La SUBE es un buen medio de pago, que además funciona muy bien.
Es un buen medio de pago porque permite a la gente viajar en diversos medios de transporte utilizando un único mecanismo. Y funciona muy bien porque cumple su función de forma rápida, eficiente y sin mayores complicaciones para quienes lo usan.
Todo el mundo tiene su SUBE y todo el mundo sabe cómo usarla, como cargarla, etc. Para decirlo de otro modo, no presenta problemas de accesibilidad.
Además, la SUBE canaliza los denominados “atributos sociales” con que cuentan algunos sectores, de forma transparente y no discriminatoria ni estigmatizante.
Pero no sólo lo anterior. La SUBE cumple muy bien dos cuestiones fundamentales, aunque poco consideradas: por un lado, la protección de los datos personales de los usuarios y, por otro, el resguardo del dinero que éstos tienen “depositado” en ella. Asimismo, con la SUBE se ha resuelto el problema de la multimodalidad, ya que permite usar diferentes medios de transporte, con reducciones sucesivas de la tarifa.
Finalmente, y justamente por las características apuntadas, la SUBE resulta el vehículo ideal para la canalización de los subsidios a la demanda de transporte.
Ahora bien, por supuesto que el sistema SUBE tiene que ser mejorado. Y, de hecho, puede seguir siendo mejorado, tal como lo ha sido desde su creación. No tiene sentido “romperlo”.
La SUBE debería integrarse directamente con el celular mediante una app, en una especie de SUBE Virtual; y también deberían ampliarse los medios de carga y acreditación del saldo. Además, sería conveniente autorizar la compra de viajes, para poner a los usuarios a salvo de eventuales aumentos tarifarios.
Y obviamente que también debería mejorarse la accesibilidad de las tarjetas físicas, más allá de que puede decirse que - en realidad- su escasez responde más a una cuestión coyuntural y/o de mala gestión, que a una deficiencia intrínseca del sistema.
Mas lo cierto es que ninguna de estas mejoras que cabe esperar del sistema SUBE lo invalidan como tal. En todo caso, imponen su actualización, su mejora.
Sin embargo, lo que nunca debería permitirse es que, en función de un interés estrictamente comercial, el sistema acabe perdiendo sus condiciones de accesibilidad, disponibilidad, eficiencia, etc. y, por ende, perjudicando a los usuarios. Está claro que cualquier innovación que se haga en el sistema debe, al menos, garantizar los atributos mencionados más arriba.
Éste debe seguir siendo de acceso universal y fácil de usar. Debe seguir siendo eficiente, de modo tal que los usuarios no pierdan tiempo, ni para cargar la SUBE, ni para acceder al transporte público, y multimodal, es decir, válido para diversos medios de transporte (tren, subte, colectivo), e interjurisdiccional. Y también debe mantener sus características de seguridad, no sólo en cuanto al dinero de los usuarios, sino también con relación a la información personal que el sistema administra.
No se nos escapa el negocio financiero derivado de la administración de los recursos de un sistema donde un montón de gente deposita, todos los días, un montón de dinero; y tampoco perdemos de vista el valor intrínseco de la base de datos de los usuarios SUBE, que contiene información relativa a su residencia, trabajo, itinerarios y sus horarios, etc.
Pero insistimos: de ninguna manera podría aceptarse que en el altar de la modernidad y/o en el de los negocios privados, se acabe descomponiendo un sistema accesible (que todos conocen), confiable (que funciona bien) y seguro (sin riesgos para los usuarios). No sea cosa que para resolver un problema inexistente, acabemos poniendo en riesgo, no sólo el derecho de la gente a trasladarse libremente en condiciones de rapidez y eficiencia, sino también sus datos personales, su intimidad, e incluso su dinero.
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