El aborto en Argentina

“El aborto es un asesinato agravado por el vínculo”, “agenda sangrienta”, “los asesinos de los pañuelos verdes”. Fiel a su estilo, así suele referirse el presidente Javier Milei a la interrupción del embarazo, un derecho reconocido por una ley nacional desde el 2020. Todas estas frases y actitudes provocadoras no son solo dialéctica, sino que también tienen su correlato material en pos de evitar que miles de mujeres puedan acceder a su derecho al aborto legal.

El mandatario no es el único que se ha expresado en este sentido. Parte de su círculo también lo ha hecho. El escritor Agustín Laje sostiene que el aborto “es un asesinato” y que “no desviola a una mujer”. El biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, habla de “filicidio”. El diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch dijo que derogaría la legislación porque “es una salvajada”. Rodolfo Barra, ya como procurador del Tesoro y sin que la ética de la función pública lo inhibiera, publicó una nota solicitando su derogación luego de que se declare 2024 como “el Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad”. Justamente, hace unos meses y tras esa publicación, una legisladora del oficialismo envió un proyecto para revocar la ley. Pero allí no se cierra el círculo: la batalla cultural y material está en plena vigencia.

Los intentos de embestir a una norma se chocaron de frente con las instituciones de nuestra democracia. Desde la sanción de la ley 27.610, hubo 37 acciones que buscaron que la justicia declarara la inconstitucionalidad de esta legislación cuyo debate ha sido uno de los más plurales y robustos de los últimos años. La mayoría de esas acciones fueron rechazadas. Actualmente sólo quedan dos abiertas y ambas están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Hasta hace poco tiempo el Máximo Tribunal tenía una tercera causa por el mismo tema, caratulada “Kulancynsky”, pero también la rechazó.

Por otro lado, mientras el Gobierno eliminó el salón de las mujeres de la Casa Rosada, el Máximo Tribunal decidió homenajear a Carmen Argibay, una de las 3 juezas que tuvo la CSJN en toda su historia, con una sala en el Palacio de Justicia a su nombre. En la acordada se refiere a ella como una garante de “profundas e inclaudicables convicciones democráticas que honró a la magistratura argentina”.

El homenaje debe leerse e interpretarse en el plano de lo simbólico. En el plano judicial, con el fallo “Kulancynsky”, la Corte dejó firme una decisión que impide que cualquier ciudadano pueda ir en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Este mensaje bien podría considerarse una aplicación de lo que el Máximo Tribunal ya tiene dicho en el paradigmático precedente “FAL” que precisó el alcance del aborto no punible y dejó en claro que estos casos no deben ser judicializados.

Estas decisiones judiciales son una victoria para quienes defendemos el derecho al aborto legal, pero la batalla por los cuerpos se sigue dando en los territorios y en los intersticios del sistema sanitario a la hora de realizar la práctica.

Los discursos de odio y la desinformación que promueven las autoridades nacionales generan confusión e incertidumbre. Este clima de época es aprovechado por obstructores que quieren entorpecer el acceso la práctica y que apelan a los argumentos del oficialismo para persuadir a otros colegas y generar un estigma sobre el aborto. Hemos recibido denuncias en Amnistía Internacional de personas a las que les han dicho que “con este gobierno no se puede abortar” o información sobre médicos que buscan evadir su deber.

A ello se suma que la sostenibilidad de la Educación Sexual Integral (ESI) se encuentra amenazada bajo la actual gestión de gobierno. Se promueven narrativas que descalifican la ESI como una forma de “adoctrinamiento” en una supuesta “ideología de género”. Esto se ve agravado ante la suspensión de la capacitación docente a nivel federal, pese a que 7 de cada 10 docentes sostienen que necesitan más formación en temas como violencia de género y abuso sexual infantil. Esto da cuenta de un enorme retroceso que afecta directamente el derecho de niñas, adolescentes y mujeres a tomar decisiones informadas y profundiza las desigualdades en nuestro país.

La desinformación y los discursos de odio podrán seguir, pero por suerte las instituciones en Argentina funcionan. Con decisiones como Kulancysnky, o los 37 rechazos a pedidos de inconstitucionalidad de la legislación sobre aborto, la Justicia está diciendo que el camino no es este para derogar la ley. Está claro que la CSJN no será responsable de la vuelta al pasado que propone el gobierno: un pasado que ya superamos como sociedad, cuando se judicializaban abortos de niñas de 11 años víctimas de violación, o se exponía a las mujeres a atravesar procesos judiciales para poder abortar, a costa de poner en riesgo su salud y su vida.