La confianza resulta de la estabilidad en la propiedad

En su “Tratado sobre la naturaleza humana”, 1739-1740, David Hume resumía: asociarse es el complemento natural a las limitaciones humanas. “Coordinando tareas individuales, nuestros poderes aumentan. Especializando oficios, nuestros trabajos se hacen más valiosos. Al tiempo que, socorriéndonos mutuamente, quedamos menos expuestos a los accidentes e infortunios”. Por otro lado, debemos aceptar que “el goce de aquellas propiedades adquiridas con nuestras energías y buena fortuna” pueden terminarse por el abuso de poder. Tales inseguridades restan incentivos y hacen menos industriosas a las gentes.

Este razonamiento llevó a Hume a establecer que, de la estabilidad de la propiedad (incluyendo la vida), depende la paz y prosperidad de las sociedades. La seguridad de la posesión es uno de los tres fundamentos de las transacciones -los intercambios personales voluntarios-. Los otros dos son: la transferencia de la propiedad por consentimiento y el cumplimiento de los compromisos.

¿Cómo se traducen estas condiciones en los requisitos de mercados? Los intercambios interpersonales pueden ser más o menos satisfactorios, según superen conflictos a cambio de ventajas compartidas. Consiguiendo la mutualidad de las transacciones, cada parte beneficiándose tanto como sean voluntarias. Donde consentimiento es lo contrario a imposición, confirman las sorpresas impositivas, regulatorias, las crisis financieras y vaivenes económicos.

Efectivamente, las naciones avanzan sancionando leyes, regulaciones y conviniendo acuerdos lo más inclusivos posibles. Por el contrario, en las sociedades rezagadas abundan imposiciones del Estado y de grupos poderosos, torciendo voluntades, deseos.

Tal la razón de los libertarios que despotrican contra quienes imponen reglas altamente resistidas. La pobreza y también la inflación son señales habituales de los países conflictivos, frustrantes de sus pueblos. Las prohibiciones, cepos, restricciones exigidas por los funcionarios son constantes en las sociedades retrasadas en convenir buenamente y, por eso, empobrecidas. Ya se ha expuesto en diversas columnas en Infobae: el recurso productivo universal es el conjunto de las habilidades de contratar, las transacciones voluntarias inclusivas.

En sociedades primitivas prevalece que los bancos centrales y organismos financieros establezcan ventajas para los entes públicos; desconfían de los privados. Las normas suelen favorecer a los servidores públicos y políticos distinguidos.

Los equilibrios monetarios, financieros, comerciales están distorsionados con las anomalías de controles de precios y cantidades, denunció la Asociación de Empresarios Argentinos.

Lo mismo es observable en la administración de la justicia y la transparencia en los actos públicos. Las decisiones gubernamentales están orientadas a privilegiar al Estado y a grupos de empresarios cercanos, como lo demuestra el aumento de los impuestos a la importación de computadoras. Los funcionarios y allegados se enriquecen presta y considerablemente en sociedades sesgadas hacia el retraso, infectadas por la desconfianza hacia los privados independientes, que no controlan. Declaman hacerlo en función de los intereses populares, aunque sean los propios.

Brecha de intereses

En las sociedades pobres protegen los intereses de dirigentes y partidarios con preferencia a la gente común. La diferencia entre la pobreza extrema de Burundi (PBI por habitante de 300 dólares anuales) y la prosperidad de Irlanda (PBI por habitante de 100.000 dólares anuales), es la historia de ausencia de privilegios, confirmando el razonamiento de Hume.

La grieta de la casta refleja el abuso mayor de la población general condenados a afrontar imposiciones para los negocios, jubilaciones, remuneraciones, exorbitantes de los allegados al poder.

¿Es posible dolarizar en la Argentina actual, con reservas de divisas menores a USD 40.000 millones y base monetaria superior a $5 billones? Los economistas estiman que demandaría más de $1.000 por cada dólar entregado, porque las divisas disponibles propias de la entidad son casi la décima parte.

La conversión triplicaría los precios vigentes, licuando los ingresos. Ello imposibilitaría la dolarización, a menos que se implementara una absorción monetaria forzada de los pasivos del BCRA, tipo Plan Bonex, contracciones fiscales marcadas u otras medidas de esterilización de los pesos excedentes.

Francamente, parece una mirada fundamentada pero improbable, pues conllevaría que el control cambiario abarataría los precios y hubiera sido preferible. Tales opiniones soslayan el impacto expansivo de una moneda estable sobre toda la sociedad. Los controles forzados frustran las transacciones libres e incrementan la pobreza.

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