La institucionalidad ambiental que nos propone el gobierno de Milei

No creo que sea determinante que, para que una política tenga relevancia real dentro de un gobierno, sea necesario contar con un ministerio. El ejemplo del anterior gobierno demuestra muy bien lo contrario: ministerios nominales no agregan valor alguno. Lo que sí parece poco adecuado es la ubicación del área de ambiente dentro del Ministerio del Interior y su asociación a temas como deporte y turismo. Esto es contrario a la tendencia internacional de ubicar a ambiente junto a las áreas de economía, energía o producción, o directamente por encima de estas. En este sentido, el organigrama propuesto por el presidente Milei nace fuera de época.

Desde el mismo momento en que lo ambiental devino en “desarrollo sostenible” existe el reconocimiento que ya no es concebible una economía que no integre la dimensión ambiental, que no internalice los límites planetarios y la capacidad de carga de los ecosistemas. Lo ambiental hace mucho tiempo dejó de ser un apéndice o un anexo a las políticas de desarrollo. Al menos, así está reconocido por la inmensa mayoría de los gobiernos, aunque con resultados muy dispares, pero eso es otra cosa.

Recientemente, el Stockholm Resilience Centre nos mostró que, de los nueve límites planetarios identificados, seis ya se encuentran superados. Esto quiere decir que estamos deteriorando irreversiblemente parámetros ambientales globales que afectan de manera directa nuestras condiciones de vida. Es decir, ya no resulta admisible la expansión de áreas de cultivo o urbanas destruyendo bosques o ecosistemas frágiles, no podemos seguir aumentando nuestras descargas químicas a cursos de agua, no es posible continuar emitiendo gases que afectan el equilibrio climático de la atmósfera, ni resulta admisible nuestra afectación de los océanos.

Es imposible hoy concebir al desarrollo de las actividades industriales, agrícolas, energéticas, urbanas y de infraestructura sin considerar sus impactos climáticos y, a su vez, la propia afectación de las mismas por las consecuencias del calentamiento global. Todos esto debe verse reflejado en el modo en que se toman las decisiones y en cómo el país interactúa con el resto de la comunidad internacional, con sus vínculos de cooperación y de intercambios comerciales.

El desafío climático nos exige una política de desarrollo muy ajustada a las contribuciones que debemos realizar en materia de mitigación, así como acciones concertadas a nivel regional e internacional. Todo eso requiere de una planificación y de un mecanismo de concertación que debe ser protagonizado desde el más alto nivel de la política nacional. Esto es particularmente importante para los próximos años, donde la política climática deberá ser muy robusta y sin margen para dilatar las acciones.

Más allá de los conceptos polémicos que miembros del actual gobierno han expresado durante la campaña, la realidad termina por imponerse, y la dimensión ambiental o de la sostenibilidad deberá ser incorporada o se hará presente por sí misma. Más allá de las decisiones que se adopten en materia de estructuración del gabinete nacional, habrá que ver ahora su verdadera funcionalidad y operatividad.