Fue la noticia destacada del viernes pasado. El Ministerio de Justicia de la Nación en conjunto con el de Seguridad anunciaron que presentarán un proyecto de ley a fin de establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil.
Las estadísticas están a la vista: el delito juvenil aumenta año tras año y las soluciones actuales no parecen estar brindando una adecuada respuesta.
No es la primera vez que desde el Ministerio de Justicia (independientemente del partido político que gobierne) se impulsa esta reforma, siempre tan discutida. Al menos ahora se tendrá que debatir.
Las opiniones son diversas, eso lo sabemos, en lo que todo profesional coincide es que modificar el régimen actual reviste urgencia.
No nos pondremos a enunciar la catarata de casos en los cuales la sociedad quedó completamente impactada al saber que los autores de atroces crímenes, eran inimputables. De esta manera se consagra como regla general la impunidad, sin recaer sobre los responsables ningún tipo de sanción.
Mediante las modificaciones propuestas no se busca encarcelar, el objetivo es sancionar los delitos menores, logrando de esa manera encontrar soluciones alternativas.
Queda claro que nos encontramos ante un debate que requiere muchísimo trabajo interdisciplinario, como así también, que al menos esta vez, la sociedad demuestra que quiere cambios, que las cosas, así como están, no brindan respuestas acordes.
Sería de esperar que los legisladores escuchen a los operadores del sistema jurídico y soliciten informes a las Instituciones que se encargan actualmente de los menores en riesgo.
Desde el Gobierno sostuvieron que “vienen a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad”. Compartimos sus palabras debido a que, quedó claro en las urnas que el pueblo espera cambios.
Nadie está hablando de “mezclar”: acá queremos ser muy claros, los menores de edad que se encuentren en conflicto con la ley deben ser alojados en establecimientos especiales, con un acompañamiento permanente, con la posibilidad de verdaderamente reinsertarse en la sociedad que dañaron, sociedad que se cansó de la impunidad.
Hagamos un breve repaso de actualidad: en la región somos el único país, junto a Cuba, que mantienen en los 16 años la edad mínima de responsabilidad penal.
No es menor destacar que todos los Estados vecinos dieron lugar a este debate, introduciendo reformas que se adaptaron a la realidad. No podemos seguir desoyendo a la sociedad, no podemos seguir “jugando” con un régimen que se sancionó en la década del 80 para nunca más ser discutido.
Nos encantaría decir que este sistema establecido en 1980 funciona correctamente, que no es completamente vetusto tal como demuestran las estadísticas. Está demostrado que el desarrollo psicoemocional de los adolescentes no es el mismo que hace más de 40 años.
Nunca tuvimos una reforma judicial y legislativa a nivel penal tan importante como la encarada por el ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona. Por solo mencionar: la reforma del Código Penal y la implementación del Código Procesal Penal Federal en todo el país.
Hoy en día nos resulta moneda corriente oír sobre bandas criminales que reclutan a adolescentes a fin de garantizar impunidad, los lamentablemente famosos “soldaditos”.
La primera reacción de la sociedad en masa es, dirigir sus ataques al Poder Judicial. Ahora bien ¿qué alternativa tienen los jueces?, ellos únicamente pueden encuadrar sus decisiones en lo que dice la ley, en la normativa actual.
Es decir, es el Congreso el que tiene que decidir las herramientas con las que trabajará la Justicia.
Lo vengo sosteniendo hace 7 años, tanto la sociedad como los propios jueces están pidiendo agilidad, necesitan herramientas. Los jueces están atados de manos y no pueden apartarse del marco legal.
Yendo al caso concreto, ¿de qué se trata este Proyecto? La reforma se asienta en los siguientes pilares:
- Modernización y adecuación de la legislación a la realidad.
- El desfasaje normativo con respecto a otros países de la región.
- La protección de los niños y jóvenes, amparados en la “Convención de los Derechos del Niño”, con jerarquía constitucional en nuestro país: los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal.
Por ello es que tiene que tratarse de una reforma que esté en consonancia con estos principios, ofreciendo medidas diferenciadas para cada caso concreto, establecer propuestas alternativas a la sanción en sí.
Ahora todo queda en manos del Congreso, de los representantes del pueblo.
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