El peligro de llevarse por delante a las instituciones

La principal característica de los Estados de Derecho, es que las autoridades deben ajustar su conducta a los parámetros previstos en una Ley Fundamental o Constitución, así como también a los previstos en el resto del ordenamiento jurídico que ellas mismas crean para ordenar la convivencia social y el funcionamiento de las instituciones.

A la luz de lo expuesto, lo último que es dable esperar de los gobernantes, es que dicten normas o realicen actos contrarios a la Constitución Nacional y al ordenamiento jurídico en general.

Sin embargo, en el día de hoy, el Senado de la Nación pretende ir al choque de la Ley Suprema y del Derecho, al intentar, por un lado, dar un acuerdo de continuidad en el cargo a una jueza, como Ana María Figueroa, que ha cesado en su función; y por el otro, a dejar sancionada una ley de nacionalización de una universidad provincial, vulnerando claramente su autonomía.

Con respecto a la jueza Figueroa, exintegrante de la Cámara de Casación Penal, el pasado 9 de agosto cesó automáticamente en su cargo al cumplir setenta y cinco años de edad, tal como lo prevé la Constitución Nacional. El kirchnerismo pretendía extender su designación por cinco años más (lo cual también está autorizado por la ley suprema), pero estaba pendiente el acuerdo del Senado para que ello sea posible. Llegó el día del cumpleaños de la entonces jueza, y el acuerdo del Senado no había llegado. Conclusión: Ana María Figueroa quedó cesante, y así se lo hizo saber la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, ahora, ignorando alevosamente lo dispuesto en la Ley Fundamental, y desobedeciendo a la resolución del Máximo Tribunal, el kirchnerismo pretende otorgarle un acuerdo “post-cargo”, a la entonces jueza, que es a todas luces nulo e inconstitucional.

Por otra parte, el oficialismo también pretende, entre tantas otras iniciativas que el Senado tratará en el día de hoy, sancionar una ley mediante la cual se nacionaliza la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), creada en el año 2009 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

El problema no es la nacionalización en sí misma, sino la intención del oficialismo de desconocer al Rector actualmente en ejercicio del cargo (ingeniero Daniel Galli), quien fuera, en su momento, elegido conforme a los estatutos que la misma Universidad elaboró en el marco de su autonomía, y reelegido por unanimidad en el año 2022.

En efecto, si bien es cierto que cuando el Congreso “crea” una universidad, el Poder Ejecutivo Nacional puede designar a un “rector ordenador” que lleve adelante el proceso de organización interna, en este caso la universidad ya está creada desde hace catorce años, tiene un estatuto y sus autoridades están constituidas.

Por lo tanto, la pretensión de “nacionalizar” a dicha Universidad (aunque el proyecto de ley utilice erróneamente la palabra “crear”), no puede arrasar con una autonomía existente, ni desconocer a sus actuales autoridades, ya que se estaría incurriendo en una inconstitucionalidad por desconocimiento de las particularidades educativas de la provincia de Buenos Aires (violándose así el Art. 75 Inc. 19 de la Constitución Nacional), y en una “ilegalidad manifiesta” con respecto a la vigente Ley de Educación Superior.

Más absurdo y contradictorio luce este intento del oficialismo, cuando se advierte que, en otros casos en los que el Congreso “nacionalizó” universidades provinciales (como por ejemplo a la Universidad de La Rioja, a la de la Patagonia Austral o a la Universidad Pedagógica de Buenos Aires), se respetó la continuidad de las autoridades universitarias preexistentes. Es evidente que este absurdo embate contra la legalidad, habilitaría al actual Rector a presentar una acción de amparo destinada a impedir la revocación de su cargo.

Pero más allá de estos casos puntuales, debe tomarse conciencia de que un Gobierno que se lleva a las instituciones por delante, justificando la utilización de medios inconstitucionales e ilegales para alcanzar sus objetivos políticos, es un gobierno peligroso.

Por suerte la vigencia de la democracia republicana nos proporciona antídotos para este flagelo, brindándonos cada dos años la posibilidad de poner las cosas en su lugar por medio del sufragio. Pues en menos de un mes el pueblo tendrá una nueva oportunidad para utilizar ese antídoto, y cambiar definitivamente este tenebroso rumbo.