La criminalidad en datos: estadísticas oficiales y realidad emergentes

Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática, al servicio del gobierno, la economía y el público con datos sobre la situación económica, demográfica, social y medioambiental. El aspecto criminal es lo relevante para el tratamiento en nuestra columna.

Nuestro país cuenta en materia criminal con dos herramientas centrales, el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y el Sistema Nacional de Estadística sobre ejecución de la pena (SNEEP).

El Sistema Nacional de Información Criminal fue creado en el año 2000. Su objetivo es relevar los hechos delictuosos en todo el territorio de la República Argentina a través de registros administrativos policiales de las 23 Jurisdicciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las cuatro Fuerzas Federales. En la actualidad, el Ministerio de Seguridad de la Nación es quien gestiona el sistema y publica las estadísticas oficiales de la información criminal por año calendario.

El Sistema Nacional de Estadística Sobre Ejecución de la pena, fue creado en el año 2002, en el marco de la Ley 25.266. La finalidad es recopilar absolutamente todos los datos relevantes del universo de personas privadas de la libertad, como consecuencia de una infracción penal.

Hasta el establecimiento del SNEEP, nunca se pudo llevar en nuestro país, un sistema válido de recopilación periódica de datos comparables y homogéneos en todo el territorio nacional, que luego pudieran mensurarse con el correspondiente rigor científico.

Estas recopilaciones en uno y otro sistema (y de un exhaustivo análisis producto del cruce entre ambos), nos posibilitarán determinar la evolución en una serie histórica de un determinado delito, la cantidad de personas encarceladas por la comisión del mismo, además de permitirnos auscultar la situación social en materia criminal. Nos permitirá reflexionar, además, sobre qué nos sucede como sociedad, en términos de la violencia que se percibe como un fenómeno recurrente y creciente, sobre todo en los últimos años.

El conocimiento de los niveles reales de delitos consumados, sus patrones y tendencias, así como las maneras en que éstos afectan a la población es un supuesto básico para el diseño de políticas públicas eficientes destinadas al control y la prevención del delito. Básicamente es un insumo fundamental en la construcción de la seguridad Pública.

Componente penitenciario y tasa de encarcelamiento

Conforme lo indica el último reporte SNEEP correspondiente al año 2022, nuestro país cuenta con una infraestructura penitenciaria integrada por 330 establecimientos carcelarios, en el marco del Sistema Penitenciario Nacional, compuesto por el Servicio Penitenciario Federal y sus homólogos provinciales.

Los servicios más destacados por su extensión y composición cuali cuantitativa son, el Servicio Penitenciario Federal (30 establecimientos carcelarios), el Servicio Penitenciario Bonaerense (65 Unidades) y el resto de los Servicios Provinciales, que suman 235 cárceles en su conjunto.

La cantidad de plazas de alojamiento de personas privadas de la libertad, no equivalen a cupos penitenciarios. Un cupo penitenciario excede la mera medición por metros cuadrados de alojamiento personal, debiendo allí contemplarse la necesidad del lugar para las camas, la educación, el trabajo, la recreación, las instalaciones sanitarias y médicas necesarias.

En términos estrictos de plazas de alojamiento, la totalidad disponible a nivel país en el sistema Penitenciario Nacional es de 88.622 lugares. La cantidad de personas privadas de la libertad y alojadas en las 330 unidades disponibles, al 31 de diciembre del año 2022 ascendía a 105.053 internos. La sobrepoblación carcelaria marcaba un 18.5%.

La tasa de encarcelamiento en nuestro país se establecía en el orden de 227 internos cada 100.000 habitantes. Si a este número de alojados en Unidades Penitenciarias se le sumarán las 12.757 personas privadas de la libertad que a fines de 2022 se encontraban detenidos en dependencias policiales, la tasa ascendería a 255 internos cada 100.000 habitantes. Un significativo numero de ellos son los que aún aguardan ser admitidos por el SPF, en comisarias barriales de la Policía de la Ciudad.

Los números aportados por la estadística, ubican a nuestro país en una tasa de encarcelamiento promedio, sobre todo en la región, lejos de los Estados Unidos de Norte América (531 privados de la libertad cada 100.000 habitantes) y muy lejos de Japón con una tasa de 36 internos cada 100.000 habitantes.

Otros datos relevantes pueden extractarse de los informes como la preeminencia de jóvenes en la población penal a nivel general, que el 95% de los alojados son de nacionalidad argentina, el 96% son varones, el 54% resulta ser menor de 35 años de edad, y un dato revelador en cuanto al déficit en términos de acceso a la educación formal de vastos sectores sociales, lo marca el dato que, el 61% de los internos solo posee instrucción primaria completa o incompleta, al momento de su ingreso a un establecimiento Penitenciario.

