El sistema educativo argentino necesita ser reformulado

Una nota publicada en Infobae el pasado 30 de junio señala que, tras la interrupción de las clases presenciales, todas las provincias argentinas empeoraron sus resultados de matemáticas. Las cifras de las pruebas Aprender, difundidas días atrás por el Ministerio de Educación de la Nación, advierten que al concluir la secundaria más del 90% de estudiantes no alcanzó los resultados esperados en esta asignatura en muchos lugares del país.

Sin embargo, si tomamos los datos generales publicados por “Argentinos para la educación” la situación es aún más comprometida: 1 de cada 2 alumnos de tercer grado no entiende lo que lee, sólo 43 de 100 estudiantes llegan a 6to grado a tiempo y con los aprendizajes esperados y tan sólo 16 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma. Los resultados difundidos por las pruebas ERCE, Pisa o Aprender muestran la baja calidad de la educación argentina. Pero, más allá de los diagnósticos que ya conocemos, necesitamos propuestas concretas.

En primer lugar, es imperioso modificar el artículo 97 de la Ley de Educación, que prohíbe la difusión de evaluaciones de las instituciones educativas. Los padres deben conocer el nivel educativo de la institución a la que concurren sus hijos. Además, la publicación de los resultados, lejos de estigmatizar, informa y promueve la competencia, estimulando la elevación en el nivel de contenidos y docentes. Es importante alentar las evaluaciones regulares e independientes de las instituciones e involucrar en el proceso a padres, asociaciones y empresas de auditoría, que controlen el desarrollo de las pruebas y sus resultados.

Por otro lado, es fundamental incrementar la libertad de contenidos y revisar la estructura curricular de los programas educativos. La Academia Nacional de Educación puede en este sentido ofrecer propuestas tanto de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) como también posibles criterios pedagógicos a adoptar por las instituciones como certificación que propicie la elección de los padres.

Asimismo, la educación debe declararse como servicio esencial. Es imprescindible que los sindicatos docentes que han copado el sistema educativo detrás de sus propios intereses dejen de dañar la experiencia educativa, dejando a niños y jóvenes sin oportunidad de un desarrollo que les permita en el futuro acceder al mercado laboral y obtener un empleo de calidad.

En síntesis, el sistema educativo necesita ser reformulado. Una mayor interrelación con el mercado laboral, libertad de contenidos y gestión de los establecimientos, disponibilidad de información oportuna y relevante para que las familias puedan elegir la institución más afín a sus intereses, gestiones basadas en resultados, agilización de trámites e impulso a la educación técnica son algunos de los lineamientos esenciales que debe adoptar la política pública si desea preservar el crecimiento de su capital humano, la mayor riqueza que posee un país.

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