Despejando la confusión: la claridad es un derecho

* La autora es Directora de Acceso e Inclusión en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

En medio de la creciente confusión que ha suscitado el Gobierno Nacional respecto al otorgamiento de las pensiones no contributivas, es fundamental proporcionar información precisa y oportuna.

Toda regulación es susceptible de aplicaciones irregulares, de ahí el triste dicho “hecha la ley, hecha la trampa”. Sin embargo, ello no significa que las regulaciones no sean necesarias, mucho menos cuando se trata de salvaguardar derechos. En el caso de las pensiones por discapacidad, por caso, asumir que hay que eliminarlas porque se encontraron irregularidades equivale a una enorme injusticia.

En la Argentina hay, como en todos los países del mundo, una parte de la población con incapacidad laboral, hay personas con discapacidad. Darles la espalda sería algo aberrante.

En nuestro país, existen herramientas para conocer y asistir a estas personas. En primer lugar, contamos con el Certificado Único de Discapacidad (conocido como CUD). Se trata de un documento público que certifica la discapacidad de la persona. Es otorgado por una Junta Evaluadora de Discapacidad conformada por al menos tres profesionales de la salud. En la Provincia de Buenos Aires, contamos con 450 Juntas Evaluadoras de Discapacidad y más de 1.613 profesionales que las integran. Este certificado no sólo es un derecho, sino una herramienta vital para garantizar el acceso a servicios y beneficios esenciales.

Por otro lado, existe el Certificado Médico Oficial (CMO), necesario para iniciar el trámite de la pensión no contributiva en ANSES. Este documento es expedido por los médicos del subsistema público de salud y, es absolutamente gratuito. Tanto el CMO como el CUD cumplen con estándares internacionales, garantizando así su validez y reconocimiento.

Es imperativo que la sociedad entienda que la discapacidad no es un negocio. Tanto el CUD como el CMO son derechos adquiridos que deben ser respetados y protegidos. La desinformación no solo genera incertidumbre, sino que también vulnera a quienes más necesitan de estos documentos para acceder a sus derechos y mejorar su calidad de vida.

Debemos comprender que cada documento tiene su propósito y función específica. El CUD no solo habilita a la persona a acceder a beneficios como transportes gratuitos, asignaciones familiares y exenciones impositivas, sino que también es esencial para la inclusión en programas educativos y laborales. Por su parte, el CMO es un requisito indispensable para aquellas personas que buscan acceder a una pensión no contributiva, un recurso fundamental para muchas familias que dependen de este ingreso para sostenerse.

La Provincia de Buenos Aires ha hecho un esfuerzo significativo para aumentar la cantidad de Juntas Evaluadoras y profesionales dedicados a este proceso, con el objetivo de agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera. Por otro lado, el gobierno de Axel Kicilof ha jerarquizado el Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS), que es el órgano que transversaliza la temática y que está integrado por representantes de todos los organismos ministeriales y por organizaciones no gubernamentales

Este esfuerzo refleja el compromiso del gobierno provincial con la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad.

En tiempos donde la claridad y la transparencia son más necesarias que nunca, es nuestro deber como funcionarios y como sociedad, asegurar que cada individuo tenga acceso a la información correcta y completa. La inclusión comienza con el reconocimiento de derechos y la eliminación de barreras, tanto físicas como informativas.

Ante un tema tan delicado, resulta inaceptable afirmar livianamente que en la Argentina hay muchos o pocos certificados emitidos. El asunto exige un abordaje serio y riguroso. Se trata de personas, con nombre y apellido, con una historia muchas veces dolorosa. No es un ámbito para motosierras ni para acusaciones calumniosas. Es quizás una de las materias que nuestro país debe atender con mayor lucidez y transparencia. Auditar sí, manosear no.

Como sociedad, debemos comprometernos a proteger y defender los derechos de las personas con discapacidad, asegurando que tengan acceso a toda la información y los recursos necesarios para vivir con dignidad y autonomía. La información precisa y accesible es la primera línea de defensa contra la exclusión y la marginalización. Es nuestra responsabilidad garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean siempre una prioridad en la agenda pública.