Las personas privadas de la libertad, condenadas a partir del año 2016, superan por primera vez a los procesados. De ahí en más la serie marca una tendencia de mayoría para las personas condenadas.

Criminalidad y cárcel

Los principales delitos por los que las personas se encuentran privadas de la libertad, arrojan datos que, en contexto, sorprenden. La sorpresa va de la mano de “fenómenos delictivos” que, a pesar de la gravedad que representan, no han tenido la conveniente interpretación, análisis y mucho menos, la gestión adecuada por parte de las autoridades, al menos de las áreas de seguridad Nacional y Provincial.

Así tenemos que los delitos de robo y sus tentativas abruman con un total de 36.351 casos, los homicidios dolosos marcan 14.859 menciones y que el delito por infracción a la Ley de drogas registra 14.205 menciones.

Esta última modalidad delictiva, en el ámbito carcelario, experimento un marcado incremento entre los años 2016 y 2019, cuando llego a ocupar el segundo lugar entre las figuras delictivas con más menciones.

Este delito, desde el año 2008 a 2022 prácticamente se triplicó, pasando de 5408 internos en el año 2008 a 14.205 internos en el 2022, experimentando picos de mayor intensidad en los años 2018 con 15.216 internos y 2019 con 16.664 privados de la libertad.

Estas cifras se reducen ostensiblemente en el año 2020, registrando un total de 13.715 internos alojados. La serie histórica coincide con el periodo de “libertades” otorgadas en contexto de pandemia, pero resulta cuanto menos curioso, que, en el año 2021, este número disminuye aún más tocando un piso de 13.194 internos. Un análisis exhaustivo de las libertades otorgadas en esos años, disiparía las sospechas que pesan sobre lo actuado en esa época.

Resultaría interesante, poder establecer cuántas, de las personas privadas de la libertad por homicidios dolosos, han cometido este delito en el marco de un problema derivado del narcotráfico. Las series históricas solo reflejan datos, pero de manera aislada. Un análisis integral arrojaría resultados que posibilitarían determinar que, en muchos casos, estos delitos se han dado como un epifenómeno derivado de la actividad del crimen organizado.

A pesar de lo expuesto en cuanto al avance sostenido del delito por infracción a la ley de drogas y los homicidios dolosos, el dato que detonó los registros y al menos, a quien efectúa esta crónica, llamó poderosamente la atención es que la mayor cantidad de encarcelados después de los internos alojados por robo y sus tentativas son aquellas personas detenidas por delitos contra la integridad sexual. El censo carcelario 2022 registro un total de 18.936 menciones a delitos de violación o abuso sexual con acceso carnal.

Lo grave del hallazgo es que este fenómeno no es meramente estacional o producto del último censo carcelario.

Las series históricas dan cuenta que la tipología criminal relacionada a estos delitos aberrantes, ha venido creciendo sostenida y silenciosamente, oculta detrás de delitos de gran impacto mediático o trascendencia pública como los homicidios dolosos en la modalidad sicariato o los grandes despliegues del crimen organizado en todas sus variantes.

Desde el año 2017 en que se registraron 9781 internos o menciones a internos agresores sexuales, el número de casos no ha hecho más que incrementarse, pasando en 2018 a 11.412 casos, en 2019 a 13.868, en 2020 a 14371, en 2021 a 17546, llegando a cerrar 2022 con 18.936 menciones o casos. Solo en el último año, se registraron 1490 nuevos internos en esta modalidad delictiva.

En base a lo expuesto, podemos concluir que el Sistema Nacional de Estadística sobre ejecución de la pena, si bien no es la perfección, es lo más aproximado a la realidad que en materia criminal el estado ofrece. El análisis de esta información, muchas veces es sesgado, parcial y en ocasiones alejado de la realidad.

Sin embargo, la evidencia de los datos cuali cuantitativos nos permite inferir ciertas cuestiones vinculadas a la realidad criminal, que de otra manera no sería posible siquiera ensayar.

La comprobación estadística de la proyección delictiva, medida en línea de tiempo, permite observar cómo un estado que se dice presente, al menos en este campo, ha experimentado una grave falencia operativa que, de manera transversal, iguala en ineficacia a todas las gestiones políticas con responsabilidad en la gobernanza de la seguridad pública.

Un correcto análisis de los datos registrados en estas bases, integrados con información disponible de cada caso, permitiría la elaboración de escenarios futuros probables en el ámbito criminal, con potencialidad de desempeño positivo en materia de prevención del delito y la lucha contra actividades de estructuras complejas del crimen organizado, del narcotráfico y de delitos aberrantes como la agresión sexual en todas sus variantes.

Corregir estas falencias, será una de los compromisos a los que la nueva gestión política, deberá prestar especial atención.