soporta y hace que funcione. Por ejemplo, los partidos políticos son impotentes en la garantía de una actitud consistente de todos sus candidatos, las coaliciones contienen tanta diversidad que podrían enquistar votos en sentido diametralmente opuestos, la llamada “democracia de audiencia” –ahora democracia algorítmica- instala y desinstala conclusiones sin premisas, los grupos concentrados de poder económico condicionan sin condiciones y ningún espacio es capaz de huirles, la excesiva profesionalización de la política la ha transformado en pura técnica para ganar elecciones, y un largo etcétera.
Entonces, ¿Cómo vamos a saber cuáles son esos cuerpos que median? ¿Cómo vamos a saber de qué están hechos?
Es imposible conocer, asir, las posiciones de todos sobre todo de antemano, se aspira, de mínima, a discernir los trazos gruesos e intuir cómo esos trazos continuarán marcando lo que todavía no está, lo no previsto. Esa aspiración es cada vez más ilusoria porque es difícil identificar los trazos y el ánimo de quedarse en ellos, aun con la pérdida, a pesar de la pérdida, por la pérdida.
Lo mediado tiene que ver con lo incompleto, lo inconcluso, con ese no saber inevitable. Pero ese agujero, ese espacio, no puede ser el abismo, no puede ser violento en su habilitación, alguna marca le debe dar forma. Y las marcas que impiden que se desborde, que no se desboque, son las que hacen que no nos perdamos. Mejor dicho, las que hacen que nos perdamos sabiendo desde dónde salimos y dónde no tenemos que ir. Marcas que hoy tienden a borrarse, que nos dejan solos y no hay peor manera de estar solos que sin tener adónde ir. Ir a buscarlas o hacerlas de nuevo.
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