Que la reducción del gasto no sea a costa de los jubilados

El martes pasado, la Cámara de Diputados por una mayoría abrumadora decidió darle media sanción a un nuevo esquema de movilidad jubilatoria. No fue algo intempestivo, irresponsable y, menos aún, demagógico como algunos quieren instalar. Por el contrario, se discutió por semanas en las comisiones, acudieron 40 especialistas a plantear sus posiciones y 16 proyectos de todos los bloques se pusieron en consideración. Todos coincidieron, excepto desde el partido del gobierno y sus aliados, en que la escalada inflacionaria de los primeros tres meses del año había deteriorado abruptamente la capacidad adquisitiva de los haberes jubilatorios: una pérdida del 47% de poder adquisitivo.

También todos coincidieron en que la fórmula aprobada durante el 2020, por iniciativa del entonces Presidente Alberto Fernández y su partido, había sido la principal causal de deterioro de los ingresos de los jubilados. En 2023 hubo un 211% de inflación y la movilidad fue de 110%. Por eso trataron de paliar los errores con bonos, cuyo pago fue excepcional en un principio, después se convirtió en regla pero nunca pudieron revertir la situación.

Se esperaba que en la Ley Bases (a principio de año) el Presidente enviara un nuevo esquema que asegure el derecho a la movilidad jubilatoria debido al cambio de gobierno y de las perspectivas económicas. Lamentablemente la propuesta fue todo lo contrario a lo esperado, propuso eliminar la garantía de la movilidad, dejando librado al Presidente la decisión de cuándo y cómo aumentarle a los jubilados. Algo inadmisible con lo previsto por la Constitución Nacional y tratados de derechos humanos con la misma jerarquía.

Desde la Comisión de Presupuesto y Previsión Social, decidimos dar el puntapié e iniciar el tratamiento de una nueva ley de movilidad. Fue entonces cuando el Gobierno publicó el Decreto 274, en donde incorporaba la inflación como variable de aumento para los jubilados (en lo que coincidimos) y otorgando un aporte extraordinario del 12,5% para enero cuando la inflación había sido de un 20,6%. Dicho decreto no contempló la variable salarial en la fórmula, ni tampoco propuso una solución al problema de los bonos; situaciones que fueron advertidas en numerosas ocasiones.

Todas las propuestas surgidas del debate en Diputados fueron estudiadas por el organismo técnico presupuestario del Congreso (OPC), de donde surgió que la propuesta que logró el apoyo mayoritario, implicaba una mejora racional en los haberes con un aumento del gasto de tan solo un 0,4% del PBI. ¿De dónde propusimos que salieran esos recursos? Del mismo lugar de donde se sacaron. El Gobierno anunció hace un tiempo que el ahorro mediante la licuación de los haberes jubilatorios fue del 0,4% (muchos analistas manifiestan que el impacto fue de 1% a 1,5% del PBI).

Con un planteo sensato, también se generaron una serie de propuestas para cubrir ese gasto, como por ejemplo, rever el Régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego (un 0,35% del PBI que encarece el acceso a productos tecnológicos sin generar valor agregado nacional), la exención del IVA a honorarios de directorios de empresas u otro tipo de exenciones tributarias injustas.

Es por estas razones que todos los bloques opositores (excepto la izquierda) decidieron acompañarla, porque justamente era una propuesta responsable desde lo técnico y lo económico. A pesar de la información precisa y de los criterios de eficiencia del gasto que le aportamos en la discusión, el Presidente manifestó la idea de vetar la ley, en caso de que sea aprobada por el Senado. Manifiesta que devolverle el 0,4% del PBI a los jubilados va a hacer quebrar el Estado, circunstancia que de ser cierta implicaría una enorme debilidad de su plan económico. Sin embargo, no propone recortar gastos y exenciones tributarias innecesarias que son beneficios y privilegios, que él tanto pregona que quiere eliminar.

Lograr el objetivo de déficit cero, el cual compartimos, no puede ser a costa de la pérdida de calidad de vida de los jubilados argentinos. Luego de haber abordado esta urgencia, el próximo paso que vamos a abordar en materia previsional, será el de revisar uno por uno todos los regímenes de jubilaciones de privilegio y sistemas especiales que existen, ya que no queremos relatos sino hechos que respalden el mandato constitucional de ser todos iguales ante la ley.