La acción ambiental debe permanecer y fortalecerse

En estos últimos cuatro años en los que tuve a cargo el Ministerio de Ambiente de la Nación, logramos importantes avances que requieren ser continuados y profundizados si se admite que las discusiones del presente reclaman avanzar hacia la sostenibilidad ambiental. Armonizar las demandas económicas y sociales con los criterios ambientales del siglo XXI, es una cuestión impostergable. La crisis ambiental en todo el planeta es un hecho probado que se manifiesta en aspectos como los efectos extremos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y el impacto de la contaminación que no se detiene.

Todo eso exige un abordaje integral que contribuya al tránsito hacia una nueva matriz productiva más sostenible de nuestras economías y modos de consumo. Una transición que a nivel internacional implica aplicar el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, para lo cual nuestro país ha planteado en todos los foros internacionales su carácter de acreedor ambiental y la necesidad de que las naciones desarrolladas cumplan con los compromisos asumidos y financien los planes de transición de los países en desarrollo.

Como síntesis de lo actuado en Argentina durante estos años, fortalecimos el sistema de áreas protegidas —estrategia fundamental para la conservación a largo plazo de la diversidad biológica y cultural que provee bienes y servicios ecosistémicos esenciales— mediante la ampliación del 15 % de la superficie terrestre de Parques Nacionales, lo que se concretó con más de 700.000 nuevas hectáreas incorporadas. Creamos cuatro nuevos parques nacionales (Islote Lobos, Ansenuza, Laguna El Palmar y el Parque Federal Campo San Juan), se ampliaron otros dos (Pre-Delta y Aconquija) y se instauraron dos reservas naturales (Marismas del Tuyú y Cerro Pistarini).

En materia de prevención y combate de incendios forestales, equipamos el Sistema Federal de Manejo del Fuego para poder dar respuesta en todo el país a la mayor recurrencia e intensidad de los focos ígneos potenciados por el cambio climático. Duplicamos la cantidad de brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), triplicando las bases de la brigada, e incorporamos autobombas, logística, maquinaria y otros elementos para acompañar su labor. Además, desarrollamos un sistema de detección temprana de focos ígneos y columnas de humo —denominado Faros de Conservación—, que comenzó en el Delta del Paraná y se expande a otras regiones del país. De esta forma, fortalecimos todo el sistema, equipando a los brigadistas de Parques Nacionales, a las fuerzas de seguridad nacionales y a las brigadas forestales provinciales.

Esas inversiones fueron posibles gracias a la modificación de la Ley 26.815, realizada durante nuestra gestión, que estableció un mecanismo de financiamiento directo para el sector a través del cobro de la alícuota del tres por mil de las pólizas de seguro —excepto ramo vida— para financiar el Fondo Nacional de Manejo del Fuego. Esta decisión política permite garantizar anualmente los montos para el sector y dar previsibilidad.

En cuanto a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU), establecimos esta línea de trabajo y contribuimos con la puesta en marcha de diez centros ambientales en todo el país, cinco de los cuales se encuentran finalizados. La planificación desarrollada también nos permitió consolidar una cartera de proyectos de más centros de este tipo que facilitarán a futuro avanzar en la ejecución de obras. Las inversiones que concretamos aseguraron, asimismo, la adquisición de más de 1.500 máquinas que equiparon a unos 150 municipios del territorio nacional, entre otras acciones en la materia.

Por otro lado, realizamos importantes compromisos de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. La Contribución Nacional Determinada (NDC) presentada por nuestro país en 2021 fue 27,7 % más ambiciosa que la exhibida en 2016. Además, acordamos alcanzar la carbono neutralidad para 2050. También presentamos el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que establece las líneas de acción y las medidas necesarias para alcanzar los objetivos asumidos en materia climática para 2030.

Incrementamos sustancialmente la inversión en el marco de la ley de bosques nativos y sumamos recursos externos, como la donación del Fondo Verde del Clima por 82 millones de dólares, que se obtuvo por el reconocimiento la tarea de nuestro país en la reducción de emisiones derivadas de la deforestación.

Además, continuamos con el trabajo de actualización del Inventario de Glaciares, de los inventarios de humedales con las provincias, de la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina y propiciamos la profundización de las políticas de biodiversidad, ya sea a través de prórroga de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción, como de la sanción de nuevas regulaciones que permitan ampliar los criterios de bienestar animal. También fortalecimos las capacidades de control mediante la creación de nuestra Brigada de Control Ambiental (BCA).

No podemos olvidar la importancia de la sanción de Ley de Educación Ambiental Integral, una demanda pendiente de casi dos décadas, que esperamos genere las bases para aumentar la responsabilidad ambiental en toda la sociedad; así como también la implementación del Acuerdo de Escazú, dedicado a la participación y el acceso a la información pública; y la capacitación en materia ambiental de 60.000 trabajadores y trabajadoras del sector público nacional en el marco de la Ley Yolanda.

No será desfinanciando líneas claves de trabajo como las descriptas como se resolverán los desafíos que nos depara el presente. La respuesta a las problemáticas ambientales requerirá sostener, e incluso aumentar, la inversión y los recursos para dar solución a dificultades que ya están entre nosotros y que impactan en la vida de toda la población, además de condicionar el futuro de las próximas generaciones. Deberá hacerse con más y mejores políticas públicas si se pretende estar a la altura de los retos que se transitan.